¿Por qué después de años de instrucción decide ahora Enrique Ortiz tirar de la manta y dejar desarropados a exdirgentes populares y empresarios acusados junto a él de la financiación ilegal del partido? ¿Por qué no lo hizo antes?¿Acaso era esto lo que pretendía cuando, con el beneplácito del fiscal, se reunió con los agentes de la UDEF que le investigan por los presuntos amaños del PGOU? ¿Se hubiera alcanzado entonces también un acuerdo de no haberse desvelado los encuentros sin que aún se hubiese concretado nada? ¿Qué peso ha tenido en este cambio de postura los 17 años de prisión que le acaba pedir Anticorrupción por las irregularidades que le imputa en el plan de residuos de la Vega Baja más los que pueda sumar con el proceso del PGOU? Son muchos los interrogantes que plantea una decisión que, como estrategia de defensa, ya ha cosechado sus primeros frutos: la rebaja de una más que segura condena al punto de que, salvo imprevistos, garantiza que el promotor no ingresará en prisión. Pero puede que la cosa no acabe ahí. Habrá que estar atentos.
