Una vez más, el PP ha logrado poner a la Comunidad Valenciana en el mapa. Y lo ha hecho por la vía habitual: la investigación judicial (Operación «Taula») de una nueva red de corrupción, extendida en varias administraciones gestionadas por el PP, y cuyo centro neurálgico parece ser la figura del expresidente de la Diputación de Valencia, y del PP de la provincia, Alfonso Rus.
El proceso es conocido: sucede algo en Valencia y los medios de comunicación de ámbito nacional se lanzan sobre el asunto con celeridad y entusiasmo. No tanto, sin embargo, con conocimiento de causa o información fehaciente. Por ejemplo, ha sido habitual encontrarnos titulares de prensa o televisión que se referían a Isabel Bonig como sucesora de Alfonso Rus en el «PP de Valencia», confundiendo provincia y comunidad autónoma.
El mantra de fondo es que la Comunidad Valenciana es un pozo de corrupción, y los valencianos, así, genéricamente, una banda de corruptos. Los que votan al PP (como si votar a un partido supusiera avalar todo lo que hace dicho partido, incluyendo lo que no se sabe aún, en el momento de votar, que esté haciendo) y también los que no. Por algún motivo, estos últimos también son responsables de que mande el PP.
O que haya mandado, más bien. Porque el PP ya no manda en Valencia, casi en ningún sitio, y en buena medida como consecuencia de los escándalos de corrupción. Así que parece que los votantes, esos «corruptos valencianos», han acabado por actuar.
En cambio, no parece haya sucedido igual en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, Madrid o Cataluña, donde siguen mandando los que han mandado casi siempre, impasible el ademán, en apariencia impenetrables a la erosión derivada de los escándalos aparecidos allí (¡y eso que sus habitantes no son, en su mayoría, valencianos!).
Es muy recomendable que se lean un magnífico artículo de Francesc Miralles en el diario digital ctxt.es en el que precisamente analiza, con brillantez y profundidad, esta sobreexposición mediática de los valencianos y lo sucedido en Valencia que ha acabado por establecer, a ojos de los medios nacionales (y de mucha gente), una vinculación indisoluble entre Valencia y corrupción.
Lo que ha tenido como inesperada consecuencia que sea precisamente aquí, en Valencia, donde tenemos una ciudadanía más concienciada y menos tolerante con la corrupción. Y lo mismo cabe decir de los medios. Parece poco probable que en los próximos años haya muchos dirigentes políticos, con independencia del partido político al que pertenezca, a quienes se les pase por la cabeza desarrollar prácticas como las que, al parecer, fueron comunes durante décadas. Dichas prácticas pueden desarrollarse, extenderse y convertirse en la manera habitual de operar si se producen en un contexto de impunidad social, jurídica y mediática, en el que parece que no habrá consecuencias, y en el que las críticas y las denuncias son la excepción, no la norma.
Todo lo cual representa, sin duda, un panorama muy negro para el PP valenciano y para Isabel Bonig, por mucho que la actual dirección intente desmarcarse de los sucesivos escándalos. También lo intentó Alberto Fabra y ya ven el resultado electoral que obtuvo.
A fin de cuentas, no hablamos de una corrupción que sucediera hace décadas, sino hace años o meses. Y, desde luego, no eran cuatro corruptos, o «cuatro trajes». Es una losa muy pesada para lograr volver al poder en un plazo breve de tiempo. Es decir: en una legislatura. Muy mal lo tiene que hacer el actual Gobierno de coalición de izquierdas para que la ciudadanía olvide tan rápidamente lo sucedido con quienes les antecedieron.
