Vayan ustedes a saber respecto al título, pues cada cual que escoja si se trata de lo uno o de lo otro. La mediocridad de nuestra clase política, incapaz de ocultar, justificar y prevenir daños colaterales como la escandalosa corrupción, tiene enormes paralelismos con la vida cotidiana. Si pensamos en semejanzas, un ejemplo sencillo y como botón de muestra son las viviendas, e imagínense entonces que una familia alquila un piso, algo muy común por otra parte en estos tiempos de crisis para economías de clase media. Pero surge de inmediato un problema no previsto porque además de insensato es a todas luces injusto.
El propietario (piensen ahora en el Estado o en una sucursal bancaria) exige a los nuevos inquilinos que se hagan cargo de las deudas contraídas por los anteriores ocupantes, puesto que abandonaron la vivienda sin haber pagado los gastos de luz, agua, calefacción, además de causar graves desperfectos en el piso cuando sabían que se tenían que marchar. El titular del apartamento, bien el Estado, bien la Banca, mandan a sus intermediarios, personificados en el administrador de la finca (el Gobierno de la Nación) o el abogado financiero, y éstos, los mediadores, exhortan a los nuevos inquilinos a pagar hasta el último céntimo el débito de los anteriores moradores.
Los flamantes arrendatarios se niegan, por supuesto. Alegan que ellos no tienen la culpa ni son los responsables de que sus predecesores fueran unos irresponsables y dejaran la vivienda patas arriba, pero por más que se defienden no tienen nada que hacer. Los negociadores, el Gobierno central y el abogado bancario, expresan que si no pagan los pasivos pendientes, aunque no sean suyos, deben de irse de su propiedad. Se irían encantados ante tal abuso, pero ¡ay! amigos lectores, allá donde vayan les va a pasar lo mismo y se van a encontrar, como una esperpéntica espiral, con que los anteriores vecinos se fueron con desmesurados impagos y los dueños (el mismo Gobierno y el mismo banco) les van a volver a insistir con idénticas imposiciones: si no pagáis os marcháis, porque tienen asegurada la cola.
Este doméstico patrón, trasladado a la política, no es para nada ficticio, sino absolutamente real. El Ministerio de Hacienda amonesta a Francisco Camps y Alberto Fabra por haber adulterado el déficit de la arcas de la Generalitat justificando facturas sanitarias, exigiendo además el pago de los diecinueve millones de multa de la UE al nuevo Consell valenciano, como si los nuevos dirigentes políticos fueran los culpables de tanta incompetencia. Y no sólo queda aquí el atropello, pues niega el Gobierno central una nueva financiación al gobierno autonómico por más que sepa que los anteriores gobernantes fueron quienes saquearon la caja con inversiones absurdas, obras con sobrecostes y frivolidades desmedidas.
Lo mismo acurre en Andalucía, con el dinero público pulverizado por los ERE o los cursos de formación; en Cataluña, con el saqueo de los Pujol; en Madrid, con grandes proyectos fantasmas que se quedaron por el camino mientras descuidaban los problemas más emergentes; en Grecia, donde los nuevos inquilinos de Syriza han tenido que doblegarse a las presiones implacables del BCE mientras los verdaderos responsables de la bancarrota helena siguen paseándose y de rositas.
Los nuevos alquiladores tienen que apechugar con los despropósitos de los anteriores, pues los propietarios (llámense Gobierno de la Nación, la Banca o el BCE) no le echan el guante a los verdaderos culpables por encontrarse en paradero desconocido, o si están localizados se declaran insolventes o si por fin hay litigio por medio pueden pasar años para que haya sentencia, so pena que en el transcurso del proceso prescriban delitos, se destruyan pruebas, se blanquee la pasta o se desvíen los fondos a paraísos fiscales, además de que las propiedades no podrán ser embargadas porque acaban en manos familiares o amigas.
Porque al final la exigencia de los dueños de la vivienda de que los nuevos inquilinos paguen las incongruencias que no son suyas crea una inmoral jurisprudencia. Es una maquiavélica forma de lavarse las manos mientras los probados culpables (por introducir la mano en el cazo o por irresponsabilidad manifiesta) disfrutan de impunidad. Porque si los caseros (los gobiernos) miran a otra parte y no atajan los problemas de raíz, los nuevos inquilinos acabarán por destrozar las viviendas y exentos de infracciones, los parlamentos autonómicos serán ingobernables por quiebra y saldrán entonces a la palestra fuerzas emergentes radicalizadas y paladines.
Así que, visto lo visto, que impere la sensatez, si es que aún queda.
