Treinta tramos de carreteras de la provincia son calificados de alto riesgo por la DGT y van a ser objeto de controles más exhaustivos con el objetivo de prevenir y reducir la siniestralidad. Si en los últimos años habíamos conseguido disminuir, aunque no en todo lo que nos hubiese gustado, la elevada cota de víctimas que la sociedad española tenía que sufrir, durante los últimos meses los balances y las estadísticas van volviendo a mostrarnos cifras que tienden a crecer. Es como si todos aquellos factores que se alinearon para frenar una lacra social inasumible se fueran disipando con el transcurso de las semanas y, desgraciadamente, el incremento de los funestos números que el asfalto de la carretera nos va arrojando vuelvan a convertirse en epicentro de la actualidad. Es cierto que este es un problema complejo y para resolverlo o mitigarlo hay que incidir en múltiples causas, desde la mejora de las condiciones de las vías, a las campañas de concienciación social, así como la intensificación de las actuaciones de la DGT contra los excesos de velocidad, las tasas elevadas de alcohol entre los conductores e incluso fórmulas para evitar el consumo de drogas por los conductores. Parte de estas causas hay que achacarlas a las diferentes administraciones que, por la crisis, han dejado de lado las actuaciones de mantenimiento y mejora de las calzadas. Y habrá que pedir que vuelvan a invertir en ellas, pero no es menos cierto que otra buena parte está intrínsecamente relacionada con excesos de los automovilistas, con imprudencias de los motoristas o con negligencias de los peatones. No podemos permitirnos recuperar el elevado listado de muertos y heridos de gravedad que teníamos. Al contrario deberíamos intentar reducirlos hasta niveles ínfimos. Para ello, para erradicar la tragedia del asfalto, cada uno debe poner de su parte.
