Mientras hay una camarera de hotel deslomada a contrarreloj; mientras hay camareros a pie de cafetera olvidando su contrato para poder sonreír al cliente; pinches en las cocinas con más horas sin cotizar que cotizadas; autónomos en el zaguán de su comercio cosidos a impuestos; operarios de mantenimiento solventando incidencias, dando gracias por tener un precario contrario; mientras todo eso ocurre, el sector turístico tira hacia delante amarrado al esfuerzo solitario de cientos de empresarios reclamando desde hace 20 años una atención a las administraciones que nunca tuvieron.

Veinte años de desidia de un partido que mal gobernó la Comunidad Valenciana y que hoy no puede dar lecciones a nadie en materia de gestión turística. No puede un PP, que convirtió el Patronato de Turismo en una vulgar agencia inmobiliaria, hacer alegatos en defensa del sector turístico; no puede un PP ofrecer enseñanzas cuando tuvo todo en su mano para no hacer nada, cuando el gobierno del PP en la Diputación, en la Generalitat y en la mayoría de los municipios sólo sirvió para descoordinar políticas e inversiones en materia turística. Un PP que ha ligado turismo con corrupción, con trapicheo, con estafa ciudadana; un PP que ha terminado atando el turismo a la correa de la Gürtel, para desbaratar dinero público que acabó en destinos ajenos a los intereses de los trabajadores y empresarios del sector turístico.

Todo ello bajo el silencio cómplice de los cargos institucionales y orgánicos del PP de la provincia de Alicante, que nada decían ante el desprecio constante a un sector y a unos empresarios desgañitados de pedir coordinación, participación y capacidad de decisión en las campañas de promoción de los destinos de la Comunidad Valenciana. Muchos, como el vicesecretario general del PP valenciano, César Sánchez, cuyas lecciones de hoy quedan sin validez alguna ante el silencio de ayer. Un silencio que le hace cómplice de los ataques al sector turístico y los ataques a una provincia que ahora reivindica.

El sector turístico viene desde hace muchos años exigiendo profesionalización en la toma de decisiones. Reclama una participación directa en la forma de invertir dinero público, en una cooperación público-privada en la que todo el mundo gana. Un sentimiento que el actual gobierno valenciano tiene claro, y que tiene pendiente desarrollar. Y que tendrá que hacer con más diálogo que decreto, si de verdad quiere que el sector se lo reconozca y la ciudadana se lo valore. Y lo hará, porque lo entiende y lo siente.

Esa coordinación necesaria debe tener como principio no someter las campañas de promoción y venta de los diferentes destinos y modalidades turísticas, sino evitar que cada una de ellas anule los efectos de la otra. Un ejercicio complejo que debe ser analizado por todos, pero que no pasa por la eliminación de las diferentes marcas turísticas ni la formación de una nueva bajo el concepto de marca paraguas. Cuando dos o más comparten paraguas, siempre hay alguien que se moja un hombro. O todo el cuerpo. En turismo, siempre son los mismos los que terminan amerándose entero. Y siempre viven al sur.

La Comunidad Valenciana tiene un problema a la hora de crear una marca que englobe el todo sin anular a cada una de las partes. No les ocurre a competidores directos en el mercado nacional como Andalucía o Cataluña. Sus denominaciones autonómicas no anulan a ninguno de sus destinos, porque no representan ni una ciudad ni un lugar concreto, son el todo. En nuestra Comunidad, el concepto «valenciana» genera confusiones inevitables entre el todo y la parte. Entre Valencia y resto de la Comunidad.

Pero si es difícil crear una marca paraguas sería menos inteligente, así lo entienden expertos en marketing, anular marcas consolidadas y reconocidas: Benidorm, Costa Blanca, Valencia, Benicassim, etcétera. Centralizar en este caso es traicionar el esfuerzo de muchas personas por construir, consolidar y desarrollar marcas que significan ingresos, empleo, inversiones, futuro y progreso. No se trata de ningún planteamiento de aldeano, de identidad, se trata de asegurar el pan, buenas condiciones de trabajo y mejores rentabilidades empresariales. Ciudadanos reclama la centralización de todo, una veces hacia Valencia, otras hacia Madrid; el PP sufre de miopía histórica, que no le permite ver más allá de Valencia capital; Compromís no termina de entender el concepto amplio que es muy grande, muy rico, muy diverso y muy ajeno a los sentimientos de centralidad artificial que se quieran generar en un constante construir realidades paralelas. Los socialistas alicantinos pensamos que el diálogo es la raíz de la razón y en Alicante hay que poner mucho diálogo para encontrar la razón de nuestra política turística. No poniendo a Valencia de espaldas, sino al lado por primera vez.

Las Diputaciones, no son malas ni buenas per se, sino útiles o inútiles en función de la labor de gestión que de ellas se haga. Es cierto que si confundimos PP y Diputación, sería mejor cerrarlas. Tres presidentes de diputaciones vinculados a casos de corrupción son demasiados. Pero el problema no es la diputación, si no los gestores de la misma. Las Diputaciones -reivindicadas en el programa electoral del PSOE - no pueden ser sustituidas por la Generalitat, cuando la administración autonómica apenas es incapaz de desarrollar sus propias competencias y - desde siempre- termina dejándolas en manos de los ayuntamientos. ¿Podrá llevar la gestión del ciclo hídrico de los municipios de menos de 3.000 habitantes, la red de carreteras, caminos y veredas, la asistencia de secretarios, interventores, arquitectos, ingenieros, etcétera? La Diputación es una entidad que no sólo invierte en obras, sino que ofrece una cartera de servicios técnicos y administrativos a más de la mitad de los municipios de la Comunidad, una labor que no se ve pero que se nota en el día a día de la vida de los mismos.

Unas Diputaciones que requieren una formulación para asegurar su supervivencia, porque deben abrirse a una elección de representantes políticos de manera democrática y directa por la ciudadanía; debe establecer una serie de competencias claras, no como hoy que asume un geriátrico, un psiquiátrico y un centro de menores sin que ninguna administración autonómica haya tenido ganas de coordinar por decreto alguno. Debe ser que los viejos, los niños y los locos no son rentables. El problema no es la diputación, sino Fabra, Rus o Ripoll, y hoy lo es César Sánchez.

En definitiva, hay que coordinar los esfuerzos, el dinero de todos, para buscar mejores condiciones de trabajo para el empleado del sector; y mayores rentabilidades para el empresario que se la juega. Hay que coordinar, pero evitando que de nuevo Alicante vuelva a tener que lamentarse de lo lejos que se está de Dios y lo cerca que se está de Valencia.