Sabemos, porque lo hemos investigado, que desde 1997 el Estado, o sea nosotros, los ciudadanos, gobernados alternativamente por el PP y el PSOE, hemos estado subvencionando a las eléctricas con la tasa CTC (Costes de Transición a la Competencia) creada como mecanismo de compensación a las eléctricas por los posibles perjuicios que les generaría la liberalización del mercado a la que la UE nos obligaba y garantizarles así un retorno de la inversión realizada hasta entonces.
Sabemos también que esta medida no resultó demasiado equitativa, generando como consecuencia de su aplicación una deuda de las eléctricas con el estado de 3.600 millones de euros, y también sabemos que los sucesivos gobiernos se las han ingeniado para condonársela con la excusa de que cuando se denunció ya había prescrito. Sabemos también que ha habido 43 políticos sentados en consejos de administración de las compañías relacionadas con la energía sin que aquí nadie haya salido a darnos alguna explicación convincente de por qué, siendo conocedores de esta deuda al haber desempeñado funciones públicas, no han instado desde el consejo de administración a cumplir sus obligaciones. Todo esto lo sabemos porque nos preguntamos por qué nosotros tenemos que subvencionar a las eléctricas, condonar su deuda después y ser acribillados a tasas en las facturas de la luz, cuando nos hemos empobrecido tanto que a veces hasta tenemos que devolver algún recibo. Sabemos también que seguimos pagando precios desorbitados, alrededor de un 60% de la factura por concepto de peajes, bonos sociales compensaciones extrapeninsulares, gastos de transporte, moratoria nuclear, impuesto sobre la electricidad, subvenciones, IVA y deudas de años anteriores, sus deudas. También sabemos que la Constitución Española del 78 y, la Organización Mundial de la Salud y la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos garantizan el derecho a una vida digna y a unas condiciones de salubridad adecuadas y sabemos que la OMS establece los suministros básicos como condiciones indispensables del derecho a la salud y a la vivienda, esos preceptos deben ser respetados, el esfuerzo de pagar tasas no es igual para personas con ingresos elevados que para los pobres, estamos pagando el mismo % de tasas que los ciudadanos más ricos. Solo pedimos que se aplique la constitución cuando proclama la dignidad de la persona como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social (art. 10), toda vez que incluye el derecho a una vivienda digna y adecuada (art.47) y un mandamiento a los poderes públicos para la defensa de los consumidores y usuarios y para la protección mediante procedimientos eficaces de su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos (art.). Véase también la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Carta Universal de los Derechos Humanos.
El concepto de Pobreza Energética refleja la incapacidad de un hogar para pagar una cantidad mínima de servicios energéticos, entre los que están mantener a 21º C la estancia principal y a 18ºC las secundarias, que es lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Diversos estudios medioambientales han demostrado que cuando el termómetro baja de estos límites afecta al progreso escolar y el bienestar de los niños, dobla la probabilidad de que sufran problemas respiratorios e incluso ocasiona a los más pequeños problemas para ganar peso, mayores tasas de ingresos hospitalarios y de síntomas asmáticos... pudiendo la pobreza energética, estar detrás de la muerte prematura de más de 2.000 personas al año.
Millones de personas en este país viven en situación de «pobreza energética» y millones de hogares deben elegir entre mantener su casa a una temperatura adecuada en invierno o satisfacer otras necesidades básicas.
Nosotros somos gente normal que se ve afectada de esta gran estafa que nos ha dejado sin trabajo y sin ingresos a algunos y a otros con un trabajo precario. Sabemos muy bien porque tenemos niños y niñas que pasan frío en invierno, personas enfermas, abuelos y abuelas que se privan de encender la calefacción porque sus pensiones sólo dan para ayudar a alimentar a sus hijos sin trabajo y a sus nietos. También sabemos que desde que está ocurriendo todo esto, los pobres deambulamos por el hogar, como fantasmas cubiertos por pesadas mantas que nos reconforten un poco, porque no podemos conectar la calefacción.
Por otra parte, sabemos que los altos cargos de las empresas eléctricas ganan sueldos muy altos y no se mueven un ápice de sus previsiones de beneficios económicos cada año. Es por todo esto por lo que nos hemos hecho conscientes y por lo que exigimos que participen en políticas de urgencia de suministros básicos, moratorias sin recargos y garantía de suministros vitales para la ciudadanía y también exigimos que paguen la deuda que tienen con el estado.
Las ayudas que nos ofrecen los ayuntamientos para el pago de suministros del hogar no son suficientes para hacer frente a todos estos gastos, las nueva orden de ayudas de la Generalitat Valenciana de 23 de diciembre para combatir la pobreza energética, demostrando su sensibilidad, nos tememos que se quedará pequeña, y ya que nosotros hemos contribuido a subvencionarles a las eléctricas, exigimos una contraprestación cuando somos nosotros los que necesitamos una subvención y cuando somos los acreedores directos de su deuda.
