Mariano Rajoy está ya invalidado. Ahora se trata de buscarle una salida suave, o mejor, de suavizar su salida para agilizar y anticiparla, seguramente ya dispuesta en su plaza de registrador de la propiedad, sita en la vecina localidad de Santa Pola. Nada le queda por hacer al frente del Partido Popular ni es desde ningún punto de vista candidato a una investidura. La situación se tornó así al declinar la candidatura que el Rey Felipe VI le proponía dos veces: cuando lo hizo quedó descartado. Sus intervenciones en las sesiones de los días 2 y 4 de marzo del Pleno de Investidura confirmaban su absoluta indisposición. Hablaba desde la superioridad y reclamaba incesante su condición de vencedor indiscutible de las elecciones del 20D. Apelaba una y otra vez a la «gran coalición» como fórmula ineludible. Todo le era debido. El apoyo del segundo partido más votado y que siguiera siendo candidato. Paradójicamente, culpaba del fracaso anunciado para proveer un presidente del Gobierno precisamente al candidato socialista, que había aceptado el encargo e intentado denodadamente formar gobierno.

Dejaba claro Rajoy que el líder socialista sólo hubiera actuado correctamente si se hubiese presentado en la Moncloa el 21 de diciembre de 2015 para hacerle entrega de modo incondicional de los 90 escaños ganados en las urnas. Algún cronista escribiría que ¡así se las ponían a Fernando VII! Calificaba el presidente en funciones cualquier otra alternativa como de «tomadura de pelo», como si las coaliciones electorales no tuvieran el mismo valor democrático que las mayorías. Y en cuanto al acuerdo PSOE-Ciudadanos, refrendado recientemente por las bases socialistas, señalaba que apenas encubría la propuesta de demolición de la ingente y moderada, nunca bien ponderada legislatura anterior, desde la reforma laboral hasta la «ley mordaza».

Rajoy es un líder político amortizado. Se habla siempre mucho del ruido en el Partido Socialista, con especiales resonancias en el sevillano Palacio de San Telmo, pero poco del sonido sotto voce en el Partido Popular. En esta formación, los «señores de la guerra» del partido, en palabras de mi amigo De Manuel, habitual radiofónico de la Cadena SER, preparan ya el hacha de guerra para la lucha de poder que se iniciará una vez depuesto el actual líder.

Parece que para entonces se postulará como sucesora la actual vicepresidenta en funciones del Gobierno, quien como nos apunta el maestro Aguilar en su telegrama de la emisora anteriormente citada, pretende que ningún ministro comparezca en el Congreso, bloqueando el control que la Cámara donde reside la soberanía nacional debe continuar haciendo en ejercicio de sus funciones.

La «vicepresidenta para todo» quiere retorcer el argumento de que este Gobierno está en funciones, fuera de tiempo de la legislatura anterior, y que fueron los diputados salientes los que le otorgaron la confianza, extrayendo la conclusión de que están fuera de control del actual Congreso. Tendremos que repetir de forma taxativa el artículo 66.2 de la Constitución que anuncia que la Constitución de las Cortes Generales -Congreso y Senado- ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que la atribuye nuestra ley fundamental. Por eso, un Gobierno en funciones debe seguir sometido a control parlamentario. Atentos.