Hubo un tiempo, que a juzgar por la actividad de algunos magistrados todavía anda lejos de haber concluido, en que la desvergüenza campó a sus anchas por los pasillos de las instituciones de la Comunidad Valenciana, desde el oropel de los despachos de la Presidencia de la Generalitat a los más modestos de algunos alcaldes, que vieron en las bombas de humo de los dirigentes del Partido Popular el festejo de una nueva era en la que todo estaba permitido. Muchos continúan aún con la fiesta. Algunos años después de estallar el caso Naseiro, detonante de la financiación del PP valenciano, a los dirigentes populares de la Comunidad no les dio por la jarana por casualidad: parques temáticos, estudios de cine, ciudades de las artes, aeropuertos sin aviones, proyectos mastodónticos injustificados y que acabaron en la ruina o malvendidos a empresas privadas. Con los años, la muchachada perfeccionó el método hasta la exquisitez de los stands de Fitur o las visitas del Papa, pero también han acabado cogiéndolos. Me faltan políticos encausados y condenados en la sentencia de las facturas falsas de Terra Mítica, porque si los empresarios inflaban las cantidades emitidas por servicios prestados al parque, es fácil deducir la segunda parte de la ecuación: alguien, persona física o jurídica, se quedaba la diferencia. Y precisamente ahí, sobre el suelo quemado del pulmón verde de Benidorm, la corrupción valenciana comenzó a cimentar su leyenda.
