Cuando alguien de manera voluntaria acepta participar en el entramado organizativo de un partido político sabe a lo que se expone. Y cuando ese alguien es el secretario general del principal partido de la oposición sabe que las decisiones tomadas por los órganos del partido, y por el conjunto de la organización representada en esos órganos, van a misa. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, con sus decisiones tomadas en el arranque de la legislatura, está acercándose peligrosamente al abismo y sabe que como se asome al precipicio no le hará falta adversarios políticos para soplar y aplaudir su caída. Es verdad, yo prefiero el diálogo a la confrontación para albergar alguna salida democrática y pactada para que el conjunto de catalanes sigan sintiéndose españoles, pero también es verdad que yo no tengo el corsé que al señor Sánchez le pusieron sus propios compañeros en el último Comité Federal del Partido Socialista, celebrado el pasado día 28 de diciembre, y que reza así: «La autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento sólo traerán mayor fractura a una sociedad ya de por sí divida. Son innegociables para el Partido Socialista y la renuncia a esos planteamientos es una condición indispensable para que el PSOE inicie un diálogo con el resto de formaciones políticas». Tras leer esto, las veleidades o caprichos del líder socialista en este arranque de legislatura respecto a las formaciones que defienden la secesión y el soberanismo en Cataluña le han puesto en el punto de mira, aún más, de los barones socialistas. Primero flirtea con Ciudadanos y pacta conjuntamente con el PP la formación de la Mesa del Congreso de los Diputados, luego cede senadores a ERC y a Democracia y Libertad -ex Convergencia Democrática de Cataluña- para que formen grupo propio en la Cámara Alta, y después mantiene una conversación telefónica con el independentista y recién nombrado president de Cataluña, señor Puigdemont. Suma y sigue. Las ansias por gobernar no le debería cegar, señor Sánchez. Como tampoco entiendo los ataques mutuos entre el PSOE y Podemos; parece que ninguno quisiera llegar a acuerdos postelectorales. Allá ellos.
Intentar llegar a acuerdos para gobernar sí, pero con rapidez. Si no es posible hacerlos, a diestra y siniestra, cuanto antes habría que disolver las Cortes Españolas y convocar nuevas elecciones generales. Y no pasa nada. Los ciudadanos ya tomaremos nuevamente la responsabilidad de reequilibrar los resultados electorales. Por el bien de España y su gente. Lo que sí percibo es mucha hipocresía a un lado y a otro del arco parlamentario. A priori, los únicos que parecen no querer volver a reeditar unas elecciones generales serían el Partido Socialista y Ciudadanos, ya que se vislumbra, según algunos estudios demoscópicos, la pérdida de electores en estas formaciones políticas y la fuga hacia Podemos y el PP respectivamente. En el caso de Ciudadanos lo veo con mucha claridad, pero en el caso del PSOE siempre cabe la esperanza de que un nuevo líder o lideresa haga ilusionar a millones de simpatizantes desencantados que permitiese volver a depositar confianza en el partido del puño y la rosa.
Pero, hoy lo importante sigue siendo tomar medidas para la gente, y en este sentido estaría muy bien que los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados, conjuntamente con la Mesa recién constituida, analicen la posibilidad de poder derogar leyes injustas y perniciosas para los ciudadanos y poner en marcha otras que sirvan para dar respuesta a la actual emergencia social en la que viven millones de personas, aunque sigamos con un Ejecutivo provisional. El Parlamento español no puede seguir aplaudiendo medidas tomadas por el Gobierno en funciones y que han sido aprobadas en el último Consejo de Ministros de 2015, afectando a un colectivo tan sensible como los pensionistas, o al bolsillo de los trabajadores. Veamos: subida del 0,25% en las pensiones de nuestros jubilados; es decir, 2 euros para las pensiones mínimas. ¡Un pastón! ¿No les parece? (Ironía pura). Otro subidón de Rajoy: un 1% en el SMI (salario mínimo interprofesional), lo que supone una subida de 6,6 euros pasando de los 648,6 euros actuales a los 655,20 euros. ¡Otro pastón! (Seguimos con la ironía pura). España tiene un SMI inferior al existente en Irlanda o Eslovenia. También es urgente poner freno a la desigualdad existente, ya que según la ONG, Oxfam Intermón, España es el país de la OCDE donde más ha crecido el diferencial entre ricos y pobres. Estas situaciones son las que hay que solucionar en nuestro país, entre otras muchas. Ni más ni menos.
