En un reciente informe, elaborado conjuntamente por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IVIE, cuyas publicaciones son referentes de calidad en el estudio de la estructura económica de nuestro país, apuntaban, entre otros datos, que en el periodo 2009/2015, los recursos destinados a servicios de protección social, educación y sanidad habían retrocedido en conjunto un 7%, pero algunos componentes lo habían hecho mucho más, en concreto los gastos en sanidad y educación acumulaban retrocesos en ese periodo superiores al 20%, con las tensiones consiguientes que estos ajustes producen al tratarse de servicios públicos fundamentales en España, en concreto un 21% en sanidad y un 23% en educación.

Aun siendo cuantitativa y cualitativamente malos los datos anteriores, quizás el peor de todos cuantos datos se presentaban en el informe mencionado, es el referente al retroceso en la inversión pública, cuyas caídas acumuladas en el periodo 2009/15 han superado el 50% en términos reales, per cápita.

Las administraciones públicas han entendido que los ajustes en sus presupuestos anuales debían hacerlos en el conocido por los especialistas como capítulo VI. Los programas de estabilidad impuestos por Bruselas y por sus órganos ejecutivos no precisaban cuáles debían ser los capítulos del ajuste presupuestario, pero la realidad es que los gobiernos: central, autonómicos, provinciales o locales han apuntado hacia la inversión como objetivo para la reducción y como concepto de cuadre para cumplir los criterios del déficit público.

Dice el informe en uno de sus apartados: «El recorte de la inversión pública para cumplir los objetivos de déficit ha llegado a situar los capítulos de inversión a niveles tan bajos que no cubren ni siquiera la depreciación de las infraestructuras o activos y por tanto significan reducciones de capital público».

La conclusión del informe es demoledora en términos de competitividad de la economía española: «Si la tendencia continúa, las consecuencias de cara al futuro pueden ser importantes, pues va a afectar a la conservación y renovación del capital disponible y a los niveles de calidad de los servicios».

Para que estos términos técnicos puedan ser entendidos por los no especialistas en la materia, formulamos preguntas sobre algunas inversiones públicas que en estos siete años se han dejado de hacer, por ejemplo:

-¿Cuántos equipos de resonancia magnética fundamentales para realizar diagnósticos de enfermedades se han dejado de comprar o renovar? -¿Cuántos kilómetros de carreteras secundarias, que son las protagonistas del mayor número de accidentes, han quedado sin mejorar sus condiciones de seguridad? -¿Cuántos microscopios confocales, necesarios para importantes trabajos y proyectos de investigación biomédica, destinados a estudiar la diabetes, el alzhéimer o el cáncer se han dejado de adquirir en estos años? -¿Cuántos equipos informáticos para las aulas de colegios y universidades se han quedado sin renovar? -¿Cuántos equipos de telecomunicaciones y de robótica que sustentan avances en las tecnologías de la comunicación se han quedado sin recursos para su compra? -¿Cuántos investigadores y científicos de primer nivel han tenido que renunciar a sus líneas de investigación e incluso a sus equipos humanos con alta formación y especialización al no existir presupuestos públicos con los que acometer sus investigaciones?

La lista podría ser interminable, más ejemplos: las infraestructuras hidráulicas, tan necesarias en nuestro país por las grandes diferencias entre cuencas; las inversiones públicas en viviendas sociales facilitando el acceso a los más desfavorecidos; las inversiones en la protección del medio ambiente para su puesta en valor. Todas estas también se han visto reducidas en más del 60%.

A las inversiones públicas se las conoce con el concepto de Formación Bruta de Capital, porque la economía de un país se capitaliza, se refuerza, se hace más sólida cuanto mayor y mejor inversión se realiza en él. Entre los requisitos de estas inversiones el más importante es que sea productiva, que mejore la capacidad de creación de riqueza del país y la calidad de sus servicios públicos y nuestra competitividad frente a terceros. Desgraciadamente hemos tenido muchos ejemplos de inversiones que no responden a este criterio: circuitos, estudios, aeropuertos, parques temáticos?

Hacer una adecuada selección de las inversiones es tarea esencial en la labor de nuestros gobiernos y se puede acertar con las políticas públicas aplicando las técnicas adecuadas para su selección, como el análisis coste-beneficio o la tasa de retorno. Y sobre todo actuando de manera planificada, con visión a largo plazo, con acuerdos políticos amplios, con horizontes temporales que superen las legislaturas, dando la importancia que la inversión pública merece, como si se tratase de una cuestión de Estado o de país, en todos los ámbitos territoriales.

Decía el profesor Fuentes Quintana, gran especialista en Hacienda Pública y clave en la transición económica de nuestro país, que «la inversión se considera como la magnitud clave del crecimiento económico».

Cuando el consumo de capital fijo público, supera la inversión, como ha sucedido en estos tres últimos años, 2012/14, algo que no pasaba en nuestro país desde los años cincuenta, se produce una descapitalización, perdiendo valor nuestros activos, al ser mayor la depreciación de las inversiones que las nuevas inversiones, en términos anuales. Esto no debería suceder nunca y las consecuencias quizás tengan que ver con esos continuos desequilibrios estructurales que arrastra nuestra economía, permanentes en el tiempo y que quizás alguna generación que no sea la nuestra consiga ver mejorar. Para ello seguro que ayuda un cambio radical en la forma y el fondo de nuestras políticas públicas sobre las inversiones.