He tenido en estos días alguna discusión con apreciados colegas acerca de si resulta constitucionalmente aceptable que no se permita a los distintos partidos políticos que han formado una alianza electoral con Podemos constituir grupos parlamentarios propios en el Congreso de los Diputados. Como en cualquier controversia jurídica hay posturas encontradas y argumentos históricos y comparativos con otras situaciones que se han venido resolviendo a lo largo de las diez legislaturas precedentes a la actual.

No voy a reproducir aquí la panoplia de argumentos en un sentido u otro (ya se sabe que un jurista es capaz de cortar en tres un pelo desde su punta) ni aburrirles con disquisiciones que discurren, exclusivamente, en el ámbito jurídico, desconectados de la lógica política que hay detrás. En otras palabras, la cuestión no se aclara lo suficiente teniendo en cuenta, solamente, lo hasta ahora regulado en el Reglamento del Congreso y en las distintas resoluciones de la Mesa (que a estos efectos se les reconoce valor interpretativo).

Mi posición es la siguiente: de no existir una regla absolutamente precisa al respecto (concceso non dato), debería de existir, y en todo caso, la interpretación del Reglamento debiera de ir por el siguiente camino: que no puedan formar grupos parlamentarios aquellos partidos que se han presentado juntos a las elecciones, y por tanto, sin haber competido entre sí. Me parece una regla no solo razonable sino la que expresa de la mejor manera los derechos de los electores y el funcionamiento leal de la democracia.

Ya sé que ha habido casos en los que, en aras precisamente de facilitar el juego político y visibilizar las distintas opciones, se ha bordeado el Reglamento. Pero ningún otro caso anterior tiene el perfil de éste que nos ocupa. Sería un fraude a los electores que las diferencias entre partidos, ocultas en una coalición, sean las que se esgriman, precisamente, para singularizarlos después.

Dos lecciones cabe extraer de lo sucedido:

La primera es que las partidas, en democracia, hay que jugarlas respetando sus reglas materiales y formales, y no haciendo «como si se respetaran», para no hacerlo a continuación. En este caso, Podemos ha alardeado de resultados que ha intentado vender como propios, a pesar de que en su grupo hay distintas identidades; pero esto es un problema político de la coalición, no algo que sea trasladable a los demás. No cabe, por tanto, tomar este asunto como una ofensa o algo así; menos aún como una justificación para romper todo tipo de negociación y darse por ofendido.

La segunda lección -o más bien mensaje- es que antes de iniciar un camino de alianzas hay que saber por dónde pasa y dónde termina. No se puede pretender que los intereses más o menos tácticos, más o menos circunstanciales, de ciertos partidos se impongan a los derechos de los demás, alterando las instituciones a su gusto.

Bienvenidos todos a la democracia que, en buena medida, es pacto y compromiso, pero bastante incendiada está la casa para que soplemos hasta que sea devorada.