La aprobación ayer de los decretos por los que la Generalitat asume las competencias turísticas y deportivas de la Diputación, sin esperar al resultado del debate abierto por el Patronato de Turismo y el sector, ha roto las siempre tensas relaciones que mantenían Valencia y Alicante en todo lo relacionado con la promoción turística. El decreto turístico limita ahora la capacidad de actuación del Patronato a los «bolos» dentro de la geografía provincial, y limita al máximo su margen de maniobra en las ferias, algunas tan importantes y golosas como Fitur, World Travel Market, ITB de Berlín, cualquier otro tipo de actuación más allá de Villena, Dénia o Pilar de la Horadada y, por ejemplo, uno de los proyectos estrella de la Diputación para este año, su participación activa como coesponsor de la Vuelta Ciclista a España a cambio de que la prueba discurra en parte por la provincia. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, lleva insistiendo desde el primer día en que sólo se trata de organizar mejor la promoción y evitar duplicidades -discurso incuestionable si es cierto- y en el texto figura aquello de que en el consejo asesor habrá paridad de miembros de Consell y Diputación. Sin embargo, nadie puede ocultar, pese a que también afecte a la política turística de la Diputación socialista de Valencia, que el paso adelante dado por Ximo Puig, equivocado o acertado, no es más que un intento para desactivar el búnker de poder que le queda al PP en la provincia de Alicante. El turismo es una actividad capital, muy sensible y da votos. De ahí el desconcierto de los populares César Sánchez y Eduardo Dolón -legítima su defensa-, que han visto cómo el invento del club de opinión «Ágora Costa Blanca» ha durado una semana. Desde el principio sonó a humo para ganar tiempo para tratar de desactivar el «decretazo», y ni Colomer ni Puig se lo creyeron. Para colmo, a la gran patronal hotelera y a muchos empresarios turísticos de peso en la provincia les da igual quien coordine la política turística, siempre que ésta sea efectiva y sirva para algo. Por ahí pocos aliados va a encontrar César Sánchez si es que decide finalmente no renunciar a la batalla, que es lo que pareció ayer al vincular el decreto con un intento para acabar con la marca Costa Blanca. La ley está con el presidente Puig y parece, tras la leer la literalidad del decreto, que el sentido común también, a no ser que tras sus palabras no esconda un torpedo contra la línea de flotación de la Diputación, que tampoco es descartable. El tiempo dará o quitará razones a los protagonistas.
