Visiones

Puertas giratorias, del escaño a la empresa

26.05.2016 | 05:14
Puertas giratorias, del escaño a la empresa

En este artículo tratamos de hacer visible las conexiones entre la política y las grandes corporaciones. Se trata simple y llanamente de que todo el mundo sepa dónde terminan trabajando nuestros políticos una vez que terminan su actividad como tales. En un entorno político de falta de transparencia generalizada en todo cuanto concierne a la vida política, consideramos que es necesaria la implicación de la sociedad civil para llevar luz a todas aquella actividades que van en contra de la verdadera democracia.

En el entorno de corrupción generalizada que soportamos en esta sociedad, con «donaciones» anónimas de millones de euros a partidos políticos provenientes en su mayoría de grupos de presión y grandes corporaciones, a muchos nos inquieta que la acción política pueda estar dirigida más a favorecer a estos «donantes» que a la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Para los que no lo sepan la expresión puerta giratoria designa de forma coloquial el hecho de que un alto cargo público se marche a trabajar a una empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública y produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, en beneficio propio y en perjuicio del interés público. Se conoce como puerta giratoria (del inglés revolving door) al movimiento de altos cargos entre el sector público, el sector privado y viceversa.

En España, la incidencia del fenómeno es considerable. De los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luís Rodríguez Zapatero, tres de cada diez ministros dejan la política al cesar en sus cargos y se embarcan en actividades en la empresa privada, del Consejo de Ministros al consejo de administración, en muchos de los casos en labores de representación y tareas de lobby, aunque también de dirección.

Todo esto sucede a pesar de que en España existe una ley de incompatibilidades vigente: la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Según esta ley, los altos cargos que abandonen su puesto tienen un periodo de dos años en los que existen una serie de limitaciones a la asunción de responsabilidades en empresas privadas, así como la obligación de presentar ante la «oficina de conflicto de intereses» un informe acerca de las actividades a realizar (artículo 7). Además, deben abstenerse de realizar cualquier actividad que guarde relación con las responsabilidades ejercidas en el cargo público anteriormente ejercido.

El término «puerta giratoria» toma un sentido especialmente peyorativo en la medida que se aplica a funcionarios que pasan de una Administración que ejerce el control sobre una industria en particular a una empresa de dicha industria. En determinados países como Francia, Japón y Canadá, esta práctica está sujeta a una férrea regulación o es considerada un delito.

El fenómeno de las puertas giratorias pretende legitimarse por la supuesta redundancia de los beneficios empresariales en el conjunto de la población. En el actual contexto de crisis se sostiene, además, sobre el discurso que defiende la tecnocracia, es decir, el ejercicio del gobierno al modo de una gestión de recursos según criterios supuestamente neutros de eficacia y austeridad. Esto me parece simplemente una falacia.

En mi opinión este fenómeno provoca evidentes conflictos de intereses. Por un lado, se dan situaciones en las que los intereses privados de un alto cargo de la Administración afectan a sus responsabilidades y tareas como parte del cuerpo público. Por otro, se produce la identificación de los intereses públicos con los de las grandes transnacionales, lo que conduce a políticas que favorecen el poder de estas corporaciones.

Por citar un ejemplo: en el Estado español, sendas reuniones mantenidas en 2010 y 2011 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con dirigentes de las grandes multinacionales y la banca –Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola, Repsol, Aguas de Barcelona, Abengoa, Amadeus o Acerinox, entre otras, así como con representantes de la patronal– dieron lugar a la reforma de las pensiones y a la adhesión al Pacto Europeo de Competitividad que, junto a otras medidas, eleva la limitación del déficit público a rango constitucional. Asimismo, empresarios y banqueros de todo el país mantuvieron encuentros con Mariano Rajoy durante su candidatura a la Presidencia del Gobierno para plantearle sus demandas frente a la crisis; demandas como las reformas laboral y fiscal, los recortes del gasto público y la agilización de la internacionalización de las empresas españolas, que después se han convertido en las medidas que está desarrollando el nuevo ejecutivo y que, una vez más, colocan a las transnacionales en una posición privilegiada.

Las puertas giratorias también generan conflictos de intereses cuando un excargo público ejerce su influencia sobre sus antiguos colegas de partido para diseñar políticas que favorezcan a su nuevo cliente o empleador, o utiliza los conocimientos adquiridos en su anterior cargo público en su beneficio. A nivel europeo, existe una potente práctica de lobby sobre la Comisión Europea, ejercida precisamente por excomisarios que actualmente trabajan en grupos de influencia de grandes empresas.

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