Las recientes detenciones de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y miembro destacado del Partido Popular, así como de empresarios y otros miembros del partido conservador en la capital del Turia vuelven a poner de manifiesto lo enraizado de una corrupción que se enquistó en la Comunidad Valenciana durante los casi veinticinco años de gobierno de este partido. Y ello es así porque ahora sabemos que los incrementos de patrimonio de destacados miembros de la derecha valenciana fueron consecuencia de corruptelas así como que la financiación ilegal del PP y el despilfarro del dinero de todos los valencianos en infraestructuras absurdas muy caras de mantener se pensó y realizó con una visión y organización global que supuso poner en marcha un plan organizado que englobó a la Administración pública valenciana a nivel municipal, provincial y autonómica.

Sólo con un entramado bien pensado, que se puso en marcha en cuanto el Partido Popular alcanzó el poder a mediados de los 90, ha podido llevarse a cabo el enorme saqueo del dinero de todos los valencianos que, poco a poco, y gracias a las investigaciones judiciales, hemos ido conociendo a lo largo de los últimos meses. A ello hay que sumar la mala gestión del Partido Popular de los sucesivos presupuestos de la Comunidad Valenciana que, año tras año, y con un empeño difícilmente repetible, fueron despilfarrados en sobrecostes, obras faraónicas y en pagar estómagos agradecidos. Constatado el caciquismo que durante años se prodigó en nuestra Comunidad, y cuyos máximos exponentes fueron Alfonso Rus y Carlos Fabra, todo ese dinero tirado y malgastado respondió a la intención de hacer creer a la sociedad que el Partido Popular se dedicaba a hacer cosas que, en realidad, no eran más que ilusiones falsas y cartón pintado como una hoguera de las que son pasto de las llamas en la cremà. Los proyectos empresariales que se vendieron a bombo y platillo con gran publicidad resultaron ser sonoros fracasos que han terminado por aumentar la deuda pública hasta límites insostenibles, pero que durante años sirvieron para adormecer a buena parte de los votantes del PP a los que nada parecía importar.

Nos parece de un gran cinismo que desde la calle Génova se pretenda hacernos creer que no sabían nada de la enorme bola de nieve de corrupción que se fue engrandeciendo con cada mayoría absoluta que conseguía el PP en la Comunidad Valenciana. Basta recordar que durante los gobiernos de Francisco Camps el 25% de los diputados autonómicos estuvieron imputados por delitos de corrupción; quince consellers que estuvieron a las órdenes de Camps han estado imputados por corrupción o por el desastre organizativo que presidió la actuación política de los Gobiernos de Zaplana y de Camps; los tres presidentes de las diputaciones provinciales en la cárcel o a un paso de ellas y las dos alcaldesas de las principales ciudades, Valencia y Alicante, inmersas en causas judiciales. Por todo ello no pudimos evitar soltar una carcajada cuando, hace unos días, Isabel Bonig, actual presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, aseguró que su partido se querellará contra los miembros de su partido condenados por corrupción por el daño causado al Partido Popular. Olvida la señora Bonig que los damnificados por el despilfarro y la corrupción de sus compañeros de partido han sido todos los valencianos, especialmente los más desfavorecidos, y no el PP valenciano. Lo que nosotros no olvidamos es que Bonig fue asesora del gabinete del conseller de educación Alejandro Font de Mora en la época en que Ciegsa, supuesta empresa pública dedicada a la construcción de centros educativos que generó un agujero de 1.000 millones de euros por sobrecostes.

El periodista Joan M. Oleaque describió en su libro En èxtasi: drogues, música màkina i ball (Ara Llibres, 2004) el nacimiento y la expansión de la conocida Ruta del Bakalao que durante los años 80 y 90 del pasado siglo puso a Valencia en el cénit de este movimiento musical. Cuando el Partido Popular se hizo con el poder de todas los tres niveles de la Administración pública se endurecieron las políticas encaminadas a su desaparición que se habían iniciado desde el Gobierno central. Quién nos iba a decir que los excesos con los que terminó el PP fueron sustituidos por tramas de corrupción y aprovechamiento de lo público que, comenzando con la red Gürtel, llegaron a adueñarse de las principales instituciones valencianas gracias a una tela de araña que nos recuerda al peor caciquismo de nuestra historia.

Lo peor de este nuevo caso de corrupción, que amenaza con convertir al PP en un partido en un continuo bucle sin fin de entradas y salidas de los juzgados, es que mientras se nos quería convencer de que no había dinero para mantener la sanidad y educación pública ni reconocer a discapacitados y dependientes su situación y su consiguiente derecho a una prestación económica que les permitiera llevar una vida digna, los dirigentes del PP se gastaban el dinero público en cenas, viajes, hoteles de lujo, regalos y se repartían las comisiones conseguidas gracias al amaño de contratos tal y como hemos sabido con el inicio de la «Operación Taula». El quebranto moral y ético y la falta de confianza de la ciudadanía en los políticos por culpa del PP amenaza con echar por tierra el viejo concepto griego de la política entendida como la esencia de la democracia.