La economía española afronta nuevos retos en un escenario económico mundial inestable y de bajo crecimiento. Las reformas estructurales realizadas lo han sido incompletas, no existen iniciativas de política económica y las medidas impuestas contra la crisis por el Partido Popular en la anterior legislatura no están dando el resultado esperado. Y todo esto se complica ante la obligada inacción de un Gobierno en funciones y el desafío soberanista de Cataluña. Nuestro país arrastra un problema endémico, el alto desempleo, consecuencia de un mercado laboral que precisa de una nueva reforma donde la flexibilidad y la seguridad de los trabajadores no tengan que ser necesariamente incompatibles. Con este lastre en uno de los factores fundamentales de producción, la conflictividad social, las desigualdades, el aumento del déficit en las cuentas públicas y el parón en el crecimiento nos convierten en un país proclive a sufrir las consecuencias de las sistémicas crisis geoeconómicas. Cualquier mejora en nuestro nivel tecnológico, en ganancias de productividad o en el equilibrio en nuestras balanzas, no son suficientes para el crecimiento del PIB si no encontramos una solución eficaz a la falta de oferta en el empleo.

La irresponsable conducta de algunos líderes políticos al no querer consensuar un gobierno que ofrezca programas de estabilidad y de amplias mayorías les debería inhabilitar para gestionar los asuntos públicos, los de todos. No siendo así debido a la perversa actitud en la que actúan los partidos políticos, solo nos queda concienciar a la sociedad civil para que no se deje llevar por posturas irracionales y tome buena nota de quien atiende al interés general y quien se sirve a sí mismo. Y en estos momentos, y con una nueva crisis financiera a punto de estallar, cada día que pase sin un gobierno que tome medidas responsables y ponga en marcha las reformas estructurales que nuestra economía aún precisa aumenta la posibilidad de que nos veamos envueltos en una nueva recesión sin haber resuelta la anterior. Es evidente que debemos señalar con dedo acusador a los que dirigen actualmente el Partido Popular y el Partido Socialista, encabezados por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, respectivamente.

Nuestra pertenencia a la Unión Europea nos libra de males mayores, pero no nos previene de la incompetencia de los políticos nacionales en asuntos económicos ni ante incertidumbres estratégicas. La caída del precio del petróleo y otras materias primas mejora la competitividad de nuestros productos pero lleva a la ruina a los países que nos compran y a la quiebra a algunas de nuestras empresas multinacionales; el peligro de entrar en deflación es real, lo que afectará al pago de nuestra deuda, pues necesitaremos más años para amortizarla; la devaluación del yuan mejora las importaciones de China, pero empeora nuestras exportaciones e inversiones hacia el continente asiático; la subida del tipo de interés por parte de la Reserva Federal afectará a los intereses que pagamos de la deuda encareciéndolos; y las crisis migratorias en Europa, las guerras en Oriente Próximo, las tensiones entre Rusia y Turquía o entre Arabia Saudí e Irán y el terrorismo yihadista no son más que algunos de los asuntos geopolíticos que aumentan la inseguridad en los inversores y la huida del dinero, normalmente buscando el refugio de los bonos alemanes o el dólar norteamericano.

En esta España sin gobierno las cuentas siguen sin cuadrar, el déficit público no se controla y algunos economistas de la nueva izquierda insisten en simplificar las políticas económicas con medidas keynesianas de estímulo a la demanda. Ignoran las de oferta y obvian insensatamente nuestros compromisos con los socios europeos sobre la necesidad de reconducir la economía en el marco de un mayor equilibrio presupuestario.