Tribuna

La manipulación de la patronal de enseñanza concertada

21.05.2016 | 04:12

Ante la publicación en DOCV de la resolución del arreglo escolar el pasado 6 de mayo, se ha movilizado una parte de la enseñanza concertada recogiendo firmas y promoviendo asambleas y concentraciones de protesta (ya celebradas en Alcoi y en Alacant y anunciada el 22 de mayo en Valencia) en las que hemos visto a los titulares de los centros y a sacerdotes, monjas, docentes, madres, padres, políticas del PP y algún sindicato afín a la patronal.

Ha sido sorprendente lo rápido que se ha organizado todo (la concentración de Alcoi fue incluso antes de la publicación de la resolución) y la virulencia de los lemas empleados: «Por el derecho a elegir», «Por qué no puedo seguir en mi colegio», «Derecho a un futuro digno», etcétera, por una supresión de unidades concertadas, en principio, menor que la de años anteriores.

En efecto, en 2012 se suprimieron en todo el País Valenciano un total de 32 unidades; en 2013, 70; en 2014, 34; en 2015, 43; y ahora, 36.

Hay que saber que en años anteriores no hubo protesta social alguna a pesar de que Conselleria ejecutaba y publicaba estas supresiones sin proceso de alegaciones y en pleno verano como puede leerse en los DOCVs de 12/8/2015, 6/8/2014, 5/8/2013 y 27/7/2012. Tampoco hubo protesta laboral a pesar de que las 179 supresiones de años anteriores afectaron a más de 200 profesores y profesoras, bien por despido o por reducción de jornada.

Alguien podría pensar que las 200 personas afectadas pudieron recolocarse en algunas de las 297 nuevas unidades concertadas (33 este año), pero lo cierto es que no ha sido así salvo en algunos casos de los que en el mismo centro se producía simultáneamente una supresión y un incremento de unidades concertadas. Lo cierto y lamentable es que la mayoría de los 200 despidos no fueron reubicados ni en las nuevas unidades, ni en las vacantes que durante estos años se han ido produciendo por jubilaciones en esos mismos centros y, a fecha de hoy, la mayoría sigue en el paro.

Paralelamente, debemos recordar que en la enseñanza pública se produjo una reducción de 4.815 profesores y profesoras entre 2010 y 2014, y que todos y todas formamos parte de la misma red de centros sostenidos con fondos públicos.

Desde la FE CC OO-PV pensamos que los hechos y los acontecimientos descritos persiguen la confrontación pública/concertada. Es algo que no deseamos y sobre lo que alertamos en todos los espacios de interlocución social y laboral.

Un ejemplo: algunos centros consideran una agresión que no se les concedan dos unidades más, que podrían dar lugar a dos líneas concertadas nuevas, y han pedido la solidaridad de todo el sector? La realidad es que si se atendiera esa exigencia, por ejemplo en la zona 8 de Alacant, en contra de los criterios de ordenación y planificación que competen a la inspección educativa (tanto de centros públicos como de centros concertados), el impacto sería inmediato en todos los centros de alrededor (ocho de ellos también concertados: San José, San José de Carolinas, San Juan de la Cruz, Santísimo Sacramente, Inmaculada del Pla, Sagrados Corazones, Calasancio y Santa Teresa) que en años próximos verían reducidas sus líneas porque, lógicamente, el número de alumnos es el que es.

Desde la FE CC OO-PV opinamos que no se puede defender en bloque la no supresión de unidades concertadas, ni tampoco que se supriman todos los conciertos, como dice algún otro sindicato.

No nos vale, y criticamos por falaz, que el único criterio sea la demanda de las familias, es un criterio que pronto nos llevaría al irrealizable de hacer que unos centros (públicos y concertados) crezcan infinitamente mientras se cierran todos los de su alrededor (públicos y concertados). Y tampoco vale «alegar» persecución religiosa cuando es comprobable el aumento o la reducción a centros religiosos, seglares y a cooperativas con criterios de matrícula idénticos a los que rigen para el arreglo escolar de la red pública.

Por todo ello, la FE CC OO-PV no apoya esta movilización y seguirá dedicando tiempo y esfuerzo a la redacción y defensa de las alegaciones de los centros, a la consecución de la primera Mesa Sindical que ha abordado el tema y a la reversión de supresiones previstas inicialmente, con criterios objetivos, del mismo modo que ya se hace sistemáticamente en la red pública.

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