El pasado 26 de enero publicaba en este diario un artículo de opinión (La concertada en peligro) en el que expresaba mi preocupación ante cuatro normas educativas muy importantes, que marcan las reglas del juego educativo: el decreto y orden de admisión, el decreto de ratios y el denominado arreglo escolar. Pues bien, a falta de la publicación del decreto de ratios, que fijará los nuevos máximos de alumnos por aula en los diferentes niveles educativos (y que se adecuarán mucho a la realidad), y tras lo conocido del arreglo escolar, mis temores iniciales se confirman. Lo que era una sospecha es ahora una realidad sangrante para una de las dos redes sostenidas por todos los ciudadanos con sus impuestos, y que posibilita la realización del artículo 27 de nuestra Constitución, el referente a la libertad de elección de centro educativo.
La nueva Conselleria parece animada por un espíritu sectario de vendetta o revancha. Si no, no se puede explicar un arreglo escolar que lo que hace es desarreglar. El ocultismo con el que se está obrando, hurtando la información debida sobre las unidades suprimidas o no concedidas a la comunidad educativa, responde a un plan premeditado por forzar un reequilibrio partidista en las dos redes sostenidas con fondos públicos, suprimiendo conciertos y dando nuevas unidades a la escuela de titularidad pública. Y ello vulnerando las normas que incluso la propia Conselleria establece o pasándose por el forro los informes favorables de la Inspección Educativa y de las comisiones territoriales de conciertos educativos.
Parece que la escuela concertada molesta especialmente a esta Conselleria y a este Gobierno de la Generalitat. Y parecen determinados a erosionarla, con un plan premeditado. Este comenzó, de una forma suave, con la implantación de las unidades de dos años. Ahora, el ataque se hace ya de una forma más organizada, utilizando el denominado arreglo escolar para suprimir estratégicamente determinadas unidades, especialmente las de Educación Infantil de tres años, que son las que más daño hacen. Es una voladura perfectamente calculada. Es el ensayo general antes del previsible ataque masivo, verdadera intervención quirúrgica, que se hará en la renovación de los conciertos educativos, prevista para el próximo curso.
En otra ocasión intentaré explicar el porqué de este ataque a la red concertada, que en ningún caso es subsidiaria de la pública (como algunos piensan equivocadamente) sino complementaria y, hoy por hoy, necesaria. Hay detrás todo un planteamiento antropológico que utiliza la educación como un instrumento para construir una ciudadanía muy determinada. Eso que uno puede poner negro sobre blanco, tras la lectura del denominado documento del «Taularet», que intenta ser el embrión de una futura ley educativa autonómica, que bajo el señuelo de la unidad y un hueco buenismo, esconde un adoctrinamiento al que incomoda, como orzuelo en el ojo, una enseñanza concertada, con unos idearios que escapan al control estatalista.
Ahora simplemente quiero despertar a aquellos que todavía piensan que no es para tanto, que sólo se suprimen aquellas unidades que no tienen el número suficiente de alumnos. El problema no está en esas doce unidades que en la provincia de Alicante se suprimen (y que simplemente conocimos en una hoja por nuestra insistencia en la Mesa de Negociación de la Enseñanza Privada del pasado 21, aunque se denegase incluir un punto del día que tratase del arreglo escolar). Ese solo es la punta del iceberg. Las unidades que se deniegan son muchas más: aquellas que, por ejemplo, responden al crecimiento vegetativo, o que completan líneas que ya tienen unidades concertadas; aquellas que tienen demanda social más que suficiente para ser concertadas (el caso de unidades de tres años); o aquellas con alumnos en riesgo de absentismo que inician una FP básica.
Todas esas unidades que no se conciertan y que se pierden (aunque en ese nivel hubieran estado concertadas el año anterior) no han sido comunicadas más que a los titulares que las solicitan para las alegaciones pertinentes, pero afectan directamente al arreglo escolar (oferta de plazas). De hecho, los centros deben incluir sus vacantes antes de este viernes en el programa de gestión ITACA. Y hay algunos centros que no pueden introducir sus vacantes, aun antes de conocerse la resolución definitiva de los conciertos. Y en algunos casos, como señalaba este mismo periódico el miércoles pasado para Alcoy, se quiere suprimir dos unidades de infantil en Alcoy y dar dos nuevas, también en infantil, para la pública, cuando lo que hay es un descenso del número de alumnos en esa etapa, lo que ha llevado a que el Consejo Escolar Municipal alcoyano recomendase a la Conselleria la no supresión de esas unidades concertadas. Alcoy, la única ciudad de la provincia que escolariza a más alumnos en la red concertada.
Este ataque sin precedentes a la libertad de elección de centro educativo está provocando ya las primeras reacciones, que pasan por la defensa jurídica y por la movilización social. La red concertada escolariza en nuestra provincia a más de 100.000 alumnos. En ella hay más de 6.000 profesionales (entre profesores y PAS). No es algo para tomarse a broma. Recordemos además que el puesto escolar es casi un 40% más económico para la Administración que en la pública. Y que es una red querida y demandada por las familias alicantinas. No podemos dejar impune este ataque. Salvem la escola concertada, salvem la llibertat.
