Hecha la ley, hecha la trampa

12.06.2016 | 04:26

Hablaban dos personas, con la puerta del despacho abierta, en una conversación informal, y uno de ellos dijo con relación a la rehabilitación del hotel de Arenales: «Vamos a tapar totalmente el edificio y en época no veraniega demoleremos la estructura por fases dejando parte de la zapata, así nadie podrá decir que no estamos rehabilitando [sic]»; y seguía su argumentación: «Como no cumple el código técnico tendremos que elevar de suelo a forjado las plantas ya que la altura es inferior en las habitaciones y los cuartos de baño, ello conllevará a elevar la altura del edificio».


Esta Asociación de Consumidores se ocupa, como organización, de que se cumpla la ley,  que es la voluntad general y no la voluntad de funcionarios o particulares contra la ley, que es prevaricar. Por lo tanto, se ha preocupado de hacer un seguimiento de esta «hipotética rehabilitación», lo que no ha hecho el Ayuntamiento, la Jefatura de Costas ni el Ministerio. Por suerte en esta diecisieteava parte de la piel de toro nace, cada cierto tiempo, personas con la misma ideología que la del Ilustre Hidalgo don Quijote, obra maestra de don Miguel de Cervantes. ¡A los que llaman Quijotes!


La ley es la ley, y se promulga para cumplirla, y no se debe cumplir aplicándose con argucias o por el famoso método Ollendorf; y algunos, presuntamente, intentan saltársela con la connivencia de las autoridades mirando para otro lado, en este caso con apoyo de técnicos y autoridades políticas. Además, deben de haber sido instruidos por algún maestro ajedrecista («Caballo: dos saltos y se sitúa a izquierda o derecha, según convenga en la partida»). En este caso, el caballo da los siguientes saltos:


¿Cómo conseguimos hacer un parking en la arena de la playa en suelo de dominio público marítimo terrestre donde nunca existió parking alguno?


Pues se presenta un plano que se dibujó por «don Paco» (don Francisco Muñoz Llorens) en el año 1977, para un estudio que don Tomás le encargó para hacer un parking y mejora del comedor. Se presentó como prueba de que allí existió planta de parking de 1.583 m2, y además aportan dictamen pericial, suscrito en febrero de 2015, en el que se concluye la inequívoca existencia de un sótano en tiempo pasado en las inmediaciones de la piscina del hotel, el cual no sería ya directamente inspeccionable al encontrase relleno de arenas y restos de su forjado. Añade el dictamen: «No obstante, diversas calicatas efectuadas acreditarían la existencia de vestigios de dicho sótano concordantes con el plano de 1977 citado, al que se le daría por tanto verosimilitud».


Qué suerte tuvieron las treinta dinastías de faraones desde Narmer, pasando por Amenofis III, Ramsés II, Tutankamon y hasta Cleopatra, es decir, que porque el Ayuntamiento hace unos años volcó unos cuantos camiones de arena para cubrir el vaso de la piscina, sin nada más, esa arena en contacto con la hipotética estructura no ha reservado ni conservado -según su equipo técnico- los restos arqueológicos de más de 1.583 m2 de forjado, muro perimetral, en fin lo que denominamos estructura que hipotéticamente se construyó en el año 1977 y, por arte virtual o birlibirloque, desapareció y sólo quedan vestigios -según el dictamen de parte presentado en la Jefatura de Costas y en el Ayuntamiento- al otro lado del Mare Nostrum, es decir, en Egipto, donde la arena sí que preservó restos durante tres mil años.


Ahora lo comprendemos, en los Arenales del Sol la arena de la playa es degradante, aluminosa, con ácidos fosfóricos, fosfatos, trisódicos, muriático o clorhídrico, por lo que solicitamos de las concejalías de Sanidad y Turismo del Ayuntamiento de Elche y de los organismos competentes que procedan urgentemente al cierre de la playa ya que constituye un riesgo para la salud pública de aquellas personas que la visitan, en la época estival principalmente.


Por lo tanto, estamos ante un «error» en la confección de los dictámenes periciales de parte que han llevado sin querer, por supuesto, a un engaño al director técnico del proyecto, a los técnicos de la Jefatura de Costas y a los del Ayuntamiento.


Invito al mismo tiempo a comprobar en el proyecto las cotas de altura de las plantas y compararlas con lo que queda del edificio y se verá así que lo detallado en el proyecto sí cumple, en parte, con el código técnico de la edificación y, por tanto, es necesario el derribo de la totalidad del edificio, para adaptarlo al susodicho código y poder instalar las instalaciones de los servicios obligatorios en un edificio destinado a hotel. Por ello, hay que elevar la altura y el edificio una vez terminado, se alzará en más de ocho metros a la estructura actual en la parte recayente al paseo marítimo, lo que conlleva a que en primera línea sobre suelo de dominio público marítimo terrestre se levante nuevamente una pantalla o muro con mayor impacto visual de entre 18 y 20 metros.


Si nos centramos en el proyecto, concretamente en la parte recayente a la playa, y sobreponemos el plano al edificio se observa que las cinco plantas (bajo más cuatro) se han convertido, entendemos, en siete plantas y terraza retranqueada. Se les olvidó en el dictamen indicar al perito de parte, que «la erosión del viento, lluvias y la humedad del mar, al estar tan cerca, se degradó tanto que desaparecieron las dos plantas proyectadas y construidas originariamente».


Por lo tanto, incumplen la ley de Costas y su reglamento. En primer lugar, por derribar la estructura por fases y volver alzar una nueva; en segundo lugar, por ampliar la superficie de la «rehabilitación» en 1.583 m2 de obra nueva, añadida al edificio (garaje); y en tercer lugar, por la construcción, al parecer, de dos planta más, según plano de alzada recayente al mar aportado al proyecto básico presentado a la Jefatura de Costas y al Ayuntamiento de Elche. En ello se basaron los técnicos para conceder la licencia de rehabilitación, que supone aumentar la superficie en, aproximadamente, otros 1.000 m2 construidos.


Como observamos que se desconoce en parte los proyectos, invito a pasar una mañana agradable, como hemos hecho nosotros, visitando la Jefatura de Costas para comprobar el proyecto aprobado por los organismos competentes. En el expediente solicitado y encargado por la propia Jefatura de Costas se encuentra un informe emitido por un ingeniero de caminos, canales y puertos. El dictamen termina diciendo que es inviable la rehabilitación del edificio, por no cumplir el código técnico, entre otras limitaciones; y, por tanto, es necesaria, indispensable, forzosa e inevitable la demolición de la totalidad del edificio para su rehabilitación.


Decía el director técnico del proyecto a la periodista de INFORMACIÓN, publicado el 1 de junio de 2016: «En todo momento se ha cumplido la legalidad y que, sea como sea, recurrirán para dar la vuelta a una situación que poco menos que consideraba que no tiene ni pies ni cabeza». Y añadía: «Todo lo que hemos hecho es legal, ajustado a Derecho y cumpliendo la sentencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que nos da la razón, y la concesión por 30 años, prorrogables por otros 30, y siempre ciñéndonos al reglamento de rehabilitación de la Comunidad Valenciana»; y concluía: «Con estas cosas, nos están haciendo mucho daño a nosotros, como técnicos, a los propietarios, y a todo el pueblo de Elche».


Estas respuestas que daba el ingeniero, al estilo del método Ollendorf, tienen otras que se ajustan más a la legalidad: nos equivocamos, no hemos cumplido con la ley, nosotros presentamos ante los Tribunales competentes demanda contra el pueblo español, y conseguimos que nos dieran la razón en parte. Tenemos que hacer examen de conciencia, propósito de la enmienda, y por tanto rectificar y cumplir al milímetro con la licencia concedida.


Respondía en otra rueda de prensa, a preguntas de la periodista de INFORMACIÓN, publicado el 8 de junio de 2016: «Este es un proyecto sin ambigüedades de tipo alguno, pues ya conocemos perfectamente las características de la obra y los procesos constructivos». Y seguía contestando: «Tenemos la sensación de que se ha confundido rehabilitación con demolición y viceversa, porque, además, en este caso, es necesario ir derribando y reconstruyendo por las características del edificio». Continuaba: «Nosotros no podemos hacer más. Esperamos que con eso ya se nos levante la prohibición, y, además, con la misma premura con la que se decretó la paralización de los trabajos, al menos, hasta que aparezca otro francotirador». Finalmente decía: «Se ha ajustado a la legalidad. No hay ningún motivo para que pase lo que ha pasado. La parte de atrás se vino abajo sola, y lo que quedó tuvimos que tirarlo para evitar riesgos para los obreros. Luego, el estado en el que se encuentra el edificio ha hecho que no nos quede más opción que ir derribando, por el mal estado en el que se encuentra el edificio, y porque en casi 40 años ha habido incendios, se han roto las protecciones, y el edificio se ha visto muy afectado por el ambiente marino, además de que hay cosas que no permite la ley. Ante ello, o lo tiramos todo y lo volvemos a construir o vamos tirando determinadas partes y reconstruyéndolas al mismo tiempo».


Acusa a esta Asociación de «francotiradores», concepto que define al militar experto en tareas de camuflaje y tirador de elite que dispara a grandes distancias, desde un lugar oculto. Cuando nosotros lo único que pretendemos es que se cumpla la ley. En cambio, a ustedes les define a la perfección el hecho de ocultar mediante diversas cortinas todo el edificio para que no podamos ver lo que hacen. Si nos acercamos a la obra, sus cinco vigilantes nos prohíben llegar hasta las vallas. Así, cuando termine el despropósito se irán, como el francotirador, sin ser visto.

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