Tribuna

Por nuestras libertades y derechos secuestrados

30.04.2016 | 04:34

El Primero de Mayo millones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo conmemoraremos la lucha por la jornada de 8 horas iniciada por los compañeros de Chicago en 1886. Parece mentira, pero todavía hoy los empresarios y sus amigos políticos siguen ejerciendo su tiranía e impidiendo que podamos disfrutar de una jornada de trabajo que haga posible conciliar la vida familiar y la laboral, con las 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de educación que exigían aquellos luchadores.

Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor, para darnos cuenta de que la mayoría de la población está en una situación de emergencia social como consecuencia de las políticas económicas aplicadas por los gobiernos del PP y del PSOE: el paro no baja del 20%, los salarios de miseria cada vez son más, el trabajo precario aumenta, lo mismo que la siniestralidad laboral, especialmente en las pequeñas empresas.

Unos gobiernos y otros han anclado a la Constitución del Régimen la sagrada Regla del Déficit según la cual los estados y sus gobiernos asumen las deudas de financieros, banqueros y grandes empresarios con el dinero público, garantizando siempre el pago de dichas deudas por encima de derechos sociales la como la educación, la sanidad, la pensiones, los cuidados, etcétera.

Este Primero de Mayo es el cuarto aniversario de la muerte y el secuestro de los derechos laborales y sociales impuestos por el gobierno y la Troika vía Reforma Laboral, Ley Mordaza y Código Penal. Ello se ha traducido en tremendas agresiones laborales, expropiación de derechos a las personas trabajadoras, supresión de la libertad sindical y anulación de la Negociación Colectiva.

Por lo pronto, la devaluación de todas las rentas salariales ha comportado, de una parte, el robo a las clases asalariadas de más de 8 puntos de toda la riqueza producida, y de otra, el trasvase de esa cantidad a la oligarquía y el empresariado, aumentando así la explotación de la mayoría social hasta límites insoportables.

La imposición de la «flexibilidad» en las empresas -que incide directamente en las condiciones de trabajo en todo lo relacionado con jornada, funciones, salarios, vacaciones, movilidad y disponibilidad, etcétera- ha quedado en manos del Capital, que es el que las administra, provocando la disminución de los costes laborales, especialmente el despido. De esta manera, además de la brutalidad que supone despedir sin ninguna causa, los empresarios se benefician con una indecente rebaja en las indemnizaciones.

Además, las políticas económicas de los gobiernos han condenado al paro, con una tasa de desempleo cercana al 50%, a toda una generación de jóvenes (o más de una), que se ven obligados a emigrar para encontrar trabajo, a la vez que se les obliga a trabajar hasta los 67 años para poder tener derecho a una pensión contributiva, la cual también está en duda.

A las personas pensionistas (9,2 millones en la actualidad) se les ha aplicado una auténtica política de expropiación, bien congelando las pensiones o bien incrementándolas en un mísero 0,25%. Más aún, en un futuro, se prevé un recorte de entre el 5% y el 15%, gracias a diferentes leyes elaboradas por los dos gobiernos (PP y PSOE) y sus colaboradores; es decir, los sindicatos del régimen.

Más peligrosa aún es la política que ha puesto en riesgo todo el sistema público de pensiones mediante el brutal abaratamiento de los salarios (11,3 millones de personas asalariadas no llegan a los 700? mensuales) al tiempo que se alivia a las empresas del pago de sus cotizaciones sociales hasta los 500? y se les fija tarifas planas de 100?, o se les libera de pagar hasta el 70% en gran parte de los contratos basura (formación, aprendizaje, etcétera).

Miles de personas: sindicalistas, desahuciadas y expulsadas de sus viviendas, activistas de las diversas mareas en defensa de lo público, se encuentran encausadas, condenadas o encarceladas por defender sus condiciones laborales, sus empleos, sus viviendas, su libertad de expresión? sus derechos sociales y civiles. Mientras tanto, los poderosos (empresarios, financieros, banqueros) y quienes actúan a su servicio (políticos), apalancados en un sistema corrupto y criminal, se ríen de la población negándose a asumir cualquier tipo de responsabilidad.

En este Primero de Mayo, la Confederación General del Trabajo (CGT) hace un llamamiento a todas las personas que están sufriendo esta situación de emergencia social, de exclusión y precariedad, de represión policial, jurídica, laboral y económica, para que participen en la manifestación y la jornada reivindicativa organizada en la plaza de la Muntanyeta.

Allí estaremos para seguir luchando por una vida digna. Nada podemos esperar de los políticos que nos gobiernan y, si acaso, de los que pretenden gobernarnos, a la vista del mercadeo existente por ocupar los mullidos sillones del poder y de las asesorías políticas y de empresa, que tanto enchufe y corrupción promueven.

No olvidemos que los pocos y recortados derechos que todavía gozamos, sólo existen porque, hubo otros trabajadores y trabajadoras que lucharon por ellos en tiempos peores. Porque la lucha de verdad, la que transforma la sociedad, la que hace posible que tengamos derechos sociales y civiles, está en la calle y no en el parlamento.  

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