Puestos a hacer balance, para nadie es un secreto el irremediable proceso que sufre la Comunidad Valenciana, desde sus inicios allá por el año 82 del pasado siglo, hacia la centralización. Un peligro del que algunos, no muchos, alertaron, pero que con el paso del tiempo ha quedado suficientemente corroborado. Son muchos los capítulos que se podrían traer a colación, desde los presupuestos que establecen las inversiones, uno tras otro, hasta la inevitable concentración de sedes, organismos y empresas públicas. Por otro lado, regulaciones de todo tipo, desde las políticas económicas hasta las culturales, confluyen en la ciudad de Valencia y su entorno, desequilibrando eso que se ha llamado, superficialmente, la vertebración del País, con un indudable impacto en temas tan sensibles como los derechos de las personas y el acceso a las prestaciones sociales.
A ello se une la propagación de un discurso, a estas alturas imparable, que ahoga cualquier crítica que emane de la «periferia», tachándola de localista o alicantinista, algo que debe ser malo por naturaleza, ya que -según dicen- no son más que intereses espurios que estropean la integración en una única identidad política y cultural.
Por no haber, no queda ya ni vestigio de ciertos contrapoderes, que en tiempos ya remotos ponían algún freno, no muy eficientemente tampoco, a los abusos provenientes del Cap i Casal. Hoy día, la clase política de todos los partidos está concentrada, dirigida y monopolizada desde el centro. Diputados y diputadas, ejecutivos y ejecutivas -más allá de agradables reuniones en sus comarcas- no parecen preocupados a la vista decisiones arbitrarias e injustificadas que afectan a la ciudadanía que les ha elegido.
Todo esto viene a cuento del caso CICU, los Centros de Emergencias que coordinan actualmente las llamadas de emergencia y la movilización de ambulancias, del que se ha hecho eco este periódico el pasado viernes, mediante un excelente artículo de la periodista Pino Alberola, cuya detenida lectura recomiendo.
Según expone la periodista, bien informada, la Consellería de Sanidad se propone desmantelar el CICU de Alicante, cuyo funcionamiento es envidiable, para crear un único centro en Valencia. A pesar de que ya se tiene experiencia del fracaso que ha supuesto el desmantelamiento parcial del servicio, al centralizar en la Consellería la coordinación de las llamadas de emergencia, provocando el caos en la movilización de las ambulancias, lo que se pretende ahora es su eliminación total.
Expertos, profesionales y sindicatos se han posicionado en contra de la medida en ciernes. Pedro Plou, Presidente del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, como recoge el artículo citado, teme que «habrá una peor gestión en la adjudicación del sanitario debido al desconocimiento geográfico y de las circunstancias locales que provoca la lejanía». Algunos se preguntan con razón, puestos a centralizar, por qué no se hace desde Alicante, ya que el CICU alicantino, además de una gestión contrastada y eficiente, es el centro mejor preparado para llevarlo a cabo.
El tema no es baladí, pues tiene consecuencias directas en la salud pública. Creo que es importante hacer un llamamiento a todos aquéllos que sean sensibles ante este problema para impedir que el anunciado desmantelamiento se lleve a cabo. Se echa de menos que responsables políticos y líderes de opinión, entretenidos en otros temas, sin duda importantes, no centren el foco en resolver asuntos tan delicados como éste. Un caso donde la transparencia ha de ser la guía, además de un diálogo con expertos y, sobre todo, con los directamente afectados, para resolverlo.
