Mucho se está hablando últimamente sobre el número de universitarios en España, sobre todo en relación a la reciente publicación de los datos de la OCDE con los porcentajes de la población con educación superior y los informes sobre tasas de desempleo de la misma. Aunque es cierto que se puede hacer una utilización sesgada de las estadísticas, el análisis racional nos muestra un largo camino recorrido por las universidades españolas desde los años 80 y, también, todo lo que nos queda por recorrer.

En primer lugar, al analizar con detalle las estadísticas de desempleo, se desprende que las tasa de desempleo entre la población con estudios superiores es inferior a la media. De hecho, tal como señala el estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre el impacto económico de las universidades de la Comunidad Valenciana, las tasas de desempleo del grupo de población con estudios superiores es la más baja de todas, por delante incluso del grupo con formación profesional de grado superior. De todo esto se desprende que la titulación superior ayuda de forma significativa a obtener un empleo y que las elevadas tasas de desempleo que soportan se debe, principalmente, a una incapacidad sistémica del conjunto productivo español para absorber toda la demanda laboral existente.

Por otro lado, al examinar los datos de la OCDE sobre los porcentajes de población universitaria con estudios superiores, nos encontramos que en los puestos de cabeza están países como Japón, Corea del Sur e Irlanda. Muy significativos son estos dos últimos países, que han tenido tasas de crecimiento económico muy elevadas en las últimas décadas. La comparación con Irlanda, un país de nuestro entorno es muy reveladora. Mientras en 1990 España e Irlanda tenían aproximadamente el mismo PIB per cápita, en la actualidad, el irlandés tiene el doble que el español. Además, no solo han superado la crisis de 2008, sino que vuelven a crecer con fuerza. Todo esto ha sido posible por la transformación del sector productivo irlandés desde un modelo tradicional hacia áreas que hacen un uso intensivo del conocimiento. En esa transformación, las universidades y una correcta política universitaria han jugado un papel clave. Si España quiere modernizar su sector productivo y, con ello, bajar de las tasas de desempleo a valores comparables al resto de países desarrollados, es necesaria una adecuada política universitaria.

En primer lugar, debe dotarse a las universidades de un marco normativo sobre titulaciones estable y armonizado que posibilite hacer una planificación a largo plazo. Contar con una financiación conforme a sus necesidades, incluyendo un sistema de tasas y becas que permita un acceso equitativo a la enseñanza superior. Todo ello acompañado de una adecuada orientación desde los niveles más bajos de la enseñanza.

Por otro lado, las universidades, sin olvidar las áreas tradicionales y la transmisión del conocimiento, deben focalizar sus esfuerzos en la generación intensiva del conocimiento para poder servir a la sociedad de la mejor forma. Por este motivo, se debe tener una oferta de grados universitarios que proporcione una formación general de calidad, que dote a sus estudiantes de capacidad de análisis y espíritu crítico y que los prepare para entornos cambiantes y multidisciplinares. Los másteres deben fomentar la especialización, no solo para los estudiantes recién egresados, sino también para los profesionales que necesiten aumentar sus conocimientos o reorientar sus carreras profesionales.

Por último y no menos importante, los doctorados deben servir, principalmente, para preparar la próxima generación de investigadores que sean capaces de liderar el cambio de modelo económico y productivo español mediante una formación orientada hacia la generación intensiva del conocimiento. Todo ello requiere de una política que fomente la investigación puntera y la colaboración tanto del sector público como de los sectores productivos de la sociedad.