19 de febrero de 2016
19.02.2016
El ático

Al César lo que es del César

19.02.2016 | 05:08
Al César lo que es del César

Con periódica insistencia oímos reclamar que se acabe con «los privilegios de la Iglesia» y se la obligue a pagar el IBI de sus edificios. A estas alturas no voy a explicar a sus promotores que un Ayuntamiento no puede dictar normas contra otra de rango superior, de modo que voy a limitarme a dar algunos datos para situar la cuestión, para saber «hacia dónde cae» esto de la Iglesia y la exención del IBI.

Cuando se habla de privilegio se está hablando de una «ventaja exclusiva que goza alguien por concesión de un superior» (DRAE). En este caso se señala al Acuerdo sobre Asuntos Económicos alcanzado con la Santa Sede en 1979. No se quiere mirar a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, o a la Comisión de Comunidades Israelitas, o a la Comisión Islámica, con las que el Estado llegó en 1992 a acuerdos semejantes. «Hombre –dicen- es que su presencia es apenas testimonial, y no supone una gran cosa». No, denunciar esos acuerdos con la Iglesia Católica y no con el resto de entidades mencionadas es claramente discriminatorio por razón de religión, y eso sí está expresamente prohibido por nuestra Constitución.

Y, sobre todo, es que, a estas alturas, esos acuerdos han quedado ampliamente rebasados por la Ley de Mecenazgo de 2002, que exime de pagar el IBI a una serie tan larga de entidades que difícilmente puede nadie seguir hablando de privilegio: afecta, además de a los inmuebles destinados a uso religioso, a los servicios públicos, a los edificios de gobiernos extranjeros, a ONGs, y a edificios pertenecientes al patrimonio histórico-artístico -donde, qué casualidad, encontramos infinidad de edificios de la Iglesia -, a entidades varias de fines no lucrativos,...

Es decir, que, a la vista de lo que hay, el privilegio es pagar el IBI: son legión los que no lo pagan: sinagogas, mezquitas, comisarías, cuarteles, cárceles, juzgados, hospitales, centros de salud, colegios públicos y concertados, embajadas, la Renfe, Feve, la multitud de castillos y palacios que hay en España, la SGAE, la Cruz Roja,... 

«Hombre, es que en épocas de crisis nuestros Ayuntamientos necesitan fondos, y todos tienen que arrimar el hombro». Perfectamente, y la Iglesia no necesita que se lo recuerden. Como tampoco lo necesitan los propios Ayuntamientos, que constantemente remiten a Cáritas Parroquial a las personas que acuden a ellos solicitando ayuda.

Pero si todos tienen que arrimar el hombro, ¿cuánto les cobra Carmena a la embajada de los Estados Unidos, o de Rusia; o de Cuba o Venezuela, pongo por caso? ¿Con cuánto contribuyen a paliar los efectos de la crisis los titulares del Castillo de la Mota, o del Palacio Real?

¿Es la crisis fruto de la mala administración de la Iglesia? Pioz, en Guadalajara, tardará 7058 años en pagar sus deudas; ¿será culpa de su párroco? Peleas de Abajo, en Zamora, tiene 240 habitantes y debe 4,6 millones de euros; ¿porque la iglesia parroquial no paga IBI? ¿No tendrá nada que ver alguno de tantos personajes que adornan las listas de beneficiarios de esa colección de dietas, tablets, móviles, asistentes, pensiones vitalicias, etcétera, todo con cargo a los Presupuestos Generales?

Recuerdo las inspiradas declaraciones del coordinador general de IU, Cayo Lara: «Que la fe se la pague cada uno». Pues eso digo yo: que cada cual se pague lo suyo: que el partido político lo paguen sus afiliados, y que sean los sindicados los que se paguen su sindicato. Y, ya puestos, que el equipo de fútbol de la ciudad se lo paguen los hinchas, y que los aficionados al deporte se paguen su polideportivo, y que el cine lo subvencionen los cinéfilos –o los políticos, si quieren, pero de su propio bolsillo-. Y que los aficionados a la lectura se paguen las bibliotecas, y que los aficionados al ciclismo se paguen su carril bici- Y...

Pero así están las cosas: el Estado corre con los gastos de todos. Y nuestra Constitución, acabo de recordarlo, prohíbe discriminar por razón de religión.

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