Tribuna

Un nuevo rumbo educativo

"La Conselleria de Educación garantiza que ningún niño o niña escolarizada en un centro privado-concertado tendrá que cambiar de centro durante el periodo de educación obligatoria"

14.05.2016 | 18:40
María José Espuch

La educación es un tema sensible. Es fácil confundir y manipular a familias preocupadas por la formación de sus hijos e hijas y trasladar mensajes erróneos o sesgados. Por eso es importante aclarar, matizar y puntualizar.

El arreglo escolar propuesto por la Conselleria de Educación para el próximo curso ha generado incertidumbre y malestar en algún sector de la escuela privada-concertada, que está siendo canalizado a través de movilizaciones como la que tuvo lugar en Alicante el pasado 10 de mayo. La línea política de la Generalitat en materia educativa ha dado un giro que trata de restituir la legalidad, sistemáticamente vulnerada por los procedimientos del gobierno del PP, y que introduce criterios de transparencia y objetividad en la distribución de unidades, dentro de la oferta de plazas sufragadas con dinero públicos. Bienvenido sea el cambio.

La Conselleria de Educación garantiza que ningún niño o niña escolarizada en un centro privado-concertado tendrá que cambiar de centro durante el periodo de educación obligatoria. El cambio de rumbo se está articulando evitando causar perjuicios a las familias y menores que actualmente cursan estudios en la privada-concertada.

En ningún momento se cuestiona o se limita la libertad de elección de centro. Ahora bien, no se puede aceptar que el hecho de que las familias tengan libertad para elegir el centro que más se ajusta a su ideario y valores, implique que el coste económico de esta decisión sea sufragado con los impuestos de toda la ciudadanía. Los conciertos sólo están justificados para centros que cumplen una función social porque cubren una demanda que la pública no puede atender, pero mientras haya oferta de plazas públicas no tiene ningún sentido subvencionar plazas privadas. Esta es la diferencia entre reclamar un derecho a la Educación, garantizado constitucionalmente, con una pataleta teledirigida desde unos intereses políticos y económicos.

Por eso, la Conselleria ha hecho una verdadera planificación de la oferta de plazas. Una planificación que ha considerado de manera conjunta la totalidad de plazas educativas financiadas con dinero público. Esto es lo justo y objetivo, lo contrario al procedimiento que ha venido aplicando la Administración educativa del PP que, al separar la oferta privada-concertada de la oferta pública, abría de facto un cauce para la elección de familias por parte de los centros y no al revés.

En definitiva, se aplican criterios de sentido común que homologan el servicio público educativo a otros servicios como el de la sanidad: cada ciudadano o ciudadana se adscribe a un centro sanitario y no puede elegir otro dentro de la red pública. Puede elegir una opción privada, pero, lógicamente, no le resulta gratis. Esto es ordenar, planificar, una necesidad para avanzar en la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía. ¿Por qué lo que es tan obvio cuando pensamos en la sanidad pública resulta controvertido si lo trasladamos a la educación? Quizá por razones que nada tienen que ver con la calidad educativa sino con los intereses económicos de las empresas del sector.

La Conselleria de Educación ha hecho una apuesta decidida y valiente para restituir el valor de la escuela pública, apaleada durante veinte años de gobierno popular. Veinte años en los que sistemáticamente se ha impulsado la opción de la privada-concertada mientras los colegios públicos se venían abajo (literalmente) y se vaciaban de alumnado. Es el resultado de una estrategia perfectamente planificada, consistente en trasvasar el alumnado de la pública hacia la privada-concertada, en beneficio de las empresas que hacen negocio con la educación.

Por eso es llamativo que el PP y Ciudadanos hagan bandera de este tema y trate de sacar rédito político de malestar de algunos sectores –que no sólo representan a las familias usuarias de los centros privados-concertados, sino a los propietarios de estos centros y sus empresas– sin asumir su tremenda responsabilidad en el daño infringido a la educación pública, que es incalculable, pues a lo que se ha dejado de invertir hay que añadir el dinero que directamente nos han robado a través de tramas como la de CIEGSA, con 1.000 millones de sobrecostes y los colegios sin construir.

El giro en la política educativa del Govern del Botànic se está haciendo con decisión, con rigor, propiciando la participación y la transparencia, pero llevará tiempo porque estamos aún en la fase del «desescombro» de la herencia recibida. El compromiso es firme y el rumbo está claro: por una escuela pública y de calidad.

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