Bien no debe de ir el mundo si «se necesitan políticas más fuertes para combatir los crecientes riegos de la inestable economía mundial». Y en esta necesidad han coincidido recientemente en Washington y ante el G20 Christine Lagarde, directora del FMI, y Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial. Por lo que alguna respuesta global habrá que articular cuando estos riesgos se centran en las secuelas de la globalización. Secuelas que mayormente inciden de manera negativa en el libre comercio, originando no solo pérdidas de empleo debido a la competencia en el mercado sino también un estancamiento en los niveles de vida. Pero, además, urge una respuesta cuando estas secuelas tienen que ver con las dificultades de acabar con la pobreza en nuestro planeta y sus casi 200 millones de desempleos. Y, reutilizando aquí las palabras de George Osborne, ministro de Hacienda del gobierno de David Cameron, con respecto a los papeles de Panamá, «lo que necesitamos es una acción internacional». La necesitamos en esta respuesta que urge, además de para todas las complejas estructuras legales offshore; y para las que no son suficientes unas «fuertes palabras de condena» y la indignación. Palabras e indignación que Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, las ha vertido en la necesidad de tomar medidas enérgicas con respecto a los profesionales que permiten y tienen una importante actuación en estas evasiones de riqueza: abogados, economistas, instituciones financieras.

Así que a todas nuestras preocupaciones compartidas por el cambio climático, el terrorismo, los refugiados, las epidemias, etcétera, cada vez se nos añaden más. Como la de la inestable economía mundial. O como la que nos ha traído los papeles de Panamá sobre los grandes agujeros negros financieros del planeta. Agujeros que mantienen un debate activo sobre el establecimiento de un listado único de paraísos fiscales no cooperativos, y la coordinación de sanciones. En este debate están las reticencias a este listado de China, Estados Unidos y Canadá. Y está la reticencia que ha habido desde siempre a estigmatizar a esos territorios y Estados en cuestión. Pero también están las manifestaciones favorables a la acción del grupo del G5 (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España). En el debate están la lista negra para los que no cooperarían como Panamá, Líbano y Vanuatu, y la lista gris para los que cooperarían parcialmente, como Andorra, Suiza y otros muchos más. Para la OCDE estaría en julio. Para la Europa de los 28 en seis meses, según Pierre Moscovi.

Pero en este debate, al igual que el de cada una de todas estas preocupaciones globales que nos conciernen, interviene la capacidad en política exterior de Estados Unidos y de Europa. El desacuerdo constante entre Obama y Donald Trump sobre la política exterior de USA, nos deja ver que ésta está basada mayormente en lo militar y en lo comercial, apoyando intereses de suma importancia. Mientras que Europa está basada en el poder de la diplomacia, en el poder geo-económico del bloque que conforma su unión, y en el hecho de que además domina la mayor parte de las organizaciones internacionales.

Pero en Europa seguimos manteniendo una preocupación más. El fracaso, desde 2010, de las políticas de austeridad en la recuperación económica europea, y el desacierto de las previsiones de la Comisión Europea sobre el crecimiento y la inflación. Previsiones que no llegan a cumplirse. Y previsiones a las que tendrán que hacer frente el nuevo Gobierno que logre constituirse en nuestro país, ya que actualmente es sobre todo España y su déficit público la que está en el punto de mira de Bruselas, debido a que no ha cumplido el pacto de estabilidad y de crecimiento para el 2015. Pero la Comisión Juncker no elegirá la sanción como no la eligió con Francia. Elegirá el diálogo de donde pueden venir algunos años de gracia, evitando así una posible desestabilización del nuevo Gobierno tras la segunda vuelta electoral.

Para esta segunda vuelta, y naufragadas ya las 200 medidas sociales, económicas y políticas del pacto Sánchez-Rivera, las preocupaciones parecen distribuirse en varias líneas. Una la de contemplar como PP y Ciudadanos obtendrían, por ellos dos, la mayoría del Parlamento. Otra la de observar cómo Podemos e Izquierda Unida, juntos, obtendrían una mayoría de izquierda clara. Y otra, ¿por dónde navegaría el PSOE? Pero hay otra más. La entrada en el escenario político de los nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, ha cambiado el juego bipartidista, pero no ha sido para mejor. El desacertado compromiso entre los actores políticos elegidos, nos mantiene en una campaña electoral de seis meses. Seis meses en una economía inestable y con una alta tasa de desempleo y en un escenario de interminables casos de corrupción.