Si no fuera por su transcendencia para uno de los sectores más fuertes de nuestra economía, el turismo, la noticia recurrente del estudio de una tasa turística en nuestra Comunidad, podríamos calificarla como una de esas «serpientes de verano» con la que periódicamente nos sorprenden los políticos o los medios.

Pero esta vez me preocupa más, quizá por su reciente implantación en Baleares.

Una tasa que, en mi opinión, no obedece más que a un afán recaudatorio allí donde aparentemente hay poco riesgo y muchas posibilidades de mejorar los ingresos de la Administración.

Los problemas que generaría son al menos dos: primero de imagen ante los turistas por su asociación a una especie de peaje por uso de nuestro entorno. Pero ese uso ya lo pagan nuestros visitantes a través de los impuestos que por la actividad económica que generan, satisface un sector fiscalmente muy controlado: el «sector hotelero legal», que no es ni mucho menos el que atiende a todos los turistas que nos visitan (el turismo residencial es en gran medida mayoritario en muchas zonas de nuestra provincia y de la Comunidad Valenciana; y los alquileres de apartamentos no declarados atienden también a una parte muy importante de esos turistas que vienen a nuestra tierra).

Y segundo, volvemos a cargar con más impuestos a aquellos que cumplen estrictamente con sus obligaciones fiscales en lugar de resolver el tema de esos alojamientos no declarados que no solo no pagarán la tasa turística, sino que no pagan ninguna otra tasa compitiendo con ventaja respecto al sector regulado, además de atentar contra la imagen imprescindible de calidad -al menos no existe control sobre los mismos- que debemos ofrecer si queremos mantener la elevada cuota que tenemos en el sector y mucho más, si pretendemos evolucionar progresivamente en la línea de la segmentación y diferenciación positiva en cada uno de nuestros colectivos de clientes objetivo.

El planteamiento sería equiparable a otro tema que estos días está muy vigente: los papeles de Panamá. ¿Cómo conseguimos mejorar los ingresos del Estado?, ¿con amnistías fiscales, combatiendo el fraude, o incrementando la presión fiscal sobre los que están más controlados?

Parece que combatir el fraude debería ser la prioridad, aunque lo más fácil es incrementar la presión sobre aquellos que, pese a todo, continúan empeñados en hacer las cosas bien.

Yo diría que este que se está estudiando implantar puede que sea un impuesto poco consistente, con mala imagen, con interés exclusivamente recaudatorio, con una visión solo de corto plazo en un sector que no admite más que la orientación al largo plazo por parte de las administraciones. Un sector, en definitiva, en el que la Administración debería pensar en invertir más que en recaudar a corto, porque es de las inversiones y no de las limitaciones al sector de donde llegarán después los ingresos recurrentes.

Ojalá fuera una serpiente de verano, pero me da la sensación de que, por reiterado, pronto puede empezar a convertirse en realidad.