Permitidme la licencia, si yo me entero de que mi mujer ha dado mil euros la corro a bofetadas. Ni ha dado ni se los ha pedido nadie porque mi mujer no es del PP, es funcionaria de carrera». Estas eran las palabras del cuñado de Rita Barberá y abogado de la exsecretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ante preguntas de periodistas en las puertas de la Ciudad de la Justicia.

Ejercer el control sobre las decisiones de la mujer es algo que en otra época estaba reconocido jurídicamente al marido. Incluso lo estaba también la potestad de «corrección» que legitimaba el uso de la fuerza física. Aunque sea algo formalmente superado, en la realidad subsiste esa cultura patriarcal que lo impregna todo. Pero cada vez es menos tolerada, hay mayor presión social gracias a las batallas feministas como les contaba la semana pasada. De hecho, las críticas a esas palabras arreciaron en medios de comunicación y por redes sociales hasta el punto de que el sujeto pidiera disculpas públicamente. El Gobierno valenciano también lo criticó. Creo que eso bastaba, pero fue más allá, solicitando a la Abogacía de la Generalitat que estudiase si dichas palabras podrían ser constitutivas de un delito de odio o de apología de la violencia de género a fin de interponer denuncia ante Fiscalía.

Cuando escribo estas líneas desconozco si dicha denuncia ha sido o no formalizada, pero no me parece la actuación adecuada. ¿Se puede afirmar que estas estas palabras son una expresión machista? Sin duda. ¿Reflejan una actitud encuadrable en la violencia de género? Indiscutiblemente. ¿Suponen apología de la violencia de género tal y como se tipifica en el artículo 510 del Código Penal? Pues, personalmente, creo que no. Sobre todo en estos infaustos tiempos en que el Derecho Penal está siendo invocado como primer y principal recurso e interpretado de forma extensiva y no restrictivamente. Celebro que el Gobierno valenciano sitúe en lugar prioritario de su agenda política la erradicación de la violencia machista, pero otras vías para conseguirlo son más efectivas. Me consta que se está impulsando un ambicioso plan por la educación en igualdad a todos los niveles y también la formación de profesionales de la sanidad. Bien. Pero no se puede obviar que muchas asesinadas por violencia machista que no habían interpuesto denuncia se encontraban en un proceso de separación. En la Comunidad Valenciana rige la custodia compartida como régimen preferente en caso de separación. ¿Qué hace pensar que dicha violencia no se va a seguir ejerciendo a través de la custodia de hijas e hijos? Sería bueno que se comprobase si esto está sucediendo. A veces son peores los silencios que las palabras.