Tribuna

Corrupción. El clavo y el martillo

15.06.2016 | 05:19
Corrupción. El clavo y el martillo

No soy Juana de Arco, y sin embargo mis amistades me miran como si lo fuera cuando les digo que me mantengo como acusación en dos causas que inicié como concejala del Grupo Municipal Socialista, a pesar de que ese partido, por boca de su secretario general y alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha decidido abandonar la acusación y me ha dejado sola. Mientras a mí me parece evidente que debo continuar como ciudadana aquello que me llevó años de trabajo investigar, ya que puedo ayudar a la justicia a aclarar los hechos, otros piensan que el coste personal y económico que esto conlleva debería disuadirme de continuar. Este debate ha motivado la reflexión que usted está leyendo.

En materia de corrupción pública han cambiado algunas cosas. La primera es que la corrupción y el fraude se ven como nuestro segundo problema después del paro, según datos del CIS. Eso no era así en el momento en que ocurrían los hechos que ahora, escandalizados, vamos conociendo. Fruto de esta preocupación ciudadana, el PP -acosado por casos de corrupción- introdujo cambios legislativos en España con la Ley 19/2013 y, a nivel autonómico, con la Ley 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, que es la que se está desarrollando a partir del Pacto del Botánico en el que la lucha contra la corrupción toma impulso.

La corrupción se ha puesto de moda, se estudia, aparece en los medios de comunicación, se escriben libros, se analizan sus causas; surgen nuevas organizaciones de la sociedad civil contra la corrupción en forma de observatorios, asociaciones, plataformas?

¿Estos cambios producidos son suficientes, como algunos afirman, al considerar que la corrupción forma parte del pasado y borrón y cuenta nueva? Estoy convencida que no. Cerraremos la herida en falso si no dejamos claro la propia definición de qué es corrupción, el diagnóstico de las causas, sus consecuencias y el papel que cada uno ha jugado en esta trama.

En primer lugar, debemos tener muy claro de qué hablamos cuando hablamos de corrupción, ya que se juega al despiste según conviene. Debemos luchar contra la corrupción incluyendo todo lo tipificado como delito pero también las tramas y prácticas corruptas que, a día de hoy, no son delictivas pero merecen nuestra indignación y rechazo social.

Tenemos que profundizar en las causas de estos comportamientos que nos repugnan. Entre estas se encuentran nuestro orden social, la partitocracia y la huida del control público.

El orden social que pone por delante los intereses particulares y de grupo primario sobre los intereses generales, vinculado a una mala administración, arbitrariedad, desigualdad e instituciones débiles facilita la corrupción. En España, además, el origen de la corrupción se encuentra también en el modelo de la transición política que, para solucionar la norma de funcionamiento corrupto de la dictadura y con una democracia tan inmadura, vio óptimo dar un gran poder a los partidos políticos frente a otras medidas de democracia más directas. Se creó así una partitocracia que al principio funcionó bien, pero que con el tiempo llevó a confusión entre el poder legislativo, el ejecutivo e incluso el judicial, y se plegó al poder económico. Crearon una clase política profesional jerarquizada, con mucho poder, que utilizaba todos los medios para sobrevivir (incluso la financiación irregular), convencida de su impunidad y pendiente de las puertas giratorias. Esto ha supuesto su propia asfixia y deterioro.

Otra causa, o más bien un instrumento, de la corrupción ha sido sacar la gestión del control público. Para ello se utilizaron las cajas de ahorro (lo que acabó con ellas) y se crearon toda una red de empresas públicas y fundaciones opacas.

Las consecuencias de la corrupción son muchas y estremecedoras: ha generado desigualdad al desviar ingente cantidad de dinero saqueado fuera de la inversión en bienestar; ha generado una administración sobredimensionada y plagada de interinos para debilitar la obligatoria independencia funcionarial; y ha dañado el principio de libre competencia empresarial, por lo que muchos honrados empresarios/as no han logrado mantener sus empresas a flote al no poder competir con ofertas amañadas y expedientes administrativos falseados.

Se ha creado así un capitalismo de amiguetes, seleccionando a las personas y empresas más ineficientes -la CNMC considera que se ha generado un sobrecoste en la contratación pública equivalente al 4,5% del PIB-. Y lo que es muy grave, se ha dañado profundamente el prestigio y buen nombre las Instituciones que piden a los ciudadanos que cumplan con las normas, que sufran recortes en su bienestar y en sus derechos, que soporten pacíficamente la creciente desigualdad. La indignación y la desafección democrática son el resultado.

La corrupción ha campado a sus anchas por este país, con consecuencias demoledoras en nuestra economía, en nuestro comportamiento cívico y en nuestro futuro. Únicamente conocemos una pequeña parte, la que se ha hecho pública tras denuncia e investigación. ¿Qué ha sido de los denunciantes? ¿Qué hicieron los demás?

Tenemos la obligación de revisar el papel que cada uno ha tenido en esta trama. En la gestión pública no es suficiente con que alguien quiera cometer un acto irregular, hacen falta colaboradores por acción u omisión. En todos los expedientes administrativos corruptos han participado funcionarios públicos firmando que los procedimientos eran correctos y con ello nos han robado lo único que nos asegura que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley. Mientras honrados funcionarios eran apartados por negarse a firmar informes irregulares, otros medraban colaborando y muchos miraron hacia otro lado para evitar problemas. Me remito a las palabras de Fernando Urruticoechea, interventor de Orihuela al recoger el Premio Libertad de Expresión 2016, de la Unión de Periodistas Valencianos: «La conclusión evidente es que en los casos de corrupción, en sus respectivos ayuntamientos no tenían a nadie que ejerciera las preceptivas labores de auditoría y control, solo gente que se sometía a los dictados de mandatarios corruptos (?) la consecuencia de cumplir con nuestra función escrupulosamente, al servicio de los intereses generales sometidos al Derecho, sin pensar en el desagrado de los superiores, ni en la inutilidad de lo que se está haciendo, conduce inevitablemente a la marginación, cuando no a la postergación y al castigo».

También tenemos que revisar qué hicieron los partidos que estaban en la oposición con obligación de controlar al que está gobernando, ya que el que no lo hizo contribuyó a la corrupción y no digamos del que colaboró directamente en la trama. Y con este mismo prisma debemos revisar lo que hizo cada una de las instituciones obligadas al control y supervisión.

Existe un conocido dicho japonés: «el clavo que sobresale recibirá el martillazo» que hace referencia al inconformista que será reprimido. Se ha destapado la corrupción por esos clavos que han sobresalido en muchos ámbitos: la justicia, la administración, la política, la vida cívica? pero, por lo que yo conozco, la mayoría de esos clavos han sido machacados y los que hicieron de martillo están cómodamente asentados, atribuyéndose incluso una lucha contra la corrupción que no les corresponde. Es más, cuando pudieron denunciar no lo hicieron, como mínimo miraron hacia otro lado, fueron colaboradores necesarios o se aplicaron con gusto en golpear al clavo que denunciaba.

Los que hicieron de martillo nunca acabarán con la corrupción, la utilizarán de manera demagógica en beneficio personal. La sociedad civil organizada, los pequeños y creíbles clavos golpeados, son los que deben revisar lo que ha ocurrido y liderar esta regeneración.

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