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Manolo Alarcón

Los tiempos y las formas

No seré yo el que le discuta al alcalde de Orihuela, ni al actual -Emilio Bascuñana- ni al que le precedió -Monserrate Guillén- esa afición instalada cada vez más en la política de llevar al juzgado todos aquellos supuestos pufos e irregularidades que se van encontrando. Hacen y bien, porque esa es su obligación: velar por lo que se hace con el dinero de sus vecinos. Bascuñana se descolgó el viernes con el anuncio de que la supuesta mala gestión al frente de Orihuela Cultural del anterior equipo de gobierno de PSOE y Los Verdes va a acabar en los tribunales porque él lo ha decidido y, por lo tanto, no veía necesario poner en marcha la comisión de investigación que se acordó el 28 de abril y, esto es muy importante, con el respaldo de todos los concejales de la corporación. El regidor se lo comunicó a todos -bueno, a todos no, se supone que sus socios de Ciudadanos ya lo sabían y estaban de acuerdo- en el acto constitutivo de la misma.

Y uno, ante lo que ha ocurrido, no puede menos que preguntarse algunas cosas que, me temo, no tendrán respuesta porque la decisión de Bascuñana, lejos de tomarse con la cabeza la ha tomado con el corazón. De otro modo no se entiende que si conoce el informe de las irregularidades desde febrero no lo llevara ese mismo día al juzgado. Esa era su obligación. El que haya tardado dos meses indica que algo ha tenido que pasar desde entonces, o alguien le ha tenido que aconsejar, para que cuando este asunto ha pasado ya por el pleno -¿por qué él no planteó ese día llevarlo al juzgado?-, ha levantado una polvareda de mil demonios y él ha señalado a tres concejalas socialistas que el pasado mandato estuvieron al frente del área de Cultura -Ana Más, Rosa Martínez y Antonia Moreno-, se salte los acuerdos con el resto de fuerzas en la oposición -a la que tantas veces critica por no comprometerse en sacar adelante Orihuela- y, con el plácet de Ciudadanos, dejarlo todo en suspenso hasta que un juez decida.

¿Sabe el alcalde que eso puede tardar no mucho, muchísimos meses? ¿no será que, realmente, lo que le interesa es tener en la picota a la oposición? ¿es quizá una venganza porque las tres exediles aludidas le han denunciado por sus acusaciones? ¿tiene algo que ver que la última comisión de investigación en el pasado mandato, sobre la Cabalgata, presidida por los ediles que antes eran de CLr y ahora de Ciudadanos terminara siendo un «bluf» del que nada más se supo y se teme que con esto pase lo mismo? ¿será porque el interventor le dijo que no veía ninguna irregularidad y que lo único irregular era haber contratado un informe externo? o ¿quizá lo hace porque por la Fiscalía ronda una denuncia contra el grupo popular que él encabeza por asfaltar con dinero público caminos de particulares?

Uno se teme que la decisión de Bascuñana es una venganza por cualquiera de estas preguntas que dejo en el aire. Los argumentos que hizo el viernes para justificar su decisión no aclaran nada ni aportar un motivo racional. Son meras generalidades. Quizá piensa que el que a hierro mata a hierro muere. Quizá que Orihuela debe de gobernarse así. O quizá esté cansado de que nadie le alabe su gestión. Bueno, nadie no, alguno hay, pero está claro que él no conecta.

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