La estrella política del profesor García Reche comenzó a declinar por un mal paso en apariencia nimio y de cuyas consecuencias el entonces conseller de Industria y Turismo estoy seguro de que no fue consciente hasta el mismo día en que se armó el belén. En tiempos en que los tour operadores entregaban a sus clientes folletos en los que, para situar Valencia en el mapa, se indicaba su distancia en kilómetros desde Benidorm, García Reche tuvo el loable propósito de acabar con la dispersión de las marcas turísticas y tratar de coordinar la promoción unificándolas bajo una de la que colgaran todas. Descubrimos entonces que había una cosa que se llamaba marca paraguas y la buena intención devino en disparate: primero se tonteó con llevar a las ferias, como único referente, el lema «Land of Valencia» pero, tras la lógica reacción de los ahorcados (Benidorm, Alicante...) al ver entrar la soga por la puerta de casa, y haciendo bueno el instinto pendular que nos caracteriza, se acabó por diluir tensiones en el mar y apostar por algo tan inconcreto como Mediterránia, con una palmerita haciendo de paraguas para reforzar, supongo, la idea de la marca-idem. Con lo que era difícil saber qué destino estábamos vendiendo, porque lo de Mediterránia lo mismo servía para Peñíscola que para Túnez, que ya dijeron los griegos que el Mediterráneo era un puente del que luego se apropiaron los romanos. Cómo sería la cosa, que en el catálogo que el principal mayorista de la época, Thomson Hollydais, publicó entonces, la Generalitat invirtió una pasta en publicitar su flamante marca en contraportada para descubrir con estupor al recibir los ejemplares que quien iba en portada era Benidorm. Fin de la historia.
De aquellos lodos (que, así contados, parecen un chiste, pero que provocaron en su día enfrentamientos viscerales y alimentaron la estrategia victimista que el PP diseñó y que en 1993 ya le llevó a ganar las elecciones generales en la Comunidad, antesala del desalojo en 1995 de Joan Lerma, ejecutado precisamente por un político que venía de ser alcalde de Benidorm); de aquellos polvos, decía, estos barros: con esos y otros antecedentes la Generalitat no puede esperar confianza cuando decide recortar la autonomía de los patronatos provinciales de Turismo, dependientes de las Diputaciones, para asumir directamente el control de toda la política turística. Menos, cuando se trata del sector del que, hoy por hoy, come Alicante.
Falta de relevancia. La Generalitat ha contado con magníficos gestores en Turismo tanto bajo gobiernos socialistas (José María Perea, Manuel Agramunt o Antoni Bernabé, por ejemplo), como con Ejecutivos del PP (Roc Gregori o Matías Pérez Such). Pero ningún partido dio jamás al sector la relevancia política que merece, como demuestra el hecho de que nunca ha habido una conselleria específica salvo durante el mandato de Francisco Camps. Por desgracia, el sumario de Gürtel indica que si Camps sentó el Turismo a la mesa del Consell fue por razones que nada tenían que ver con el buen gobierno. La Diputación también ha contado con excelentes responsables del Patronato de Turismo, ya gobernaran unos o los otros. Pero tampoco puede negarse que la instrumentación del Patronato para financiar a través de sus presupuestos redes clientelares y dar premios o propinar castigos ha ido in crescendo.
Llegados a este punto, pues, ninguna de las dos administraciones enfrentadas ahora, ni la que preside el socialista Ximo Puig ni la que comanda el popular César Sánchez, está en condiciones de sacarle los colores a la otra. Y es ahí donde se equivoca la Generalitat al intervenir los presupuestos del Patronato Provincial de Turismo de Alicante. El fondo de una medida así está por discutir y la forma empleada no es la adecuada. Porque es imposible no pensar que, si se ejecuta ahora vía decreto una ley aprobada en 1983 pero jamás aplicada desde entonces es porque es ahora, por primera vez, cuando el partido que gobierna en Valencia y el que rige la Diputación son de distinto signo; es imposible no analizar esto en términos de disputa política.
El cuento empezó a torcerse cuando la aritmética electoral dio el gobierno de la Generalitat a la izquierda y el de la Diputación a la derecha; prosiguió peor cuando César Sánchez no tuvo mejor ocurrencia que proclamarse «presidente del gobierno provincial», en un desafío desde todo punto de vista improcedente; y continúa despeñándose por el precipicio de un enfrentamiento institucional que sólo perjudicará a los contribuyentes cuando como respuesta la Generalitat se dispone a expropiar pura y lisamente la Diputación, comenzando precisamente por donde más duele, el turismo, que digo yo que podían haber empezado por pagar lo que se debe en materia de servicios sociales, infraestructuras culturales y demás obligaciones nunca cumplidas por el Consell, antes de pasar a mayores.
Intención y práctica. No creo que haya nadie que esté en contra de que los patronatos de Turismo y la Agencia Valenciana coordinen sus actuaciones. Pero lo que la Generalitat ha puesto en marcha no es, por muy buenos deseos que el president Puig o el máximo responsable de la Agencia, Francesc Colomer, tengan (que me consta que los tienen), un mecanismo de cooperacion, sino un sistema de ordeno y mando que centraliza toda la capacidad de decisión en Valencia. Los mismos argumentos que sirven para defender la autonomía frente al centralismo del Estado, resumidos en el principio de acercar las administraciones al administrado, son de aplicación en este caso y más cuando hablamos de un sector tan heterogéneo (y, ojo, tan competitivo entre sí y no sólo con los de fuera) como es el Turismo.
¿Qué viene ahora? La Agencia Valenciana de Turismo es posible que sume a su favor, por ejemplo, a la patronal más importante de la Comunidad, la de los hoteleros de Benidorm, porque están hartos del maltrato que les ha dado la Diputación desde que inopinadamente decidió poner la política turística en manos de Torrevieja. Y también porque, si no recuerdo mal, HOSBEC recibe anualmente medio millón de euros de la Generalitat para que gestione directamente la promoción de Benidorm, estipendio aprobado en 2004 por el PP y que no me consta que haya desaparecido de las cuentas públicas una vez tomada posesión de las mismas el nuevo gobierno del PSPV y Compromís, corríjame Toni Mayor si me equivoco. Es fácil que, a la contra, César Sánchez levante en armas a algunos de los municipios turísticos importantes de la provincia, todavía gobernados por el PP, además de a la mayoría de los pequeños, que sin el amparo de la Corporación Provincial no tendrían promoción alguna. Si me apuran, hasta puede tener de aliado a la parte contratante de la parte contratada del tripartito de Alicante, puesto que el socialista Echávarri ha demostrado sobradamente su disposición a apuntarse a un bombardeo siempre que los obuses caigan en el despacho que ocupa Ximo Puig. Pero todo eso lo único que aventura es una legislatura maldita para la industria que más aporta al PIB de esta Comunidad, no sólo en euros, sino también en empleo. Si fueran inteligentes, apartarían las manos de los sables y se sentarían a estudiar fórmulas que de verdad fortalecieran la fijación racional y en común de los objetivos y el reparto proporcional y eficiente del gasto, sin que por ello nadie se vea privado por decreto de su capacidad de decidir. Puede que piensen todos que eso es bajarse los pantalones, pero nada más lejos: se trata de hacer política del bien común desde la lealtad institucional. Que ya va siendo hora.
