Barra libre

31.05.2016 | 04:12
Barra libre

La seguridad alimentaria y el bienestar animal son temas fundamentales en el que los productores españoles y europeos llevamos trabajando de una forma constante y disciplinada a lo largo de una década. Durante este periodo, podemos afirmar rotundamente que se han conseguido los objetivos. Hay un avance importante en el sentido de evitar riesgos en la salud de la población y los consumidores, en la salud de los agricultores y en el medio ambiente, puesto que se ha conseguido una reducción importante en términos de contaminación ambiental, impacto y deterioro. Valoramos positivamente la entrada en vigor de normativas como el real decreto de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, ya que tienden a buscar un equilibrio y a servir de herramienta para luchar contra las plagas, las enfermedades, las bacterias, los insectos depredadores€ y contribuyen a obtener unos cultivos en condiciones saludables y sostenibles sin necesidad de criminalizar a los productos fitosanitarios. Y en esa línea, en la que vamos a seguir trabajando, quiero reconocer el esfuerzo de todos los productores de Europa por cumplir con normativas como estas que velan por la seguridad alimentaria y ambiental.
Sin embargo, he de decir que a los agricultores se nos queda cara de tontos cuando la Unión Europea permite que alimentos producidos en terceros países que han sido tratados con productos fitosanitarios, los cuales llevan 15 años prohibidos en Europa, entren dentro de nuestras fronteras. Me refiero, por ejemplo, a Marruecos, Egipto€ cuyos productos, entre los que figuran los tomates y cítricos, tienen libre circulación en nuestro continente. Terceros países que utilizan productos fitosanitarios que aquí están prohibidos, los importan y circulan libremente dentro de nuestras fronteras en clara competencia desleal y, además, sin cumplir las exigencias que, en materia de sanidad vegetal, son norma básica en toda la UE. Y con esto quiero denunciar este hecho y referirme a uno de los principios más justos y necesarios en los sistemas económicos de un país o comunidad, el principio de reciprocidad, por el cual pedimos a la UE que nos respete y que se establezcan idénticas exigencias fitosanitarias tanto para los productores de Europa, como para los de terceros países que comercializan dentro de nuestras fronteras. Si esto no ocurre, repito, se está produciendo una competencia desleal gravísima, que hace que nos planteemos si nuestra agricultura es sostenible y si no se está resquebrajando la premisa del esfuerzo y el trabajo que vela por garantizar la seguridad alimentaria. Si no hay reciprocidad todo es una farsa.
Desde ASAJA denunciamos la ausencia o bajos niveles de los controles en puertos de entrada de mercancías de productos con fitosanitarios. Es un tema más serio de lo que parece y ya hemos tenido problemas con esto porque, por culpa de la entrada de productos que no respetan nuestras normativas, han llegado plagas de terceros países como la bacteria «greening», conocida también como «dragón amarillo», que podría amenazar a todas las plantaciones de críticos del país; el picudo, que ha producido un daño irreparable en las plantaciones de palmeras y, recientemente, el «ébola del olivo» que podría atacar a naranjos, limoneros, viña y frutales de hueso, que ya ha supuesto el arranque de millones de olivos en la región italiana de Apulia.
Considero que no se están haciendo bien las cosas. Desde la UE cada vez nos exigen más e incurrimos en más gastos de producción, pero no existe reciprocidad con el resto de países que quieren comercializar en Europa y no cumplen las mismas condiciones. Es necesario invertir presupuesto en llevar a cabo unos controles rigurosos en puerto y la entrada de productos procedentes de países de fuera de la UE debe limitarse.
Por otro lado, tenemos que empezar a actuar ya como una Unión Europea cohesionada y exigir lo que hace Estados Unidos, ateniéndose al principio de preferencia comunitaria, que no es, ni más ni menos, que darle valor al producto y a los productores nacionales. En EE UU disponen de una normativa por la cual, hasta que no venden todos los cítricos de su país, no importan producto extranjero. Somos Europa y eso tiene que verse traducido en una realidad. Si no se cumple tanto el principio de reciprocidad como el de preferencia comunitaria, no podemos firmar el protocolo de Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversiones (TTIP). Y, que conste, que la agricultura mediterránea no teme a este acuerdo, pero han de respetarse estos principios básicos para que tenga éxito.
Las producciones cultivadas en el ámbito de la UE deben tener preferencia comercial sobre las extranjeras, que ahora disfrutan de una barra libre inaceptable. Esto es un pilar básico para funcionar como Estado y como unión y, lamentablemente, no se está haciendo y estamos pagando sueldos millonarios a eurodiputados que no son capaces ni siquiera de conocer la problemática que tenemos. La situación es alarmante en cuanto al peligro de introducción de plagas y, desesperante, para los productores, que ven cómo sus esfuerzos por adaptarse a las normativas y mantener unos niveles óptimos de calidad y control de sus productos no se tienen en cuenta y se les desprecia cuando se deja a terceros países comercializar sin adaptarse a nuestras normativas. A veces, uno llega a pensar en revelarse contra el sistema de la UE porque nos da la impresión de que sólo sirve para ponernos obligaciones y ningún derecho.

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