Quien a estas alturas siga equiparando bondad y virtud a ideología, lo estará pasando mal. La prensa, en una actividad frenética, nos está informando de sucesos que dejan mal parados a quienes insisten en tan artificial división entre buenos y malos en función de lo que se dice profesar.
Las cuentas descubiertas en Panamá de sociedades propiedad de ilustres conciudadanos acreditan que, tanto unos como otros, reconocidos izquierdistas que predican la igualdad y exigen dureza al fisco con los extraños y conservadores que hacen lo propio en sus discursos moralistas, son susceptibles de sucumbir al poder del dinero. Porque, es evidente que este tipo de cuentas, al margen de otras finalidades que puedan esconderse tras ellas en algunas situaciones, tiene una esencial, cual es la de pagar menos impuestos, eludir las obligaciones tributarias. Que esto es lo que se persigue es tan evidente que negarlo o disfrazarlo exige explicaciones que rozan el absurdo. Puede haber, como he dicho, otros fines adicionales cuando de lo que se trata es de ocultar dinero negro o de origen ilícito. Puede ser, pero no siempre es esto lo que sucede cuando se apertura una cuenta en el extranjero, en un paraíso fiscal, incluso bajo la titularidad de testaferros.
Se busca un beneficio fiscal que se traduce, paralelamente, en un perjuicio para la Hacienda española siempre que se acude a ciertos países que tienen un tratamiento tributario más favorable para el contribuyente que el exigido en España. Y ese beneficio obliga a ocultar al verdadero propietario de la sociedad o dificultar su localización.
Que sea o no delictiva esta conducta dependerá de la cantidad defraudada o de que sus fondos provengan de actividades ilícitas. Pero, en toda situación existirá un reprochable administrativo; de ahí que la Hacienda española exija el pago de lo debido con la correspondiente multa. Habrá, es verdad, quienes hayan pagado disciplinadamente sus impuestos aquí, pero presumo que serán pocos, uno o ninguno como se suele decir. No hay muchos motivos para constituir una sociedad en un país extraño y con mejores expectativas fiscales y luego declarar regularmente en España. Y de ahí que, dada la dificultad de localización de este tipo de cuentas, se produzcan de vez en cuando, con cualquier gobierno, regularizaciones fiscales que implican ventajas fiscales. Se trata de hacer aflorar fondos siempre que se abonen los impuestos obligados, aunque se condonen las sanciones. No, por supuesto, de excluir responsabilidades penales si el origen del dinero es ilícito.
Los partidos, en esta ocasión, nos han regalado y regalan un silencio que se agradece, aunque sea porque cada uno de ellos tiene a alguno de los suyos en las listas, lo que demuestra que es el rédito político lo que interesa, no la cacareada ética. Poco provecho, pues, esta vez han obtenido del escándalo, pero mucho beneficio para nuestra ya maltrecha tranquilidad.
Otra cosa es lo que se mueve alrededor de Podemos. No entro en el asunto de la Fundación CEPS. Todos los partidos tienen sus propias fundaciones y con medios poco fiscalizados. Si se trata de una fundación que realiza sus actividades adecuadamente, nada sucedería. Y me consta que en ella o mediante ella han trabajado personas ajenas a Podemos. No obstante, habrá que investigar si se ha utilizado, además, como un instrumento de financiación de este partido mediante fondos provenientes del extranjero, lo que está expresamente prohibido por la ley desde julio de 2015. El cierre de la página web de CEPS desde hace dos semanas, sin explicación alguna y una vez saltaran las noticias fomenta una sospecha que debe despejarse.
Lo que sí me preocupa y mucho es la aparición, según algún medio de comunicación, de donantes a Podemos sin capacidad económica suficiente, pero que aportan cantidades incompatibles con sus medios de subsistencia. Eso sí requiere de explicaciones que este partido no ofrece y que podrían ocultar, de confirmarse, alguna suerte de blanqueo de dinero no recibido o no declarado lícitamente o, por lo menos, de forma opaca.
Según se ha publicado, la UDEF ha localizado donaciones de personas que no tributan por IRPF dados sus escasos recursos y han donado cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 5.000 euros, donaciones que, de ser ciertas, no se incluyen en el portal de transparencia de Podemos. No es fácilmente creíble que un parado pueda entregar cantidades de cinco mil euros, en concepto de donación, a un partido y que esta conducta, de ser cierta, constituya la fuente ordinaria de financiación de una formación política.
Habrá que aclarar este asunto. Que puedan existir entradas de fondos de procedencia prohibida, extranjeras y que las mismas se hubieran ocultado utilizando un supuesto fraude, el de donaciones anónimas o de sujetos sin capacidad económica real podría engendrar responsabilidades varias. Y nadie puede estar a salvo de ellas.
Hay un problema serio en la financiación de los partidos que hace que hayan aparecido y sigan apareciendo situaciones muy preocupantes. Habrá que afrontarlo con rigor y sin hipocresía, pues a la vista está que se extiende a todos sin distinción.
