Los cachondos van y se ponen de nombre Manos Limpias, con dos que se dice. Y al que no le guste que proteste al cabo furriel. Ni manos justas, ni manos auxiliadoras, no, no, limpias de polvo y paja. Lo de estar limpias de pasta es otra cosa, dinero fácil, del que se gana sin currar, del que se obtiene a escondidas bajo manga, con la opacidad necesaria de la colaboración del donante a la fuerza, del generoso contribuyente al mantenimiento del monipodio. Billetes, transferencias bancarias para impedir acusaciones. Estos delincuentes de despacho y cuello blanco, han logrado pervertir en grado máximo el artículo 125 de nuestra Carta Magna, mancillando la misma al dar una utilización ilícita al derecho de la ciudadanía de ejercer la acusación popular, buscando exclusivamente el beneficio propio por medio del chantaje y la extorsión a quienes se veían inmersos en un proceso judicial que pudiera perjudicar su buen nombre, honor y hacienda. Y por si esto no fuera suficiente, se proclaman sindicato, organización que propugna la defensa de los intereses de los trabajadores. Van por la vida sin un ápice de vergüenza, los dirigentes del sindicato Manos Limpias ni la conocen.
Actuando siempre en beneficio propio, y con la inestimable ayuda del carismático líder y factótum del negocio en su vertiente financiera, Luis Pineda, con su dilatada experiencia bancaria a través de largos años dirigiendo AUSBANC, asociación creada en principio para defender los intereses de los usuarios de los bancos, el mal llamado sindicato Manos Limpias, purga estos días en los medios de comunicación y ante la justicia todas sus presuntas gestiones delictivas. La confabulación para fines ilegítimos ha terminado por salir a la palestra sin duda por la codicia de los propios integrantes, que han exprimido su gallina de los huevos de oro hasta que el olor a podrido ha llegado a la UDEF, que ha puesto a disposición de la justicia sus investigaciones a Manos Limpias y a su jefe, Miguel Bernard, antiguo camarada del ya fallecido Blas Piñar, cabeza visible del último reducto del franquismo en la política española.
La facilidad para que gente de esta calaña pueda utilizar la acusación popular con fines ilícitos, dados sus escasos y endebles requerimientos, ha sido sin duda un factor decisivo para poner en práctica los métodos de extorsión utilizados por los investigados. Las módicas costas, para facilitar el ejercicio del derecho, y los complicados vericuetos legales para solicitar reparación en el caso de que el acusado termine por ser declarado inocente, posibilitan que organizaciones de la índole de las descritas, busquen el dinero fácil a través del chantaje a personas e instituciones que transitan por momentos delicados en sus actividades profesionales y/o personales.
Hay quienes son chantajeados y pagan el precio requerido desde su más que previsible condición de culpable, mientras otros, desde la inocencia de los hechos de los que se les acusa, se disponen a ingresar la mordida exigida. No verse envueltos en la posibilidad de una condena judicial o social, es la justificación que en cada caso exhiben los implicados en la corrupta financiación de ambas organizaciones. Ni la ética ni la estética acompañan a quienes se pliegan a las exigencias de los chantajistas. El abyecto remedo en versión española del fiscal italiano Di Pietro, que en los años noventa liderara el proceso judicial conocido como «Mani Pulite», debiera al menos llevar a la reflexión de expertos tanto en Derecho Constitucional como Procesal a revisar el ejercicio de la acusación popular, por otra parte, nada común en los países de nuestro entorno democrático.
Manos corruptas, manos sucias, manos manchadas de dinero proveniente del pillaje. Manos largas que han corrompido salas de justicia, que han enfangado togas y códigos, abogados que han subvertido su noble oficio, burda parodia de organización sindical que denigra con la utilización del patronímico el movimiento sindical, que con tanto esfuerzo y sufrimiento ha conseguido ser reconocido como baluarte indispensable de cualquier sociedad democrática que se precie. Bernard, Pineda, Conde, bandería de la corrupción civil que aflora, junto a la política, gracias a los resortes del Estado de Derecho que algunos quisieran dinamitar.
