No se preocupen: no voy a hablar del PP ni de ningún trastorno mental asociado a la política. La intensidad de la crisis económica ya es suficiente como para mantener en alerta a los expertos de salud pública pues de las investigaciones realizadas desde 2000 se desprende que el impacto de la crisis y los recortes efectuados inciden negativamente en las condiciones de vida y el bienestar de la ciudadanía en muchas áreas pero especialmente en las que se refieren a la salud mental.

Todos los países europeos se han visto afectados por la actual situación pero nuestro país es uno donde se dan las peores consecuencias debidas a un especial debilitamiento de la actividad económica asociada a la destrucción de puestos de trabajo, al deterioro de las finanzas públicas, al aumento de la deuda privada y al abandono de políticas sociales en especial las sanitarias. Variables que han contribuido a que España se haya convertido en un más que aceptable banco de pruebas para neoliberales y otras carcomas, Jordi Sevilla y arzobispo de Valencia incluidos.

El desempleo, que en 2006 rondaba el 6% para los hombres y el 11% para las mujeres, alcanza ahora el 21%, habiendo llegado a cotas de hasta el 26%. En 2012, y según Cáritas, había tres millones de personas en situación de pobreza severa. Ese mismo año, los bancos se quedaron con más de 30.000 primeras viviendas por impago de hipotecas. El dato equivalía a una media de 115 desahucios por día hábil. Uno cada 15 minutos, casi cinco veces mayor que la media de la UE-15.

Los años de austeridad, y mirando para Cuenca, ante Merkel, el FMI, el Banco Europeo y ante América no solo han pasado factura a los indicadores de prevalencia de enfermedades crónicas sino que han influido también sobre el número de ingresos hospitalarios por enfermedades mentales. Sobre todo a partir de 2013. Sin embargo, las cifras más sorprendentes se encontraron en el aumento de la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales. Cifras que se han triplicado en los últimos años.

Al mismo tiempo, la utilización de medicamentos antidepresivos en nuestro país, para alegría de esas multinacionales que convierten cualquier problema social en una patada química, también se ha triplicado en los últimos 10 años (la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios destacó que en 2000 el número de dosis de estas sustancias por cada mil habitantes y día consumidas fue de 26,5, y en el año 2013 se registraron 79,5 dosis consumidas).

Este mayor uso en España podría explicarse por la mayor detección diagnóstica por parte de los médicos de Atención Primaria y por la extensión de las indicaciones terapéuticas autorizadas para los nombrados medicamentos Sin embargo, el desempleo constituye el factor de riesgo más importante para dicho aumento. El consumo total durante los citados años supone un incremento del 200%. Hay que destacar, para comparar con años posteriores, que en España el consumo de estas sustancias entre 2000 y 2007 fue similar a la media europea, y que sin embargo investigaciones posteriores a esos años sugieren que las dificultades económicas contribuyen decididamente al deterioro de la salud mental. El estudio IMPACT, realizado con posterioridad, mostró un incremento significativo de los trastornos mentales ya citados. Los estudios realizados entre 2006 y 2010 cuantificaron un riesgo del 3,1% de padecer depresión atribuida al desempleo y de un 11% con respecto a la población general asociada a las dificultades para pagar la hipoteca.

Queda claro, por tanto, que las recesiones económicas ejercen un impacto negativo sobre la salud en general y la mental en concreto por diversos factores relacionados entre sí, entre los que el desempleo constituye el principal factor de riesgo.

Sería erróneo, sin embargo, considerar que la recesión ha afectado a todos por igual. En España siguen siendo los pobres los que más han notado la crisis, la clase obrera, cualificados o sin cualificar, aquellos sin educación universitaria y los que actúan como principales sustentadores del hogar Todos afectados doblemente: económicamente por la pérdida de ingresos y psicosocialmente por la pérdida de estatus y el papel de sustentador principal del hogar.

Nadie tiene una varita mágica y mucho menos los actuales gobernantes pues, aparte de encendidas soflamas, hay que realizar políticas activas para proteger a los sectores más vulnerables desde la perspectiva de la redistribución de la riqueza, la recuperación de la soberanía nacional y la creación de un frente amplio que pueda erradicar las actuales, y mucho me temo, futuras políticas. Plantear este problema social como un mero trastorno individual sería medicalizar, aún más si cabe, a una ciudadanía que espera impaciente y en muchos casos indolente a una solución que cada vez está más lejos.