Recordando aquella frase tan graciosa que Cayetana Álvarez de Toledo dijo vía Twitter a Manuela Carmena con ocasión de los cambios en la última cabalgata de los Reyes Magos de Madrid, decimos nosotros que los articulistas de prensa escrita de España nunca podremos perdonar al Partido Popular la ingente cantidad de textos que hemos tenido que escribir -y que tendremos que seguir escribiendo- sobre los innumerables casos de corrupción surgidos en los últimos años en instituciones gobernadas por la derecha española. Y lo decimos porque hubiésemos preferido escribir sobre política de verdad, sobre filosofía o literatura, es decir, sobre cualquier aspecto cultural e intelectual de la sociedad española y no sobre las ciénagas recién descubiertas de un partido que durante años se autoproclamó como el campeón de la austeridad y del respeto a las instituciones democráticas.

Así que esta semana tenemos que volver a hablar de la corrupción del Partido Popular, imputado de manera formal como partido político por blanqueo en la operación Taula, siendo la primera vez en la democracia española que se imputa a un partido político como persona jurídica. Lo hacemos para contribuir, aunque sea de manera mínima, a la limpieza de las instituciones democráticas que favorezca, algún día, la consecución de una nueva confianza de la sociedad española en la clase política y en la importancia de su actuación.

También tenemos que hablar de los numerosos contrasentidos que se han descubierto en la manera de gobernar del Partido Popular gracias al cambio electoral que se produjo en las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo pasado.

Con sorpresa conocimos, hace unas semanas, los escandalosos gastos del que fuera director de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, Nacho Villa, durante el tiempo que ejerció su responsabilidad bajo las órdenes de María Dolores de Cospedal. Y decimos que nos ha causado una gran sorpresa porque durante años pudimos ver a Villa en diferentes tertulias televisivas de cadenas privadas criticar duramente la existencia de televisiones de carácter público a las que acusaba de ser fuente inagotable de gasto superfluo y de ponerse al servicio del partido político que gobernase en ese momento. Huelga decir que las mayores críticas que hizo fue a RTVE durante los años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, desde el primer día de su mandato Villa se dedicó a despilfarrar el dinero de los contribuyentes en hoteles, compras en tiendas de artículos de lujo, bebidas alcohólicas en pubs y en comidas o cenas en restaurantes de primera categoría. Cuando comenzó a conocerse la actitud de Villa -de un servilismo hacia el Partido Popular de Castilla-La Mancha que rayaba el feudalismo- la oposición le pidió explicaciones en el Parlamento. No se le ocurrió otra cosa a Villa que acusar a la oposición, entre grandes aspavientos, de querer enviarle un sicario, algo que, una vez conocido el tren de vida que llevaba gracias al dinero público, convierte a este periodista en uno de los ejemplos más claros de lo que significa en España ser liberal: despotricar contra lo público de manera continuada y aprovecharse de ello en cuanto surge la menor oportunidad.

Escuchamos a menudo a los más importantes representantes de la teoría del «cuanto menos Estado mejor» la necesidad de recortar todo lo que se pueda la Administración estatal. Podríamos entender este pensamiento como la expresión de una concepción de la sociedad basado en la idea de que cada uno se busque la vida como pueda. Sería una teoría muy injusta que, casualmente, siempre aprovecha a los que mayor poder económico y social tienen. Pero la realidad es que la realización práctica de esta idea siempre pasa por el aprovechamiento de lo público en beneficio propio, es decir, precisamente de aquello que pretenden hacer desaparecer. Y no sólo se empecinan todo lo posible en conseguir el desmantelamiento de lo público sino que al mismo tiempo preparan su futuro para trabajar en las empresas que se benefician de las privatizaciones que se ponen en marcha en cuanto estos supuestos liberales acceden al poder.

Los mal autodenominados liberales españoles no tienen, en realidad, ninguno de los principios que rigen el liberalismo. Poco o nada tienen que ver los partidarios de una España donde los preceptos católicos impregnen la vida diaria de los españoles, la economía se rija por la ley del más fuerte y donde se pretende que las empresas sean libres en el ejercicio de las relaciones laborales, con la España de la UCD, de Gregorio Marañón o de Ortega y Gasset que tanto invocan. La actual crisis económica en que estamos inmersos tiene su origen en la libertad que se dio, desde la década de los 80, a bancos y empresas permitiendo su autorregulación en apartados que debería haber sido llevada a cabo por los Estados y organismos internacionales. Son ahora las clases medias y bajas las que principalmente han tenido que absorber en forma de recortes y de subidas de impuestos la consecuencia de un sistema económico que, en el caso español, generó una corrupción que ha agudizado el problema. La situación de las cuentas públicas de la Comunidad Valenciana o de Madrid así como los casos de corrupción surgidos en ambas comunidades advierten sobre la necesidad de realizar un giro completo a lo vivido en los últimos 20 años que trate de arreglar la actuación de los neoliberales al frente de las instituciones.