Pocos personajes han conocido los vaivenes de la política mejor que Charles Maurice de Talleyrand. Clérigo libertino y político todoterreno, tuvo un papel relevante en tiempos del decapitado Luís XVI pero también en la Revolución Francesa. Cuando llegó Napoleón disfrutó de su reconocimiento con varios ministerios para, finalmente, conspirar contra él y encabezar la reinstauración monárquica francesa como primer ministro. Es posible que la camaleónica capacidad de Tayllerand para sobrevivir a unos y otros estuviera favorecida, de algún modo, por su lucidez a la hora de estimar si algo era o no factible. De ahí que se le recuerde por su famosa sentencia: «lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible». La frase les suena ¿verdad?
Dudo que el príncipe de Benevento -que, como ya supondrán, significa «buen viento», tenga parangón alguno entre nuestros políticos. Cierto es que más de uno ha intentado seguir sus pasos pero, si los comparamos, apenas llegan a ser burdos aprendices. Si ahora tengo en mente a Talleyrand no es por sus andanzas políticas, sino por la aplicabilidad de su conocida máxima al peligroso contexto presupuestario que se nos avecina en las próximas semanas.
Hemos vuelto a desviarnos del objetivo de déficit público acordado con la Comisión Europea. A nivel nacional y después de un ajuste de última hora, nos quedaremos en el equivalente al 5,08% de nuestro PIB, cuando la meta prevista para 2015 era no superar el 4,2%. Podrán decirnos que no hemos cumplido pero la realidad es que seguimos bajando el déficit, aunque no sea al paso que nos han ido marcando. El descalabro se veía venir, desde que, a velocidad de vértigo, comenzaron los recortes presupuestarios. Y es aquí donde hay que recordar la frase del francés. No podía ser y, efectivamente, era imposible.
Miren las cifras con cierta perspectiva. La realidad es que nuestro sacrificio no ha sido en vano. Se transmite una sensación de incumplimiento que no es tal. Desde 2012, año tras año hemos ido recortando el déficit público. Es más, en el último nos hemos situado en cifras muy próximas a las del inicio de la crisis, y aún nos siguen faltando 50.000 millones de euros para cuadrar las cuentas cada año. Por supuesto que no son tiempos de bonanza, pero nuestras privaciones están siendo útiles. En lo que va de legislatura, el déficit público español -no confundan con la deuda- ha disminuido algo más de la mitad. Seguimos mal, pero bastante menos. No cabe insistir en que estamos incumpliendo cuando la tendencia a disminuir el déficit ha sido una constante en los últimos tiempos. Otra cosa es que los objetivos fueran desmesuradamente optimistas.
No sé si son ustedes conscientes de lo que significan las cartas que Cristóbal Montoro ha enviado esta semana a distintos consejeros autonómicos de Hacienda. En ellas les indica que deben «acordar la no disponibilidad de créditos». Puede que este eufemismo suene a chino a más de uno, pero nunca antes se había llegado a este extremo. Y es que, lejos de tratarse de una nueva bravuconada del ministro, el aviso simplemente es un recuerdo de lo que contempla la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta vez no es un farol.
Efectivamente, Montoro advierte de que va a cumplir la normativa; por cierto, una de las primeras leyes que aprobó el gobierno de Rajoy. Les recuerda a los ejecutivos autonómicos que, o recortan aún más, o empiezan las medidas coercitivas que recoge la Ley. Ojo, que no se trata de tonterías. Desde realizar un depósito económico -que luego podrá convertirse en multa- hasta llegar a la intervención absoluta, para lo que el gobierno central apenas precisaría la mayoría absoluta de un Senado, que mantiene bajo su control. Es evidente que, cuando solo tres comunidades autónomas han cumplido, algo está fallando a nivel general y alguna responsabilidad tendrá el Ministerio de Hacienda. Pero Montoro mira hacia otro lado, como si la fiesta no fuera con él. Cierto es que se le notó algo conciliador en su comparecencia en las Cortes, pero también que tiene la sartén por el mango. Y, con ello, el futuro del Estado de las Autonomías. Cuidado.
Hay mil y una razones que permiten defender nuestra posición, bien como país, bien como comunidad autónoma. Decía que, como nación, seguimos cumpliendo el descenso del déficit, aunque con una ligera demora. Nunca hemos cumplido el objetivo anual pero, en esta ocasión, al menos estamos por debajo del límite del año anterior. Quizás bastaría con un simple reajuste de calendario. Corresponde ahora renegociar en Bruselas y convencer a la Comisión Europea de que vamos por buen camino y acelerando. Con objetivos factibles, España ha demostrado que es capaz de alcanzar la meta. Factibles, nunca imposibles.
Por lo que nos toca, el aviso de Madrid podría conllevar una reducción del 10% del presupuesto de la Generalitat Valenciana. En apenas quince días, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, deberá comunicar al ministro qué partidas ha decidido sacrificar para no comprometer ese gasto. ¡Modificar el presupuesto en dos semanas! En nuestro caso, lo más doloroso es que el déficit presupuestario sigue estando motivado por un injusto reparto de ingresos, no por un exceso de gasto. Mientras el modelo de financiación autonómica siga siendo el mismo, la Comunidad Valenciana continuará encabezando el ranking de las autonomías con mayor desfase de déficit. Tampoco es coherente que a todos se nos exija el mismo objetivo, sin considerar que algunas comunidades han liquidado su deuda histórica y otras mantienen un régimen foral. Demasiadas desigualdades.
Pasa el tiempo y el gobierno de la nación no cambia de opinión. A Rajoy le importó poco sacrificar la Comunidad Valenciana y no va a cambiar a estas alturas. No estaría de más que, de una vez por todas, obligáramos a poner cara a cada euro que va a ser declarado como «no disponible». Detrás del dinero hay servicios básicos que, lejos de poder admitir más ajustes, aún están esperando recuperar el nivel perdido. Y es que, no nos engañemos, ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales son los mismos que antes de la crisis. Esa deuda -la de recobrar lo perdido- sigue pendiente y es irrenunciable.
Si Montoro se considera capaz de aplicar las medidas coercitivas, atrévase a ello. Y ejecute hasta el final. Quizás él sepa cómo resolver la cuadratura del círculo. Por el momento y como les decía, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.
