Los puntos negros del TTIP

El Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) sería negativo hasta el punto de que los propios negociadores reconocen que no se ha avanzado en ninguno de los temas más controvertidos.

Nuestros vecinos franceses rechazarían el acuerdo en los términos en que se plantea actualmente porque Europa propone mucho y recibe muy poco a cambio. En cuanto a la eliminación de los aranceles entre ambos bloques comerciales, estos ya son muy limitados, un 2% de media y la mitad de los productos negociados no soportan ningún sobrecoste.

A priori nos encontramos, principalmente, ocho puntos negros en el tratado comercial que afectaría a unos 850 millones de ciudadanos a ambos lados del Atlántico:

1. Opacidad. El TTIP se presenta a los ciudadanos con un evidente oscurantismo y ocultación.

2. Los gobiernos están obligados a conceder el mismo trato a las empresas extranjeras que a las nacionales, autónomos y Pymes. El tratado elimina la preferencia o prioridad en los contratos de compra o licitación pública por el hecho de dar empleo local o respetar modelos sociales, ambientales o laborales de sus países.

3. La agricultura y la ganadería locales están en inferioridad de condiciones para competir con la enorme industria agroalimentaria estadounidense, donde no existe la obligación de alertar en el etiquetado sobre el uso de transgénicos en la elaboración de sus productos y no dispone de un control regulativo como los europeos en materia de pesticidas y otros productos químicos.

4. Hay bloqueos que impiden que las empresas europeas accedan a EE UU. El gobierno de este país pretende excluir del TTIP los servicios marítimos y pone trabas para que las empresas europeas accedan a licitaciones públicas en EE UU.

5. Este acuerdo sitúa los beneficios económicos por encima de la vida, la salud y el medio ambiente. Se eliminan las barreras sólo para la acumulación de beneficios de las multinacionales.

6. Sobre las sustancias químicas, en la UE rige un principio de precaución mientras que la legislación norteamericana da prioridad a la comercialización de los productos, de manera que sólo se retiran si se demuestra a posteriori que son dañinos.

7. Los Estados Unidos no están de acuerdo con que la UE defienda la denominación de origen.

8. Los posibles conflictos que emanen de este tratado no serán dirimidos por tribunales ordinarios competentes. Cuando las empresas multinacionales vean rechazados o vetados sus proyectos, podrán recurrir a arbitrajes internacionales privados. En estos arbitrajes se da prioridad a la salvaguarda de los inversionistas, por encima de la legislación social, laboral o ambiental del país. Un ejemplo sería la privatización del agua y la imposibilidad de revertir las privatizaciones.

La entrada en vigor del Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, en sus siglas en inglés), que se negocia entre Estados Unidos y Europa para unificar regulaciones comerciales es, en definitiva, un tratado que premia a las grandes corporaciones multinacionales, ya que se trata de un acuerdo destinado a cambiar las normas actuales con el objetivo de beneficiar únicamente a las grandes compañías. Estamos convencidos que este acuerdo internacional no haría sino traer a España más precariedad. El tratado es objeto de duras críticas desde numerosos sectores en varios países europeos, sobre todo Alemania y Francia.

España no ha sido ajena a ello, teniendo especial repercusión en el sector agroalimentario, donde algunos aseguramos que acarreará unas importantes consecuencias. Aunque sea una parte pequeña dentro del conjunto de las negociaciones, se trata de un punto esencial, puesto que los modelos de producción agroalimentaria a ambos lados del Atlántico no son iguales: mientras en EE UU prima la producción y el medio ambiente, en Europa y en España se defiende la calidad y la seguridad alimentaria.

Quienes no vemos el TTIP con buenos ojos argumentamos que el modelo europeo y, por supuesto el español, de producción agroalimentaria se verá dañado por la invasión de productos americanos generados bajo otras condiciones.

El TTIP sobrepasa con creces los «simples» acuerdos de libre comercio, puesto que persigue tres objetivos importantísimos a esclarecer. El primero, consistiría en la supresión de los últimos derechos de aduana (barreras tarifarias), de por sí muy bajos. El segundo, por su parte, pretende «armonizar» las barreras no tarifarias (normas) entre los países involucrados. Por último, consiste en garantizar mecanismos legales, llamados ISDS (Investor-State Dispute Settlement), para que los inversores no se encuentren con trabas reglamentarias o legislativas en los mercados que pretendan introducirse, y en caso de encontrarlas, poderlas esquivar. Dicho en otras palabras, el TTIP pretende priorizar los intereses de las grandes empresas sobre los Estados, con la evidente pérdida de soberanía que esto conllevaría.

Con la firma del tratado solamente ganarían las grandes empresas, soportando como siempre las peores condiciones, las Pymes y los autónomos, así como los consumidores finales. La filtración de 12 capítulos del TTIP muestra cómo se negocia el futuro de 800 millones de personas a sus espaldas. Una de las primeras conclusiones que se pueden extraer de su lectura es que, en muchos casos, la Unión Europea es la principal promotora de la privatización de todas las esferas de la economía, sacrificando leyes y políticas que aún protegen los derechos de las mayorías sociales en Europa y Norteamérica.

Las filtraciones hacen referencia a las consultas periódicas entre negociadores y sectores industriales y a cómo se han recogido las aportaciones de estos sectores en los textos, algo que no es de extrañar dado que el 88% de las reuniones de los representantes de la Comisión Europea han sido con grupos corporativos, frente al 9% que se han celebrado con grupos de la sociedad civil.

En conclusión: el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión puede ser una carta para la desregulación, un ataque al empleo y el final de la democracia económica.