Nuestro Parlamento ya va tomando forma con las primeras decisiones adoptadas en torno a la ubicación de los grupos parlamentarios, la conformación de la Presidencia y Mesa del congreso y Senado y la distribución de las distintas comisiones parlamentarias en donde se irán «cocinando» los textos legislativos que se aprobarán en esta legislatura. Quizás, una de las más heterogéneas de la historia parlamentaria por la apertura a nuevos grupos parlamentarios y nuevas voces y formas de ver las cosas. Se escucharán más opiniones y enfoques sobre los textos legislativos que el Poder ejecutivo irá enviando al Congreso de los Diputados en forma de proyectos de ley sobre las distintas necesidades que siguen existiendo en la sociedad y deben ser resueltas por disposiciones legislativas que regulen la forma de enfocar y resolver los problemas y las situaciones que surgen en la sociedad española.

Porque la ley, la norma jurídica, es la forma, la única, por la que las sociedades regulan su funcionamiento a la hora de afrontar las situaciones y necesidades que los ciudadanos tenemos. Y estas son cambiantes a una velocidad de vértigo, por lo que la responsabilidad del Parlamento es relevante a la hora de ir sacando de su «cocina legislativa» las normas que la realidad social demanda, porque es al fin y al cabo hacia donde debe mirar el legislador: hacia lo que la colectividad necesita para ir progresando en los distintos órdenes, en el económico, en la educación, la justicia, la medicina, etc.

Sin embargo, el correcto funcionamiento del Parlamento requiere de un Poder ejecutivo que prepare los textos legislativos y los envíe al Congreso en forma de proyectos de ley para iniciar un trámite parlamentario que pase por Congreso y Senado y luego concluya en las páginas del B.O.E., para entrar en vigor y que podamos aplicar estas normas. Resulta, así, un proceso metódico y de desarrollo bien trazado, pero al que en la actualidad le falta en su engranaje la conformación del Poder ejecutivo que todavía sigue sin definirse y que de no hacerlo nos llevaría a una nueva, y no deseada, convocatoria de elecciones generales, con todo el gasto que ello lleva consigo y con el parón que también supondría para la economía del país la incertidumbre de no empezar la mecánica del Poder ejecutivo y legislativo. Porque, claro está, sería empezar de «0» otra vez, y con una importante pérdida de tiempo que la situación del país no se puede permitir cuando parece que la situación que aflora es mejor que hace unos años.

Además, los parones en la gestión de las sociedades, las empresas, o la Administración, cuando la maquinaria no puede dejar de funcionar, son relevantes, acuciado por las exigencias de tener que hacer cosas positivas para que no volvamos a dar varios pasos atrás cuando habíamos dado dos hacia adelante, ya que recuperar lo andado costaría, otra vez, muchísimo.

La última legislatura tuvo un último año tremendo en la proliferación legislativa, ya que en 13 meses se aprobaron más leyes que en los tres primeros años de la legislatura y más también que en muchas legislaturas enteras. Ha sido una legislatura densa en actividad y aprobación de normas que en un primer momento nos ha exigido a todos mucho para ir formándonos en los cambios, pero que a medio y largo plazo se transformará en aspectos positivos, porque la bondad de una norma buena no ve un efecto inmediato, sino que esto se comprueba a largo plazo. Pese a todo, se han quedado en el tintero, de ahí la urgencia de que el Parlamento comience a funcionar ya, un volumen relevante de normas que es preciso comenzar a tramitar con urgencia. Así, podemos citar la ley de mediación penal que permita resolver los conflictos penales de los ciudadanos de forma más eficaz para las víctimas y perjudicados por los delitos, y abra una nueva vía de trabajo para muchos colectivos profesionales que pueden trabajar con gran eficacia en la mediación penal como los abogados, procuradores, médicos, economistas, criminólogos, psicólogos, etcétera. Además, será una forma muy eficaz para reducir los retrasos en la justicia penal en conflictos que tienen un campo de solución para las víctimas muy positivo en la mediación. También se han quedado en el tintero reformas de importancia en la lucha contra la violencia de género, ya que el Código Penal aprobado el pasado julio no reflejó todas las que los juristas estamos reclamando para cortar esta sangría de hechos que en este primer mes del año está resultando aterrador. Por otro lado, el nuevo Código de Comercio que regule mejor y cambie ya una norma de más de 100 años es una necesidad y deber de esta legislatura. En definitiva, mucho trabajo por hacer y muchos deberes encima de la mesa, esperando que no tengamos que ir a los exámenes de septiembre, como suele decirse, por no haber tenido nuestros representantes las soluciones claras para salir bien de este compás de espera que el país reclama sea resuelto ya.