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José María Asencio

La gestión de lo público

Revertir a la gestión pública ciertos servicios hoy encomendados a la empresa privada, mediante concesiones o licencias, no puede ser analizado desde la simple opción por un modelo con base en planteamientos ideológicos que puedan dar lugar a que tales servicios se otorguen en peores condiciones o que supongan gastos adicionales innecesarios sin que ello se traduzca en una mayor calidad de lo que se ofrece. Las alternativas, hoy múltiples, han de ser valoradas con la mesura propia de quien está obligado a satisfacer necesidades básicas, con la debida reflexión y sin ataduras dogmáticas, salvo que el sistema elegido frustre los derechos o haga escapar del control público servicios esenciales que están dirigidos, prioritariamente, a la satisfacción de intereses generales.

Muchas veces nos hemos cuestionado la razón por la cual lo público contiene deficiencias que lo privado supera. Y muchas veces nos hemos preguntado el porqué es más caro lo público en relación con lo privado cuando en aquel no hay ánimo de lucro. Porque, una cosa es que lo más caro sea de mayor calidad, en cuyo caso, cuando se trata de protección social, por eficiencia hay que entender satisfacción de los derechos. Pero, cuando lo peor resulta más gravoso, debemos plantearnos qué es lo que falla, dónde está el defecto, qué se debe hacer para evitar esta contradicción que pone lo público, en muchas ocasiones, bajo sospecha de ineficiencia.

La inclinación cada vez más determinada por la privatización de la gestión de ciertas prestaciones, que se evidencia en cualquier lugar con independencia de la ideología de los gobernantes, merece ser analizada con más profundidad. No es suficiente concluir una reflexión sobre esta conducta con simples referencias a la izquierda y la derecha, ciertamente muy matizadas en los tiempos presentes, complejos y en los que la economía globalizada ha alterado muchas de las realidades hasta hace poco base de las decisiones políticas.

Tengo para mí que la crisis de lo público tiene su origen en su forma de gestión, en la irresponsabilidad de los partidos que consideran propio y privativo lo que es común, en la intromisión indebida de sus intereses en lo que debería ser conducido desde criterios de profesionalidad para hacer los servicios eficaces. Lo público no funciona adecuadamente y podría y debería funcionar, por la simple razón de su excesiva politización, de modo que su ordenación se aparta de criterios de eficacia para ser sustituido por planteamientos estrictamente partidarios. Las empresas públicas son un ejemplo de mal funcionamiento cuando podían ser un modelo de gestión útil.

Todo servicio público que es dirigido desde las instituciones pasa a ser inmediatamente regido por sujetos designados directamente por los partidos, los cuales, lejos de elegir a profesionales capaces, suelen inclinarse por militantes leales a las siglas a los que se debe un reconocimiento o recompensa. Consejos de Administración de los que forman parte concejales sin preparación, empresas dirigidas por personas sin méritos suficientes o, simplemente, que deben ser apoyadas a cambio de su lealtad en el seno de las organizaciones políticas. Basta observar la nómina de asesores en cualquier institución para comprobar que no es el conocimiento lo que prima.

La corrupción tiene mucho que ver con esta forma de entender lo público, que se traduce en partidista, en propiedad o coto de las organizaciones que entienden que ganar las elecciones es sinónimo de invasión de cualquier espacio posible. Todo lo que depende de la Administración es puesto al servicio de la militancia, de las lealtades internas, siendo de este modo que se produce una suerte de interrelación entre institución, empresa pública o servicio y partido, de lo que en muchas ocasiones se ha derivado alguna financiación ilícita que parece ser el precio a pagar por el designado, la contraprestación debida.

La gestión de lo público, por desgracia, se ha revelado ineficaz, siendo la opción por lo privado consecuencia de un modo de entender la política, como colonización de las instituciones, de la sociedad y de toda expresión de ésta.

A la hora, pues, de plantearse la reversión de la gestión de los servicios públicos a manos municipales, lo que en nuestro Ayuntamiento está ahora en fase de planteamiento, deben tenerse en cuenta muchos factores, sin que sea el menor quién y cómo se va a llevar a efecto la administración de dichos servicios, la nómina de directivos. Porque, si van a ser los políticos los que se encarguen de ello, mejor será dejar las cosas como están. Si una cosa tan simple como el pago de cien euros para los libros de texto parece un obstáculo insuperable, mucho me temo que cotas mayores serán inalcanzables.

Cuando la confianza en la clase política mengua, la consecuencia es que se reduce la que se debería tener en todo aquello que de ella depende. Lo público no tiene por qué ser ineficaz. Antes al contrario, una gestión adecuada, cuando no hay ánimo de lucro, debería permitir satisfacer las necesidades con más eficacia y menos gasto. La realidad demuestra lo contrario y los defensores del sistema no tienen intención de superar los defectos y renunciar a lo que consideran privilegios.

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