Hay dos noticias destacadas en la actualidad de la gestión cultural alicantina que pueden definir muy bien el estado de la cuestión, sobre si estamos asistiendo al cambio prometido por el nuevo gobierno o no. Una es la primera convocatoria pública por la Concejalía de Cultura para seleccionar las exposiciones de arte de las diferentes salas municipales. Una convocatoria en cuyas bases no se especifica la cantidad económica adjudicada para tales proyectos. Véase la diferencia con las publicadas por la concejalía de Valencia también para la programación de sus salas de arte. En estas sí consta muy claramente la cantidad adjudicada al trabajo del artista y del comisario, aparte de la producción, transporte, montaje... De esta manera, la cuestión económica no se convierte en un factor decisivo en la selección de las propuestas. En la convocatoria alicantina, los proyectos serán valorados por un comité de expertos, cuyas dos terceras partes dependen de la administración y solo una es independiente de la misma. Y un factor de puntuación es la viabilidad presupuestaria, que teniendo en cuenta la actual precariedad económica, pues aunque no se publican los presupuestos de la concejalía de cultura, solo se nos dice que no hay dinero, interpretamos que los proyectos de menor coste tendrán mayores posibilidades. Además ¿quién va a presentar un proyecto coherente sin un presupuesto claro? Los que se lo puedan permitir. Seguimos igual. Estas medidas no hacen más que crear división en el sector, entre los que defienden la dignidad del artista como trabajador y los que ven en la exposición a su costa la única posibilidad de exponer.
Otra de las noticias destacadas es la visita del conseller Vicent Marzà al Centro Cultural Las Cigarreras para conocer su proyecto, aunque nada se ha concretado de éste en base a un presupuesto claro. El conseller y el concejal de Cultura hablaron de la intervención económica que sufre Alicante, causada por la mala gestión del gobierno anterior, por lo que no recibe dinero de la Generalitat. Además, por la falta de dirección y proyecto en nuestras salas, éstas tampoco son organismos de esta entidad comunitaria. Es la pescadilla que se muerde la cola, pues sin dinero no se pueden crear proyectos ni cargos de dirección. Pero en similares circunstancias el Gobierno Valenciano no ha dudado en llevar al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado para 2016. En una denuncia de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana al considerar que esta ley impide a la Administración autonómica prestar los servicios fundamentales en las condiciones que establece la Carta Magna. Sin embargo desde Valencia no ven que Alicante no puede hacer cultura sin dinero, y que con esta condición de «intervenida» no se pueden cumplir los mínimos en la gestión cultural. Una medida que solo afirma el continuismo de una política que crea la desigualdad entre las tres provincias de la Comunidad.
