La mejor promoción que puede realizar la Administración, autonómica y provincial, de la Costa Blanca es que las carreteras estén en perfecto estado de revista, que no haya cortes de luz en pleno verano, que las ciudades estén limpias y que no haya que ir a las fuentes públicas a cargar cubos de agua como sucedió en los años 70 y perdimos el mercado alemán. La reflexión no es mía, me la hizo ya hace unos años el empresario José María Caballé, que algo debe saber de turismo cuando gestiona 16 hoteles y da trabajo a dos mil empleados en la exitosa Servigroup. O sea, que cuanto menos intervencionismo, mejor. Una reflexión que estos días vuelve a tomar fuerza por el paso adelante dado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para asumir, entre otras, las competencias turísticas de la Diputación. El mismo jefe del Consell que arrancó la legislatura lanzando la primera piedra insinuando la posible creación de una tasa turística, el mes de enero desactivando la presencia de las marcas «Costa Blanca» y «Benidorm» en Fitur (el mismo día que se inauguró la muestra hubo que buscar a unos carpinteros para fabricar el nombre de la ciudad porque el estand pasaba desapercibido y se mascaba ya la bronca) y el presente febrero con el anuncio de la toma, vía decreto, de las competencias turísticas de la Diputación, único contrapoder que le ha quedado siempre a la Costa Blanca ante el rodillo y el ninguneo del cap i casal al sector turístico, gobierne quien gobierne. Y aprovechando el río revuelto y como si no tuviera frentes abiertos, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha sumado fuerzas esta semana con el presidente de la Diputación, César Sánchez, defendiendo a la institución y reclamando una marca turística propia para Alicante. Guiño a los hoteleros y rejón al presidente Puig.
¿Qué si es mejor centralizar toda la oferta e imagen bajo una sóla marca como Andalucía? ¿Qué es mejor fiscalizarlo todo desde la Agencia Valenciana de Turismo? Palabrería y ruido que sólo esconden una realidad. Las ganas de PSOE y Compromìs de acabar con todo lo que huela a PP en la Administración de la Comunidad Valenciana. El turismo es, ahora, la excusa. Un sector y una actividad que nunca ha importado en Valencia a nadie con capacidad de decidir y que sigue siendo la «Cenicienta» de la Generalitat, como lo demuestra que sólo absorba el 0,4% del presupuesto autonómico. Las asociaciones empresariales han reaccionado, en principio, con tibieza para no molestar a los que de vez en cuando les sueltan unos euros para ayudar en su trabajo diario, pero en el fondo los hoteleros y los empresarios del sector vivirían mucho más cómodos sin tener que aguantar al inspector de turno diciéndole cuantos enchufes debe haber en una habitación, mientras se permite, al menos hasta ahora, el descontrol del alojamientos sumergido.
El turismo no necesita mentores y coordinadores. Necesita gestores que hagan que, por ejemplo, no se tarde más tiempo en llegar del aeropuerto a Benidorm, que de Londres al aeropuerto, o que el viaje en TRAM desde Luceros a la estación de la capital por excelencia del turismo de sol y playa de la Península dure 75 minutos. Ese es el problema y el reto. Las marcas, las tasas, el centralismo y demás inventos pueden esperar. Buenas carreteras, limpieza e infraestructuras. De que los turistas repitan ya se ocuparán los profesionales.
