Acostumbrados a políticas de gasto, los socialistas que gobiernan en la Comunidad Valenciana no acaban de entender una cosa elemental en economía pública. Qué cuando no hay ahorro propio si uno quiere gastar hay que echar mano del ahorro ajeno. Sea pidiendo un préstamo al intermediario prestamista o mediante la imposición tributaria sobre las rentas y el consumo.
Ya todos conocemos el despilfarro causado por el anterior Gobierno del Partido Popular y la deuda que ha dejado en las cuentas públicas autonómicas. También conocemos los efectos sobre grandes capas de la población de una crisis económica que aún no acaba de remitir. Y qué decir de una corrupción sistémica económica y política que día sí y otra también aflora por todos los telediarios.
Todo esto lo saben o deberían saber los socialistas desde aquellos tiempos en que uno de ellos, José Bono y un destacado miembro del Partido Popular, Eduardo Zaplana, manifestaran admiración mutua y recíproca amistad. Como también lo saben o deberían saber en el momento en que, aun no siendo la fuerza más votada, Ximo Puig y sus acólitos deciden asociarse mediante un pacto de gobierno a otras fuerzas políticas con las que comparten idénticos intereses.
De ahí que no se entienda esa queja permanente sobre la falta de financiación o sobre el reclamo de una supuesta deuda histórica que no sabemos muy bien quién nos debe, o ese lamento trasladado hasta la saciedad a todos los estamentos civiles sobre un reparto injusto de los fondos que proceden del Estado. En definitiva, no entendemos que el mandato dado a la izquierda valenciana para gobernarnos se haya convertido en un constante fluir de petitorios a Santa Rita, cuando no un rosario de lamentos como excusa ante una incompetencia manifiesta sobre qué se debe hacer en unas circunstancias del todo conocidas.
Y lo que deben hacer es emplear con eficiencia los escasos recursos que la crisis y la mala gestión de gobiernos anteriores han dejado en las arcas públicas, creando políticas que faciliten el emprendimiento y las iniciativas empresariales y no planteando iniciativas de inversión pública en sectores nada productivos como la creación de una nueva televisión autonómica. Lo que deben hacer es reformar, en aquello que le compete, la burocratizada Administración autonómica, que continúa siendo nido de clientelismo político de uno y otro signo. Lo que deben hacer es fomentar el consumo y la demanda dando facilidades para una mayor flexibilidad y libertad comercial, evitando, además, asfixiar al contribuyente con nuevas tasas e impuestos especiales. Lo que deben hacer, y puesto que las funciones de reasignación de rentas y de crecimiento económico corresponden al Gobierno central, es cooperar para una pronta recuperación de nuestro óptimo de bienestar con ese gobierno, sea del color que sea, y concentrar sus esfuerzos en colaborar para una futura modificación de la ley de financiación autonómica gestionando al mismo tiempo su función de provisión de bienes y servicios públicos con los medios de que dispone.
Pueden hacer muchas cosas más para no poner en peligro la estabilidad económica del país. Cumplir con sus obligaciones y no pedir al gestor del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), o sea a papá Estado, unos recursos que no podrá devolver jamás.
