Contra la judicialización de la política

Difícil y complejo es el tema sobre el que la sociedad en su conjunto, y los ciudadanos que ocupan cargos de representación política en especial, deberíamos reflexionar: la judicialización de la política.

Como una primera aproximación, en términos coloquiales, podríamos entender por judicialización el hecho de que se dirimen en sede judicial los actos, hechos y decisiones de nuestros políticos. Y eso es malo. Representa una sociedad socavada en forma importante por la corrupción. Y eso es malo.

Claro que no todas las situaciones son iguales. Cuando se detiene a alguien por blanqueo de capitales, o por ocultación de patrimonio, cuentas en paraísos fiscales, o por... Eso es bueno. Representa un sistema de investigación policial de lucha contra el delito eficiente. Y eso es bueno.

Y bien es sabido que cuando se produce una denuncia en sede judicial contra una figura pública, automáticamente, se produce un juicio paralelo en la prensa, es los espacios de opinión, en la calle. Juicio no sujeto al rigor jurídico, por supuesto. Juicio, generalmente, mucho más «duro». Es público y notorio que, cuando alguien es imputado en sede judicial (investigado, como se denomina ahora) automáticamente su imagen pública queda dañada y su carrera política, previsiblemente, truncada. La presunción de inocencia brilla por su ausencia en esos casos. Y de ahí nace una fuerte tentación, la de utilizar el Poder Judicial como forma y mecanismo para vencer al contrincante político. «Denuncia que algo queda» sería la máxima aplicada. Y eso es malo, muy malo. Representa un país con una praxis política sucia. Y eso es malo.

Claro, ¿dónde situar la línea divisoria de ambas situaciones? Y además identificarlas.

Parece claro que cuando exista lucro para el protagonista, o cuando se tomen decisiones que dañen intencionadamente a terceros, cuando se obtenga un beneficio económico y/o se persiga perjudicar a alguien (ya sea ese alguien individual o colectivo), eso es denunciable, eso debe ser denunciado, investigado y que caiga todo el peso de la ley sobre los causantes. Y eso es bueno. Porque, en realidad, no se trata de un tema político, sino de un delito, favorecida su ejecución por el cargo que se ocupa (lo cual es un agravante, cabe señalar). Y penalizar el delito, eso es bueno.

La situación que se puede presentar es la de la paralización de la actividad política de las instituciones. Si se crea la idea de que, cualquier decisión «discutible» o sujeta a diferentes interpretaciones, puntos de vista o valoraciones, puede terminar en una denuncia judicial, entonces puede ocurrir que no se tomen. Y eso es malo. Representa una reducción del nivel de actividad de las instituciones perjudicial para los conciudadanos. Y eso es malo.

Consecuentemente, las «batallas» (permítaseme la expresión) políticas se deben desarrollar en los Parlamentos, en los plenos de las Diputaciones, en los plenos de los Ayuntamientos y, finalmente (o inicialmente), en la calle, con la participación de los ciudadanos. Resueltos democráticamente en las votaciones. Y eso es bueno. Representa un estado de salud democrática buena.

Democráticamente, el recurso a la judicialización de la política no es aceptable. La democracia funciona también gracias a un nivel razonable de desconfianza mutua entre los agentes de cualquier gobierno y su oposición.

Lo adecuado no es defender la imposibilidad de que los tribunales de justicia puedan examinar una determinada acción de gobierno, dada su motivación política. Y no digamos de un delito. Por supuesto que no. En eso creo que estaremos todos de acuerdo. Lo adecuado es conocer que la judicialización de la política es justamente una falta de políticas de quienes recurren a ella buscando la repercusión mediática que comporta y esperando que se materialice en un resultado electoral que, en el debate de las ideas, y por ellos mismos, no pueden alcanzar.

Y ello es malo. Degradar, reducir el nivel político del debate es perjudicial para todos, incluidos sus protagonistas, aunque ellos no lo sepan aun.