Tribuna

El estado de bienestar y sus reformas

05.03.2016 | 05:08
El estado de bienestar y sus reformas

La Administración Pública española mantiene desde los años ochenta la asignatura pendiente de su reforma, necesaria para poder encarar los grandes retos del futuro

Nuestro actual modelo de Estado del Bienestar no se sostiene, la excesiva grasa que soporta abre sus costuras y mina sus cimientos. Las reformas son imprescindibles, no admiten más demoras ni atajos. O se refuerzan sus pilares con nuevos materiales o el constructo se viene abajo.

Dos circunstancias determinan este deterioro en España, una, de orden más político, sería la creciente ineficiencia de la Administración en la gestión de los recursos públicos y en su papel ante los nuevos riesgos sociales, y cuya responsabilidad no habría que achacar solo a los empleados públicos y su falta de preparación sino a los distintos gobiernos y sus políticas, que ven en los presupuestos una ocasión para la práctica del clientelismo político, cuando no del expolio y de la corrupción. La otra, de tipo económico, tiene su origen en la globalización del sistema capitalista, un sistema cada vez más expuesto a crisis económicas provocadas por las especulaciones financieras y monetarias, basadas en las expectativas de inflación en una economía.

La Administración Pública española mantiene desde los años ochenta la asignatura pendiente de su reforma, necesaria para poder encarar los grandes retos del futuro. En la actualidad, todavía se ve a la Administración como una gran empresa de prestación de servicios que se descentraliza con la creación de múltiples organismos autónomos, delegaciones territoriales, empresas, consorcios y fundaciones, multiplicando la burocracia y los recursos humanos. Ancha es Castilla, deben pensar algunos. No acaban de entender que la ciudadanía demanda cada vez mayores y diversos servicios y que es preciso encontrar nuevos mecanismos e instrumentos que permitan atenderla de manera más flexible y eficiente.

Las reformas pendientes han de considerar la posibilidad de centrar sus esfuerzos en la planificación, el análisis y en la provisión, y no tanto en la gestión operativa de los servicios, que pueden hacerlo otros actores que no pertenezcan a la Administración pública, cediendo así protagonismo a la sociedad civil y a la eficiencia del mercado. En general, se trata de profesionalizar las organizaciones públicas, utilizar estándares de rendimiento, controlar al funcionariado a través de indicadores de resultado e intensificar la disciplina en la utilización de los recursos públicos (Hood, 1991, 1996). Como verán, nada que ver con lo que proponen estos nuevos políticos de actitud vociferante que anidan en los distintos gobiernos tripartitos, tanto autonómicos como locales.

La nueva división internacional del trabajo, la libre circulación de capitales, la necesidad que tienen los países de competir en un mercado global son razones que explican la necesidad que tienen los países como España de adaptar sus políticas sociales a un entorno más competitivo, con recortes del gasto y con la pertenencia a organismos supranacionales (UE) que les obliga a buscar soluciones homogéneas en defensa de intereses comunes. Lo que suele ocurrir cuando se presentan crisis económicas globales como la que se viene padeciendo desde 2008 y que aún no podemos dar por finalizada.

Siempre hemos defendido que las políticas que invierten en capital humano son algunas de las respuestas correctas al reforzamiento de los pilares que sustentan nuestro Estado de Bienestar. La educación temprana, las políticas de apoyo a las mujeres y a los padres y madres solos, las políticas activas de empleo, la vejez activa, la integración de los inmigrantes y, como ya hemos dicho, la modernización de la Administración son algunos ejemplos de estas propuestas.

La necesidad de contar con un Gobierno estable y comprometido con las reformas que España necesita es urgente. De ahí que no se entienda el lamentable espectáculo que se está dando entre todas las fuerzas políticas, sobre todo en aquellas que tienen mayor responsabilidad en cuestiones de Estado, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista.

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