Tribuna

La educación española y el pacto (im)posible

19.05.2016 | 03:53
La educación española y el pacto (im)posible

De nuevo en puertas de otras elecciones generales y, para variar, el pacto inteligente que precisa la educación española parece vislumbrarse tan lejos como inaplazable. Una circunstancia que viene a evidenciar el estruendoso fracaso de nuestra sociedad civil –incluidos todos los sectores sociales vinculados a los diversos procesos educativos– y, por supuesto, de toda nuestra clase política. Después de todo, si hemos estado a punto de asistir a un problema político-constitucional sin precedentes –un más que hipotético rechazo múltiple a la aceptación de la investidura después de las elecciones del pasado 20 de diciembre–, ¿qué más da no querer hacer todo lo necesario para poner fin a ese permanente encono en materia de educación que viene alimentando el irresponsable penelopismo educativo que ha presidido los últimos casi 40 años de educación en España?

Vengo sosteniendo que la educación es un bien público que nos concierne a todos, que nuestro futuro depende en buena medida de su calidad y que, precisamente por eso, no puede administrarse desde planteamientos políticos e ideológicos particulares (fuere cual fuere su coyuntural respaldo electoral), sino que debe ser la sociedad en su conjunto, en su multiplicidad de tendencias ideológicas y culturales, quien debe ocuparse de él, evitando su modelación cíclica en función de los vaivenes electorales. No en vano, el profesor Gabilondo lleva tiempo invitándonos a «pensar en generaciones, y no en elecciones», cuando hablemos de nuestro sistema de educación y formación.

Sin embargo, desde la Ley General de Educación (LGE, 1970), vigente cuando la aprobación de la Constitución de 1978, hemos conocido un frenesí legislativo tan estúpido como irresponsable: Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE, 1980), Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE, 1985), Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEGCE, 1995), Ley Orgánica de las Cualificaciones y Formación Profesional (LOCFP, 2002), Ley Orgánica de Calidad de la Educación, (LOCE, 2002), Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), Ley Complementaria de la Ley de Economía Sostenible (modifica la LOCFP y la LOE, 2011) y Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013).

Una orgía legislativa en materia de educación que, inevitablemente ha venido acompañada de ciertas actuaciones que han acabado alimentado, más si cabe, el encono en esta trascendental materia. Cuando en el año 2004, después de las elecciones generales de marzo, se dicta un Real Decreto difiriendo la implantación de la LOCE al curso 2006-7, se sentaron las bases para que, por primera vez, se incluyera expresamente en el articulado de la propia LOMCE, una regulación detallada del calendario de implantación de la misma; circunstancia ésta que nos ha situado en un escenario preocupante tanto para el presente como para el futuro: dado que la paralización de la LOMCE solo es posible mediante la promulgación de una nueva ley orgánica (algo que precisa de la constitución de un nuevo gobierno y una mayoría absoluta en Las Cortes que la apruebe), solo cabe la desobediencia pacífica a la misma, con esa curiosa objeción de diversas comunidades autónomas a ciertas medidas, verbigracia, las pruebas finales de 6º de Primaria del presente curso.

¿Es ese el camino para que la sociedad española no pierda el tren de esa sociedad del aprendizaje, a la que se vienen refiriendo insistentemente los profesores J. Stiglitz y J. A. Marina, entre otros?

Afortunadamente, vamos conociendo iniciativas de la sociedad civil demandando con insistencia un pacto de Estado para la Educación. Recientemente hemos sabido de la declaración del Instituto de España –integrado por las 9 Reales Academias Españolas– exigiendo «un pacto inaplazable y urgente, ante la volatilidad de la legislación en materia educativa en estos casi 40 años de democracia». «Llevamos casi medio siglo de reformas educativas, tanto en los niveles de Primaria y Secundaria como en los superiores, que desafortunadamente no han dado todos los resultados positivos que serían de esperar», ha subrayado J. Poch Broto, presidente del citado instituto.

Abundando en lo mismo, el foro La sociedad civil para el debate, con el periodista M. Campo Vidal y el profesor J. A. Marina, abogaba recientemente por un Pacto Educativo incluso antes de las elecciones («no podemos entrar en agosto sin saber qué decir en las escuelas en septiembre», o cómo hemos de asesorar a los estudiantes de 2º de Bachillerato para la Prueba de Acceso a la Universidad del 2017), a partir de la siguiente «Hoja de ruta para el cambio educativo»: «1) considerar la LOMCE como una ley de transición; 2) mantenerla, con los ajustes que se acuerden, hasta la elaboración de una nueva ley consensuada; 3) establecer un pacto educativo que actualice el pacto educativo constitucional; y 4) elaborar una nueva ley, a partir de ese pacto, que dure al menos una generación, y que sustituya a la LOMCE. Todo este proceso podría hacerse en el plazo de dos años. Nuestros alumnos no pueden esperar más». ¿Nos sumamos?

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