Después de tantos tiras y aflojas y de múltiples recursos y contrarecursos judiciales, ya empieza a ser hora de que se aborde la reforma definitiva de la plaza de la Rosaleda de Alcoy con los criterios marcados por el TSJ. Es cierto que supone un contratiempo para las arcas municipales y que a este gobierno le va a tocar limpiar las vergüenzas urbanísticas que dejó el anterior ejecutivo del PP, pero las sentencias están para cumplirse. Lo lamentable, además de las consecuencias económicas, es que nadie se haya dignado en asumir responsabilidades, ni tan siquiera políticas.
