La aparición de los ya famosos papeles de Panamá ha convulsionado el mundo político, financiero y hasta deportivo de todo el mundo. Probablemente alguno de ustedes sea la primera vez que escucha la expresión Panamá Papers, pero les aseguro que no será la última. Bajo ese nombre se oculta la mayor filtración de datos de la historia (mayor que la de Wikileaks) y una investigación de un año que ha revelado numerosos presuntos casos de corrupción en las altas esferas de todo el planeta.

Los papeles de Panamá son una filtración de más de 11,5 millones de documentos (2,6 TB) robados en 2015 de los servidores de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño dedicado principalmente a la gestión de sociedades offshore. Aunque la oficina principal es panameña, se trata de una firma internacional en la que trabajan más de 600 personas en delegaciones para 42 países.

Explicado de manera muy simple, una sociedad offshore es una empresa constituida en un país diferente de aquel en el que desarrolla su actividad. Constituir una empresa de ese tipo no es ilegal. En ocasiones se hace para mantener capitales a salvo cuando en el país de origen la situación es inestable. También se crean sociedades de este tipo para la gestión de propiedades en otros países o para facilitar el comercio exterior y sortear restricciones de cambio de moneda.

Una sociedad offshore, en definitiva, no es ilegal per se. Una persona o una empresa puede tener bienes o dinero en otros países siempre y cuando los declare correctamente a la hacienda del Estado en el que reside oficialmente. Sin embargo, la naturaleza de las firmas offshore las convierte en una valiosa herramienta para desarrollar todo tipo de actividades financieras ilegítimas, como abrir cuentas corrientes en paraísos fiscales y países acogidos al secreto bancario como Suiza, así como usarlas para evadir impuestos.

Los papeles de Panamá han revelado que entre los clientes de Mossack Fonseca hay 143 políticos, sus familiares o asociados. Entre esos políticos hay ya 12 presidentes de Gobierno tan conocidos como Vladimir Putin. Una trama alrededor de un amigo íntimo del presidente ruso sugiere que es el beneficiario de una sociedad que oculta 2.000 millones de dólares.

Junto a Putin aparecen nombres como Nawaz Sharif, primer ministro de Pakistán; Ayad Allawi, antiguo vicepresidente de Irak; Petro Poroshenko, presidente de Ucrania; Alaa Mubarak, hijo del antiguo presidente de Egipto, o el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.

La base de datos de Mossack Fonseca alberga 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española. El futbolista Lionel Messi, la Infanta Pilar de Borbón o el director de cine Pedro Almodóvar, por ejemplo, son clientes.

Ahora bien, de ahí a demostrar que Messi, Almodóvar o Putin han infringido la ley hay un trecho muy largo. No todos los clientes de la firma tienen por qué estar implicados en actividades ilícitas. Del otro lado de la balanza, el nombre de Mossack Fonseca tiene un historial muy feo. La firma aparece en conocidos casos de corrupción vinculados a personalidades como los presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, o la primera ministra de Brasil Dilma Rousseff.

Una primera consecuencia positiva del caso es que las agencias tributarias de los países implicados han sido invitadas a examinar la información. La Agencia Tributaria española ya está examinando la base de datos en profundidad en busca de irregularidades.

Efectivamente la Agencia Tributaria está analizando ya «en profundidad» la información de la documentación «aparecida», que revela el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles, que a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales con las que podrían haber cometido fraude fiscal. Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que este organismo utilizará todos los instrumentos a su disposición y, entre ellos, se analizarán las declaraciones presentadas en el modelo 720 de declaración de cuentas y bienes en el extranjero. De esta forma, se analizarán los datos aportados por los contribuyentes con bienes en el extranjero y los posibles «vínculos» de estos con terceros.

Medio millar de bancos de todo el mundo registraron más de 15.500 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca. Solo el HSCB (una de las mayores organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo que opera en España desde 1981), sería el responsable de 2.300 de estas sociedades. En el caso de las entidades españolas, el Santander había ayudado a crear 118 sociedades en Panamá y el BBVA 19, mientras que el Sabadell estaría relacionado con 10 de estas firmas. Sin embargo, estas tres entidades defienden que han actuado de forma correcta en todo momento, pese a aparecer en esa investigación.

Por su parte Panamá ha advertido, que no será un «chivo expiatorio» por la filtración conocida y no descarta aplicar la reciprocidad a los países que lo incluyan en listas grises o negras. Francia volvió a incluir al país centroamericano en su lista de paraísos fiscales, el gobierno de Zapatero la sacó en 2011. No olvidemos que muchas de las operaciones en paraísos fiscales de los llamados papeles de Panamá son «legales» y ese es «el problema».