Nueve meses después de tomar el control de la Generalitat, el presidente Ximo Puig ha tenido esta semana el primer gesto hacia los agricultores de la provincia, anunciando que se presentará en todos los juzgados que sea necesario para defender la continuidad del trasvase Tajo-Segura. Una decisión que le ha valido para acercase a un sector agrario, tradicionalmente más cercano al PP, pero que ahora mismo se encuentra abatido por la falta de respuestas que recibió durante la pasada legislatura, tanto del Gobierno de Mariano Rajoy como del Consell, en el que desde hace ya seis años, los mismos que casi han pasado desde el fallecimiento de José Ramón García Antón, los regantes de la provincia se quedaron sin voz ni apoyos a nivel autonómico. Ahora, Puig y la consellera Elena Cebrián, poco amigos de los trasvases, han dado al menos un paso adelante y anuncian batalla legal contra el todopoderoso gobierno de Castilla-La Mancha en temas hídricos. Un ejecutivo que, independientemente de quien mande en Toledo, lleva intentando acabar con el acueducto desde que se abriera, y eso que en sus arcas ha ingresado una buena parte de los 350 millones de euros que los regantes han pagado de «diezmo», símplemente por tener acceso al caudal del Tajo. La semana termina, por tanto, con esperanza para un sector, el hortofrutícola, al que el agua del trasvase le da vida y, además, permite mantener cien mil empleos directos en Alicante y Murcia.
Pero el voto de confianza de los agricultores a Ximo Puig lleva algo más de contenido y mensaje. La provincia, por mucho que a los alicantinos no les falte el agua cuando abren el grifo, sigue en precario en cuanto a recursos hídricos. Los propios cada vez son más escasos, la desalación ha demostrado que solo puede ser un complemento y, pese a la batalla legal que anuncia el Consell, el propio trasvase Tajo-Segura está herido de muerte por la sequía que comienza a ser estructural. Puig y Cebrián, descartado que en alguna de sus reflexiones puedan incluir el trasvase del Ebro -la única garantía por otro lado-, deben trabajar con el Gobierno que se forme en España ahora o después de elecciones, si es que las hay, en la mejora de la gestión de un río, el Tajo, que tiene agua de sobra, aunque no en su cabecera, como lo demuestra los 9.000 hm3 que se entregan todos los años a Portugal.
Y también en el otro trasvase, el hoy fallido Júcar-Vinalopó, que no arranca ni desde Cullera y se ha convertido en un ejemplo de la pésima gestión pública del tema del agua. Cuatrocientos cincuenta millones de euros tirados al sumidero por mucho que en la Junta Central hayan tragado y estén dispuestos hasta a beberse el agua del Azud de la Marquesa.
El escenario, por otro lado, que ofrece España en estos momentos es ideal para que el Gobierno que se forme en Madrid afronte de una vez por todas la elaboración de un plan hidrológico nacional. El PP ha dejado todos los planes de cuenca aprobados y la Generalitat Valenciana bien haría, por tanto, en aportar su grano de arena -gente que sabe de agua y agricultura tiene en nómina Ximo Puig- para abordar la distribución de los recursos hídricos a nivel estatal, algo que debe ser una cuestión de Estado, como se hace con la luz. Por cierto, hablar de nuevo de un trasvase moderado del Ebro no es ninguna barbaridad y, además, rebajaría la presión sobre el Tajo.
