La reforma del Estatut y el «gatopardismo» político

Mientras preparaba mi intervención el fin de semana, analizando desde Alicante, datos y hechos, venía reiteradamente mi cabeza un recuerdo de mi adolescencia. En el instituto me hicieron leer la novela de Giuseppe de Lampedusa, el Gatoparto, que me encantó. En un momento dado, en el texto, Tancredi el personaje nuclear, le dice a tío Fabrizio: «Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie».

Una gran frase que resume mi impresión sobre lo que están haciendo la mayoría de fuerzas políticas valencianas con relación a la financiación autonómica. Cuando no se es valiente, y no se quiere hacer política de otra manera, resulta fundamental «hacer ver que uno mueve algo para poder seguir quejándose y así seguir gestionando igual».

Soy valenciana y vivo en Alicante, la provincia peor financiada en términos cuatitativos de la Comunidad. Al igual que manifestaron los ponentes de la moción del miércoles, y mis compañeros de Ciudadanos en les Corts -que firmaron el 6 de octubre de 2015 una resolución conjunta con todos los grupos parlamentarios- creo que, sin duda, en esta parte del mediterráneo nos merecemos una mejor financiación. Una financiación que garantice unos servicios públicos universales y de calidad y unas inversiones territorializadas que fomenten nuestra competitividad. Pero añado asimismo: los valencianos y las valencianas nos merecemos también, y al mismo tiempo, unos políticos menos demagogos y más honestos.

Ciudadanos dice «sí» a una mejor financiación para la Comunidad Valenciana pero ha dicho y seguirá diciendo «no» a engañar con propuestas como la que el miércoles se presentó en Madrid. De ahí el sentido de nuestra abstención en el Pleno.

El sistema actual de financiación y de inversión autonómica se ha mostrado ineficiente e injusto y requeriría de una enmienda a la totalidad. En primer lugar, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, y su modificación por Zapatero a base de parches (Ley Orgánica 3/2009), no han permitido ni permitirán garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales. Estas leyes han generado unas disparidades de financiación entre Comunidades Autónomas (en adelante CCAA) superiores al 35%, que no se explican ni por las diferencias de población ni por las necesidades objetivas de gasto.

Coincidimos con todos los grupos en que la situación es grave y en que la Comunidad Valenciana se ve especialmente perjudicada. Pero que Valencia haya estado mal financiada y que la falta de inversión racional en infraestructura haya socavado su competitividad no es más verdad que se ha esquilmado esta tierra con casos de corrupción y con una gestión ineficiente e irresponsable.

La supuesta infrafinanciación de las CCAA no sólo ha servido de excusa para recortar en educación y sanidad. También hoy día sigue sirviendo como pretexto para la ineficacia en la gestión y para la confrontación inútil. Como se está viendo en estas semanas, la situación es la de una pescadilla que se muerde la cola. Los gobiernos de la CCAA incumplen sistemáticamente con los objetivos de déficit y, a base de culpabilizar al Gobierno del Estado, los dirigentes autonómicos evitan reducir gastos superfluos ... y continúan haciendo electoralismo político con recursos que no les corresponden. Los perjudicados, como siempre, son los ciudadanos, que no saben cuándo responsabilizar a los políticos estatales y cuándo a los autonómicos por sus acciones.

Las inversiones que acuerda el Estado para los territorios (la inversión territorializada) concurren a la formación de un sistema de financiación autonómica, en los términos en que ha sido declarado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 31/2010, relativa al criterio de atribución de las inversiones estatales en Cataluña. En otras palabras, la inversión territorializada forma parte sui géneris de la financiación autonómica. Pues bien, esta financiación, que es en concreto la que ocupó el debate en el Hemiciclo el pasado miércoles, se ha realizado respondiendo a criterios políticos según ha convenido a cada comunidad. A través de sucesivas reformas de los Estatutos de Autonomía como la que se presentó el miércoles, hemos reforzada un modelo de inversión territorializada «a la carta» no basado en los incrementos de la competitividad de los territorios, sino en axiomas varios.

Entre 2004 y 2011, las cláusulas referidas a la inversión del Estado en los distintos Estatutos responden en el caso de los catalanes, al PIB; en el caso de la Comunidad Balear a la inversión media per cápita; en el caso de Andalucía a la población; a la especificidad del territorio en Extremadura, Castilla León o Aragón... Vamos, un «modifique usted su Estatuto por la razón que mejor le parezca y quédese bien contento que yo no voy a hacer nada». Convendrán conmigo que no es la forma más racional de gestionar ni de vertebrar un país.

Desde hace años, asistimos perplejos a un circo de críticas cruzadas entre CCAA y entre CCAA y Estado que, sinceramente, resulta difícil de valorar. La cuestión, al final, es que los políticos de los territorios reclaman siempre aportaciones superiores a las que reciben y que todos echan la culpa Madrid. Eso sí, ni una palabra sobre lo de gestionar con más eficacia y eficiencia. Ni un mea culpa por el despilfarro o la permisividad con la corrupción. La cuestión también es que el Estado hace oídos sordos y dice siempre a las CCAA que tienen que recortar. Así, cíclicamente soportamos nuestra dosis de Gatopardismo político en vena. «Hacer ruido para aparentar que se hace algo para que no cambie nada».

Es tiempo de valientes, tiempo de decir no a más parches. El desbarajuste actual no se ordena con los pegotes que suponen las concesiones bilaterales. Remendar el sistema haciendo concesiones «cachito a cachito» no es la solución sino un incremento del problema. Sólo se logrará una resultado justo abordando, de una vez por todas, el tema en profundidad, de manera conjunta, eliminando privilegios y criterios políticos e incluyendo parámetros cualitativos y no sólo cualitativos.

Ciudadanos ha planteado en estos meses de «no-gobierno» dos Proposiciones no de Ley para abordar la reforma del sistema de financiación y la de las inversiones territorializadas. En el primer caso, un planteamiento valiente y multilateral, que pide sentar a las 17 comunidades a negociar en una misma mesa para establecer un sistema con parámetros de transparencia, equidad, corresponsabilidad fiscal e igualdad, para financiar homogéneamente los servicios fundamentales en sanidad, educación y servicios sociales en toda España de manera equitativa. Conviene recordar que los impuestos los pagan los ciudadanos y las necesidades las tienen éstos en todos los territorios. No tiene sentido tener acceso a una mejor cartera sanitaria o a una educación de mayor calidad en Asturias que en Castellón.

En el segundo caso, la propuesta específica que afecta a inversión territorializada propone que las infraestructuras no se financien por espúreos criterios políticos. En los últimos años, se han elaborado planes directores (PDI, PIT, PEIT, PITVI?), que en función de la fuerza en el Gobierno, han sido modificados de manera unilateral. El grado de cumplimiento de las acciones de estos planes ha sido escaso porque tenían alcances y presupuestos poco elaborados y carecían de consenso entre las diferentes fuerzas políticas, administraciones públicas, agentes sociales y económicos y representantes de la sociedad civil y la ciudadanía, tanto en líneas de realización y objetivos. Ciudadanos plantea potenciar una Oficina Nacional de Evaluación de Infraestructuras a través de la cual se establezcan los proyectos prioritarios derivados de su mayor rentabilidad socio-económica y financiera. Además de estudiar de forma realista, acción por acción, los criterios y régimen de financiación a medio y largo plazo para ordenar el desarrollo y la promoción de las actuaciones propuestas, esta oficina tendría que auditar la viabilidad técnica y económica de las grandes inversiones a acometer en materia de infraestructuras con marco nacional y exigir evaluaciones de impacto. Sólo así se podrá planificar de forma justa y racional las inversiones en infraestructuras imprescindibles para los territorios. Esta oficina tendría además que garantizar el carácter finalista de los fondos y su control, para evitar que el dinero destinado a infraestructuras urgentes para los valencianos (Corredor Mediterráneo, Conexión Ferroviaria en ancho UCI a los principales puertos, plataformas intermodales, tren de la Costa Torrevieja-Alicante-Benidorm, infraestructuras hídricas....) no acabe en proyectos inútiles o se vuelva a perder por las cloacas de la corrupción.

El pasado miércoles Ciudadanos votó abstención porque la propuesta de modificación del Estatuto que trajo les Corts no garantiza ni un euro más para los valencianos. Lo peor, es que, tal y como lo reconocieron los distintos grupos, los políticos que hicieron defensas histriónicas de la modificación lo saben.

La propia Generalitat Valenciana que impulsó la modificación estatutaria entendió (en su día) que las cláusulas que condicionan las inversiones del Estado en una Comunidad eran abiertamente inconstitucionales. Por eso, recurrió los Estatutos catalán y andaluz ante el Tribunal Constitucional por clausulas idénticas a la que se debatieron el miércoles. La respuesta del Tribunal Constitucional fue que estas modificaciones no tienen carácter vinculante: es decir, no obligan al Gobierno a destinar ni un euro más a las inversiones territorializadas en los Presupuestos Generales del Estado.

La comparecencia en Madrid por parte de los ponentes de les Corts fue un acto de propaganda, es más, un acto de propaganda irresponsable. Como he expuesto, jurídicamente hay precedentes de que esta inclusión tiene carácter de desiderátum: por tanto, no es más que un brindis al sol. Políticamente, y con un escenario de 11.000 millones de déficit, (por cierto, resultante también de una gran mentira) hacer ver a la ciudadanía que se nos va a dar algo que no hay y, encima, aparecer ante el resto de España como que lo tenemos y que lo estamos malgastando. En definitiva, es una gran impostura. La propuesta que se trajo a las Cortes para la toma en consideración es, en definitiva, un acto jurídicamente inútil, económicamente inviable que no responde en absoluto al problema de los valencianos y las valencianas

Actos como los del otro día representan el más puro ejemplo de la más vieja política. Una cosa es que las sesiones se retransmitan por televisión y otra convertir el hemiciclo en un foco de mensajes al más puro estilo goebbeliano. Comparecencias como las de esta semana garantizan titulares en los medios, pero ni un euro más para los ciudadanos.

Defiendo con uñas y dientes una financiación más justa para los alicantinos, para los valencianos y para los españoles. Y confío en que todos los comparecientes en el Hemiciclo el otro día también lo hagan. Por ánimo a que inviten a sus fuerzas políticas a apoyar el pacto de gobierno CS-PSOE, que propone una modificación profunda del sistema de financiación. Hace falta un Gobierno para cambiar las cosas de verdad. El resto, no ha sido más que un ejercicio triste de gatopardismo político.