La filtración de algunos de los documentos que forman parte del acuerdo que se viene negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre el establecimiento de la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) ha suscitado opiniones diversas sobre sus costes y beneficios, tanto en el marco social como en el económico, y muy en particular sobre aquellos aspectos que se refieren a las normas existentes en la UE sobre seguridad alimentaria, a la protección a consumidores y trabajadores y al sistema de resolución de conflictos entre las empresas multinacionales y los gobiernos. Aun teniendo en cuenta el sesgo ideológico que identifica a sus partidarios con partidos neoliberales y a sus detractores con los ecologistas y partidos de la izquierda, lo que exige cierta politización de los mismos, la realidad es que los acuerdos de integración económica es una característica de la economía mundial a partir de la segunda mitad del siglo XX, habiéndose demostrado que los países que eliminan tanto sus barreras arancelarias como no arancelarias salen mayormente beneficiados, no sólo en términos de crecimiento de la producción y de creación de empleo al aumentar considerablemente sus exportaciones, sino también en el fomento de la democracia y de mejora de sus instituciones.

En términos económicos parece indudable, pues, que con la firma de un acuerdo de este tipo entre la UE y la primera potencia económica mundial, donde deben quedar eliminadas las barreras comerciales y técnicas que separan ambos mercados, los efectos potenciales de la integración se multiplicarían, sobre todo en condiciones de competencia imperfecta, como es el caso (Centre for Economic Policy Research). Otro aspecto a destacar en una integración sería el de la capacidad de innovación de la economía, circunstancia que ayudará notablemente al crecimiento y desarrollo no sólo de los países integrantes sino de aquellos con los que existan fuertes vínculos comerciales.

Pero también existen factores negativos, sobre todo en los que respecta a cuestiones que tienen que ver con la política económica, la cuestión social y las subvenciones y ayudas al sector agrícola. En tanto en cuanto coexistan entre ambos mercados monedas y políticas macroeconómicas muy diferenciadas, y en tanto en cuanto las regulaciones sobre el mercado de trabajo, de protección social y del mercado agroalimentario no se armonicen convenientemente, la posibilidad de que se produzcan distorsiones en la redistribución de la renta y en el consumo son muy elevadas, pudiendo afectar al bienestar de muchos ciudadanos europeos. Los negociadores de la Comisión Europea insisten en que las normas vigentes destinadas a la protección de las personas no son objeto de negociación, y que aquellas que se refieren a la seguridad alimentaria serán respetadas tal y como las establece la UE.

La opacidad y falta de transparencia en las negociaciones deja fuera del debate político las controversias sobre el TTIP, lo que da pie a que la ciudadanía desconozca con mayor profundidad los pros y contras de un acuerdo de este tipo. Se demanda mayor claridad en las posiciones políticas de los partidos, pues aunque conocemos que el Partido Popular está favorablemente de acuerdo con la firma del tratado y Podemos e IU en contra, la ambigüedad con la que se mueve el PSOE y C's desconcierta a sus votantes. Se les recuerda que el próximo 26 de junio se vuelven a celebrar elecciones generales.