Los diputados que salgan de las elecciones de junio van a ser los más caros de la historia de España después de la Transición. Si sucede, como se nos dice, que la inmensa mayoría de los que han ocupado escaño van a repetir, resultará que cada partido va a cobrar por cada uno, en seis meses, algo más de 42.000 euros. Por cada escaño, como es sabido, el Estado o, lo que es lo mismo, el contribuyente, paga a escote alrededor de 21.000 euros. Multiplicado por dos, porque las de junio no son repetición, ni segunda vuelta, sino nuevas elecciones, sale esa cantidad que suma un pico. Si lo multiplican por trescientos cincuenta, ya ven lo que nos va a costar que no hayan llegado a un acuerdo. Casi ocho millones de euros del ala. Si a esa cantidad le agregan lo que cada cual recibe por cada voto, que roza el euro (0,81 céntimos) y lo multiplican por los veinticinco millones de votantes de diciembre, pues nos sale la cosa por más de treinta millones de euros que se llevan directamente los partidos por su negativa a pactar en estos meses. Y es que en cualquier trabajo, si fracasas, te sancionan o te echan. Pues bien, en política, por hacer lo que han hecho, de pena, se quedan con lo que cobraron, esos más de treinta millones de diciembre y van a cobrar otro tanto en junio. Hasta resulta que es un buen negocio eso de no entenderse. Con dos numeritos más, hacen su agosto.
Es verdad que esto es la democracia. Pero, como en todo, la democracia puede ser más o menos rigurosa y, sobre todo, más o menos tolerante con quienes abusan del gasto público aunque luego proclamen las ventajas de los recortes o la del gasto para remediar una emergencia social con la que no tienen tanta sensibilidad cuando de gastar lo de todos se trata. Tanto da en uno u otro caso. El dinero se va al bolsillo de las formaciones políticas para su uso discrecional. Y a seguir negociando. Y si no se alcanza ahora otro acuerdo, pues otras elecciones y todos a pagar la fiesta.
Con dinero ajeno no es extraño que no se apuren a la hora de afrontar las campañas. Les salen gratis. Se comprende que algunos no quieran renunciar a los carteles con sus caras, aunque las conozcamos de sobra y hasta el empacho. Otros, no quieren dejar de mandarnos sobres a casa. Total que al final se gastarán lo mismo. Y es que tirar con pólvora ajena es fácil.
El legislador de la Transición, en su ingenuidad, no previó la posibilidad de celebrar elecciones cada seis meses. Tan convencido estaba de aquello del consenso, que no consideró posible que años más tarde llegaran quienes fueran capaces de sostener con tanto empeño sus «convicciones» o, tal vez, ambiciones.
Aunque se llevan un buen pico y mucho más cada año en subvenciones (casi sesenta y cinco millones en 2012), no tienen bastante. Es normal. Y con las cuotas no llegan ni para la luz de las sedes. Y ahora resulta que a la Fiscalía y a los jueces les ha dado por investigar su financiación y les están poniendo las cosas complicadas. El conocido como tres por ciento, institución española ya asentada en todos y en todas partes, se cobra de diversas formas, siendo una de las más frecuentes, inaugurada que se sepa en el caso FILESA, los informes verbales que se pagan a precio de oro o la simple entrega de una fotocopia extraída de Internet que adquiere en el ámbito de la partitocracia valor científico. Una empresa paga y se establece como contraprestación aparente un informe que realiza una empresa vinculada al partido por quien no sabe siquiera sumar dos y dos, pero que emite pericias sobre física cuántica con desparpajo y alegría. Eso cuando las hace, que no es lo ordinario, porque lo normal es que el informe sea verbal y un verbo esplendoroso a juzgar por su valor. Pero pocos caen. Se trata de una especie de ruleta rusa, pues de cada cien casos te pillan en uno. Compensa y mucho. El riesgo es evidente y al que le toca le hunden externamente con improperios de todo tipo alegando que nada sabían los que desconocen, porque los pobres no saben sumar, cómo es posible gastar sin tasa con ingresos lícitos tan menguados. De ese tres por ciento, se presume, una parte será para el informante, que, obviamente, tiene derecho a cubrirse las espaldas ante lo efímero del cargo. Y ese mal está generalizado. Consulten las hemerotecas.
Nota: Oigo a un periodista quejarse amargamente del machismo del nombre de la nueva coalición UNIDOS PODEMOS. No visibiliza a la mujer. Atenta gravemente contra el lenguaje no sexista que con tanto fervor defienden en su programa. Y es que, al parecer, las reivindicaciones se ignoran ante razones poderosas, como es que un nombre con los dos géneros sería una losa para la propaganda. ¿Nadie tiene nada que decir?
